Los diputados de la coalición de gobierno definirán la próxima semana si aceptan un planteo del Frente Amplio en procura de una mayor discusión o si ponen el pie en el acelerador y aprueban sin más trámite el proyecto de ley que propone crear una pensión reparatoria para las víctimas del accionar de grupos guerrilleros durante el pasado reciente.

Se trata de una de las iniciativas más polémicas de esta legislatura, que tuvo un tratamiento veloz en el Senado y que comenzó a ser estudiada este jueves en la Comisión de Constitución y Códigos de la cámara baja, en pleno receso parlamentario.

Su presidente, el nacionalista Diego Echeverría, dejó en claro que para la coalición el proyecto constituye una prioridad legislativa. La idea entonces es que en Diputados tenga un “diligenciamiento rápido”, similar al que tuvo en el Senado dado que, remarcó, se trata de una iniciativa bastante simple. El objetivo es, una vez retornada la actividad parlamentaria formal, discutir y aprobar la iniciativa en el correr del próximo mes.

Su correligionario Rodrigo Goñi ratificó esta postura. “Si fuera por nosotros, estaríamos en condiciones de votarlo hoy”, expresó.

La iniciativa, redactada por el Poder Ejecutivo, responde a una idea de Cabildo Abierto y está dirigida implícitamente a los civiles, policías y militares heridos o muertos por la actuación de grupos armados de izquierda.

El Frente Amplio, en tanto, considera que se necesita más información sobre un proyecto que ni siquiera fue discutido de manera informal. Para eso la oposición exigió que el Poder Ejecutivo fundamente la iniciativa ante el Parlamento. La diputada Claudia Hugo sostuvo al respecto que, tal como está redactado, el proyecto de ley constituye un “cheque en blanco” al Estado.

Su colega Mariano Tucci apuntó que la exposición de motivos, de apenas dos párrafos, es muy escueta para un proyecto de esta naturaleza, por lo que el gobierno debería explicar las razones de por qué esta ley propuesta debería tener viabilidad.

El texto enviado por el Poder Ejecutivo plantea el reconocimiento del derecho a la reparación a todas aquellas personas que "hayan sufrido daños en su persona y bienes como consecuencia de hechos ilícitos" cometidos entre el 1 de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976 por "integrantes de organizaciones armadas de carácter ideológico o imputables a estas".

Tucci también planteó que se convoque a la Facultad de Humanidades. La razón: El Frente Amplio dice no entender por qué se quiere definir al año 1976 como el “punto final” cuando, precisó, después de esa fecha siguieron sucediendo hechos lamentables. Por ejemplo, el secuestro, tortura y asesinato del médico Vladímir Roslik.

Si bien el texto no lo especifica, se toma como base el período que va desde el surgimiento del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros (MLN) hasta la completa desarticulación del resto de los grupos armados de izquierda, ya instalada la dictadura cívico-militar.

El diputado frenteamplista apuntó que en ninguna parte del texto, como así tampoco en la discusión del Senado, se detalla cuántos beneficiarios serían alcanzados por este tipo de pensiones. Algunas estimaciones de organizaciones de víctimas señalan que la pensión podría ser recibida por entre 80 y 100 personas.

Tucci también reclamó la presencia de la cátedra de Derecho Constitucional, a los efectos de certificar la legalidad del proyecto. La duda es si el Estado debe ser obligado a asumir reparaciones por acciones de terceros, como fueron los grupos guerrilleros.

El proyecto plantea que las reparaciones serán asumidas por el Estado y los recursos para hacerlo saldrán de Rentas Generales. También que deberán construirse uno o varios memoriales en homenaje y recuerdo a las víctimas de estos hechos.

Tucci apuntó también al corazón del proyecto: la "comisión especial" planteada en el artículo 6, que tendría a su cargo el análisis y eventual otorgamiento de estas pensiones reparatorias. Su integración quedaría en manos del Poder Ejecutivo y deberá incluir a dos representantes de las víctimas. El diputado frentista dijo que quiere saber quiénes serán el resto de los integrantes.

Entre otros aspectos, el Frente Amplio se pregunta qué ilícitos serán pasibles de reparación, cómo se otorgarán las pensiones de resarcimiento y si quedarán excluidas las personas que ya han sido reparadas.

Lo que se detalla en el texto es que el monto de las pensiones y la manera de abonarlas serán definidas en la reglamentación de la ley una vez aprobada. El proyecto no recoge los parámetros propuestos por Cabildo en su idea inicial de considerar el tipo de afectación. Desde el "menoscabo de un derecho" hasta la muerte, pasando por lesiones leves, incapacitantes o permanentes. Según está escala los eventuales beneficiarios podrían optar por una reparación única o recibir una pensión mundial. La escala de los cabildantes indicaba en el primer caso un monto en unidades indexadas equivalente hoy a entre $ 10 mil y $ 2,8 millones, y de entre $ 22 mil hasta $ 56 mil en el segundo.

Más allá de estos detalles técnicos, está la discusión política. A Tucci dijo llamarle "poderosamente la atención" que, en paralelo a la discusión de la reforma del sistema de seguridad social, "aparece sobre la mesa" este proyecto, justo cuando un partido que integra la coalición dice que la reforma no debería votarse en este período.

La referencia fue clara. El diputado frenteamplista vinculó la voluntad de los nacionalistas a aprobar estas pensiones reparatorias -uno de los "buques insignia" de los cabildantes y uno de los escasos proyectos de los liderados por Guido Manini Ríos con chances de ser aprobado- con la firme postura que Cabildo ha mostrado contrala reforma jubilatoria, que hace peligrar la ratificación de esa iniciativa fundamental para el Poder Ejecutivo.

Se trata de una idea que viene cobrando fuerza en la oposición. Entrevistado el pasado viernes por El País el diputado frenteamplista Sebastián Valdomir dijo estar seguro de que los cabildantes condicionarán su voto a la reforma a que blancos y colorados le terminen por llevar otros reclamos.

Tucci también cuestionó a que en todo el proyecto no exista la mínima referencia a que en Uruguay hubo terrorismo de Estado.

Desde el Partido Nacional, Goñi ratificó su postura. "Ha pasado demasiado tiempo y han ocurrido demasiadas cosas como para que este tipo de proyecto no se haya aprobado con anterioridad", señaló. "Causas que lo justifiquen hay de sobra". El diputado se opuso a que se "alargue el trámite" con delegaciones sobre asuntos que "entendemos están suficientemente claros". "Solamente daremos un tiempo para su estudio y que consulten todo lo que quieran, pero resolvamos esto en un tiempo breve".

Goñi dijo que nadie en el oficialismo niega que en el país hubo terrorismo de Estado. "Este proyecto lo que busca es reparar a esas víctimas y a las familias de esas víctimas que nunca han sido reparadas desde ningún punto de vista. Ni económico, ni moral, ni simbólico".

Se trata del cuarto proyecto en su tipo que se presenta ante el Poder Ejecutivo desde el retorno a la democracia. El primero fue presentado en 2003 por el Partido Colorado. Luego llegó uno de los nacionalistas en 2017 y finalmente otro de Cabildo Abierto en 2020, que nunca llegó a discutirse.

En 2008, al crearse las pensiones reparatorias a las víctimas del terrorismo de Estado, el presidente Tabaré Vázquez planteó incluir allí a las víctimas de los grupos armados. La idea fue rechazada en la bancada del Frente Amplio y fue retirada del articulado.