El Estado deberá establecer contraprestaciones para contemplar a los canales de televisión, ante la obligación que tendrán de ceder gratuitamente a los partidos políticos, durante la campaña electoral, 10 minutos por hora durante su horario central, para realizar propaganda. El monto será tomando como referencia los precios que los distintos organismos estatales pagaron por pauta en los 12 meses anteriores a la elección interna.

A esa fórmula llegó la coalición de gobierno ayer para incluir a modo de “compensación” a esos medios y así destrabar una cuestión central en el debate sobre la nueva ley de Financiamiento de Partidos Políticos.

Esta propuesta, eventualmente, sería aprobada el martes en la Cámara de Representantes cuando se discuta sobre el proyecto de ley. El Frente Amplio ya adelantó que no votará. La “compensación” fue introducida ante la negativa firme del Partido Nacional, y cuyo reclamo coincide con la Asociación de Broadcasters del Uruguay (Andebu). Su presidente, Rafael Inchausti, dijo a El País que si ese resarcimiento no se concreta, los canales sufrirían un perjuicio millonario.

Para el cálculo tomó como base una cotización de US$ 1.000 el minuto de publicidad en Montevideo. Considerando que, eventualmente, cada canal deberá ceder gratuitamente 60 minutos por día durante los 105 días de campaña previstos en el proyecto, cada medio capitalino perdería cerca de US$ 6 millones. En la televisión abierta del interior, será por un total de US$ 5 millones en ese lapso. La cuenta global, aseguró, estará cerca de los US$ 25 millones, sin considerar al centenar de señales locales. Los precios, aclaró, son variables ya que dependen de las condiciones del anunciante y por qué períodos sea la pauta.

El perjuicio, según Inchausti, no termina allí. El presidente de Andebu señaló que el proyecto a su vez restringe la publicidad de los organismos públicos durante las campañas electorales. Según la gremial para los canales de Montevideo el impacto sería del 10% de sus ingresos. Para los del interior, se apuntó, será mucho mayor, ya que los gobiernos departamentales suelen ser sus principales anunciantes.

También, el tiempo que los canales pueden dedicar a comercializar publicidad tradicional. “Seguramente puede provocar una fuga en las audiencias”, apuntó. El resultado: los canales no podrán sostener su actividad, deberán reiterar emisiones de temporadas anteriores y “recurrir al seguro de desempleo para los funcionarios ante lo que no pueda cumplir con sus obligaciones”. El fenómeno, a su vez, podría afectar a las productores independientes. Será, dijo el empresario, “perjudicial para todos”.

Inchausti adjudicó a esta situación la voluntad de los canales de “replantear” su ecuación económica, en días en que se estaba por cerrar un acuerdo para los dos próximos años en los Consejos de Salarios.

La ley de Medios hoy vigente preveía que los partidos recibieran publicidad gratuita en las campañas electorales, incluso en las radios, y por mayor período de tiempo. Sería por el 60% del tiempo total que los medios destinaran a mensajes publicitarios, y sin limitación horaria. En la práctica, la normativa no se aplicó en ninguna elección. Empezó a regir luego de los comicios de 2014, y en el pasado ciclo electoral la Suprema Corte de Justicia había objetado la forma en que se repartirían esos minutos, ante una acción promovida por el Partido Independiente. También había advertido que, si los medios sufrían algún daño o perjuicio a causa de su cumplimiento, tenían derecho a ser resarcidos. Todo esto sería derogado por la ley hoy en discusión.

Andebu alude además a la cada vez mayor competencia de los medios no tradicionales, como las plataformas, que ya captan el 30% de la publicidad total registrada en Uruguay y, en tiempos electorales, no están limitados por la veda.