INFORME
Representada por Enrique Rubio, la oposición presentó un informe articulado a partir de tres ejes.
En minoría, el Frente Amplio elaboró un informe en el que argumentó por qué no corresponde conformar una comisión investigadora sobre la actuación del senador Charles Carrera como director general de Secretaría del Ministerio del Interior durante los dos pasados períodos de gobierno.
El documento será remitido al plenario de la Cámara de Senadores junto al informe en mayoría, elaborado por el Partido Nacional y el Partido Colorado, tras la actuación de la comisión preinvestigadora impulsada por el legislador nacionalista Jorge Gandini.
En el documento de 12 páginas, la oposición sostiene tres líneas argumentales: la ausencia de fundamentos legales para investigar en el Parlamento, la vulneración de la separación de los poderes del Estado y la “persecución política” hacia Carrera por parte de la coalición de gobierno, para “acallar las críticas y los controles” a los que fue sometida a partir de una serie de hechos que ocuparon la agenda pública.
El Frente Amplio sostiene que cuando culmine la actuación de la comisión investigadora, no se podrá proponer un juicio político contra el senador por su pasada actuación en el Ministerio del Interior, en virtud de lo que establece el Artículo 93 de la Constitución. Allí se define una lista acotada de jerarcas, que solo podrán ser enjuiciados por violaciones a la Constitución u otros delitos graves cometidos mientras estaban en funciones.
“La lógica normativa de la Constitución es exacta y precisa: la acusación debe recaer sobre los sujetos previstos, por su actuación como tales, y nunca más allá del límite de su mandato, con la única excepción, en este aspecto, del Presidente de la República”, indica el informe.
La oposición también entiende que no se puede enjuiciar a Carrera en virtud de que la Justicia aún no ha laudado sobre el caso, denunciado por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, este año. “La causal de delitos graves no se podría configurar sino hasta tanto el órgano judicial competente determine que Carrera ha cometido un delito”.
Dado que los hechos presuntamente irregulares ya están siendo investigados por la Fiscalía, el informe en minoría agrega que la comisión avanza “indebidamente” sobre las áreas que son de resorte del ministerio público y eventualmente del Poder Judicial. “La situación tiene un agravante, que es el riesgo de presión del poder político sobre ambos órganos independientes o, como mínimo, la sensación de presión que puede nítidamente percibir la ciudadanía”, agrega.
El documento presentado por el senador Enrique Rubio, de la Vertiente Artiguista, concluye: “El objetivo político de distracción de los verdaderos temas que el actual gobierno con sus aliados ya no puede esconder, se torna evidente. La ruptura de las reglas de convivencia democrática con este hecho augura un cambio en el escenario político de cuyas consecuencias aún no es posible evaluar sus consecuencias”, concluye el documento”.
Las denuncias del oficialismo se remiten a la intervención de Carrera en el caso de Víctor Hernández, un vecino de La Paloma que en noviembre de 2012 quedó en silla de ruedas luego de recibir un disparo que presuntamente partió de la casa del entonces subcomisario Marcos Martínez.
El oficialismo sostiene que, de forma irregular y con el aval de Carrera, Hernández fue internado en el Hospital Policial luego de haber recibido el alta médica, y que cobró tickets de alimentación. En total el Ministerio del Interior gastó US$ 260.000 en este caso, según la actual administración. El exdirector de Interior descartó que su accionar fuera irregular.