El anuncio hecho por el consorcio Grupo Vía Central (GVC) pocos días antes de que Luis Lacalle Pou culminara su gobierno sorprendió y causó preocupación también en el gabinete del entrante Yamandú Orsi.

Las empresas que llevaron adelante la construcción y puesta en funcionamiento del Ferrocarril Central alertaron que iniciaban un proceso de arbitraje a nivel internacional porque entienden que el Estado uruguayo incumplió el contrato del proyecto y le adeuda un pago de US$ 160 millones, tal como informó El País semanas atrás.

En las horas siguientes -y con el traspaso de mando el 1° de marzo de por medio- el entonces ministro de Transporte, José Luis Falero, dio sus explicaciones y descartó que haya habido incumplimientos; el hoy secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, alertó que la administración Lacalle Pou les dejó “un clavo” y la ahora titular de Transporte, Lucía Etcheverry, sostuvo que se buscaría llegar a una solución.

En los últimos días hubo avances hacia esa posible salida, según indicaron fuentes del gobierno a El País. Se llevó adelante una reunión de “acercamiento”, como definieron los informantes, en la que representantes del consorcio dieron su explicación del reclamo ante la ministra Etcheverry y el director nacional de Transporte Ferroviario, Waverley Tejera.

Foto: Estefanía Leal.

Desde la cartera se pretendió conocer al detalle cuáles fueron los términos acordados en la última adenda al contrato y el memorándum de entendimiento (ver aparte).

En ese sentido, las fuentes afirmaron a El País que Transporte está en conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la liberación de un primer pago al consorcio, que será muy inferior al monto reclamado. Pero que puede llevar a que las empresas resuelvan dejar en suspenso el proceso de arbitraje internacional que iniciaron.

El proyecto, bajo la modalidad PPP, tuvo una inversión por parte de Grupo Vía Central de unos US$ 1.500 millones, que fueron financiados por las accionistas Sacyr de España, NGE de Francia y las nacionales Saceem y Berkes y por bancos e instituciones locales e internacionales.

La modalidad de financiamiento elegida por el Poder Ejecutivo determinó que se abone un precio por disponibilidad que se inicia a pagar una vez la vía esté operativa.

Ahora, más allá de determinar cuál fue el momento a partir del cual se comenzó a utilizar la red ferroviaria -en diciembre de 2023 UPM envió su primer cargamento de celulosa- la definición técnica de cuándo quedó lista es una discusión que aún sigue abierta.

Entre los reparos que dio la administración anterior para no pagar a GVC están las conclusiones de un informe de la Unidad de Participación Público-Privada del MEF que plantea que en la última modificación al contrato no están definidos “los criterios técnicos de aplicación y clasificación de los indicadores de disponibilidad” lo que implicaría que este hito aún no está cumplido.

Foto: Archivo El País

“No parece ser una buena práctica contractual dejar un aspecto tan sustancial -como lo es la definición de los indicadores de disponibilidad- para una instancia posterior a la firma de esta modificación”, se advirtió en el texto. Y se agregó que estos aspectos “alteran la distribución de riesgos e implican un claro perjuicio para la administración”.

Estos criterios también formaron parte de los intercambios en la reunión entre Etcheverry y el consorcio días atrás. Y de acuerdo al relato de los informantes, se acordó trabajar en una mesa ya conformada para determinar qué aspectos no están definidos para ambas partes y unificar criterios en caso de que sea necesario. Estos encuentros se iniciarán en la semana próxima.

La decisión del gobierno saliente de no pagar se basó en un informe de la Unidad de Participación Público-Privada del MEF que observó aspectos de la última adenda al contrato que el Poder Ejecutivo -a través del Ministerio de Transporte- y GVC acordaron en enero con referencia a pagos y compensaciones por la disponibilidad del Ferrocarril Central que utiliza principalmente UPM para transportar su celulosa desde Paso de los Toros hasta el Puerto de Montevideo.

Allí se advierte que en el acuerdo “no surgen informes técnicos elaborados por la supervisión del contrato o por el órgano de control del MTOP que respalden la cifra de compensación”.

Foto: Ignacio Sánchez/El País.

La decisión del gobierno anterior de no pagar a GVC generó otras acciones por parte de las empresas, además de la decisión de iniciar el arbitraje.

Hay cuestiones cotidianas del funcionamiento del Ferrocarril Central que se vieron alteradas producto del reclamo. Por ejemplo, Grupo Vía Central decidió dejar de contratar seguridad y vigilancia a lo largo de la vía férrea.

En una nota enviada el 24 de febrero por el consorcio a Falero, se indicó que “es de conocimiento de la administración que los hurtos y actos de vandalismo han afectado severamente” al consorcio “tanto en la fase de construcción como en el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria”.

“Ponemos en conocimiento de la Administración Contratante que se ha colocado a la Sociedad Contratista en una situación que le hace mate-rialmente imposible continuar con la colaboración en mate-ria de seguridad y vigilancia sobre la traza del Ferrocarril Central”.

Y por último, la nota firmada por el gerente general de GVC, Javier Suárez, advierte que “de no implementarse por parte del Estado de medidas de seguridad y vigilancia sobre la totalidad de la traza, con el objeto de impedir la ocurrencia de hurtos y/o actos de vandalismo sobre la nueva infraestructura, podrían generase situaciones de peligro que afecten la seguridad del tráfico ferroviario”.

Foto: Leonardo Mainé