Redacción El País
A partir del 1 de enero, el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, puede acceder a las historias clínicas de los presos. Fue gracias a un artículo incluido en la Rendición de Cuentas, que puso fin a una larga polémica con la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

El comisionado había denunciado repetidas veces este año que el acceso le fue negado en varias oportunidades por parte del organismo, aun cuando contaba con autorización de los interesados por escrito. La situación motivó una queja formal ante el Parlamento, que decidió resolver el tema mediante el mensaje presupuestal.

El artículo N° 598 del texto que acaba de entrar en vigencia establece que el comisionado pude “consultar y estudiar las historias clínicas de las personas privadas de libertad que autoricen su acceso y en el caso de que dichas personas hayan fallecido, también poder hacerlo a los efectos de analizar el contexto y las causas de su deceso”.

En diálogo con El País, Petit alegó que su función es “promover los derechos humanos” de los reclusos. Entre ellos, el derecho a la salud. Para ello remarcó que muchas veces le es necesario analizar las historias clínicas de los recursos. En ese punto recordó que dichos documentos son, según la normativa vigente, “propiedad del paciente”.

El acceso a las historias clínicas resultaba fundamental para sus intereses, sobre todo, en los casos de los reclusos fallecidos, señaló. “Es fundamental para comprender qué fue lo que provocó la muerte y sacar así conclusiones generales que beneficien a todas las personas privadas de libertad”, afirmó.

El comisionado valoró el desenlace. “Es bueno que quede meridianamente claro que el acceso a esa información es medular” para la promoción de los derechos de los presos.