Redacción El País
El fiscal de Homicidios Carlos Negro cuestionó este fin de semana el aumento de penas que propone el Ministerio del Interior para estos delitos, y señaló que esa iniciativa hará caer los niveles de condenas y no ofrece “ninguna” ventaja. Esos comentarios del magistrado motivaron puntualizaciones de la fiscal Gabriela Fossati.

“El artículo 145 del proyecto de Rendición de Cuentas establece la pena del homicidio en seis años de penitenciaría. Más allá del reiterado e ineficaz recurso de aumentar penas para solucionar problemas de seguridad pública, una de las consecuencias más terribles sería la imposibilidad de celebrar procesos abreviados”, escribió en Twitter el fiscal.

Según señaló, los homicidios son de los delitos en los que los testigos presentan “más resistencia a declarar”. “Hacerlos transitar el juicio –cuando se logran penas muy razonables en abreviados– se traduce en ausencia de prueba”, apuntó.

“¿Quién gana al final del día? La amenaza, la violencia y la impunidad. Los niveles de condenas (hoy ya bajos) caerán inexorablemente y la cantidad de crímenes violentos seguirá sin darse cuenta de cambios puramente normativos”, marcó.

Según Negro, no existe “ninguna” ventaja a la hora de asumir “tales importantes riesgos”. “Es sabido que quien se propone cometer un delito no piensa en el castigo, sino en ser o no ser atrapado. En esa ecuación, tendrá mayores posibilidades de no serlo, y, por ende, de mayores estímulos”, sentenció.

La fiscal de Flagrancia Gabriela Fossati comentó las puntualizaciones de Negro. “Esto sí tiene un color gris de comentario político. Los fiscales aplicamos las leyes, no las cuestionamos en público. Menos una norma sobre el delito de Homicidio por el fiscal de homicidios”, escribió Fossati.

En respuesta a otros usuarios, la fiscal dijo que “delimitar los guarismos legales” de las penas es competencia del Poder Legislativo. Al ser consultada sobre si un magistrado no puede opinar sobre la política criminal, respondió: “Entiendo que así no, porque la política criminal es una decisión política. En ámbitos académicos, desde otro rol, podría ser. Lo más difícil de ser juez y fiscal es aplicar, en silencio, normas que no compartimos. Pero es nuestro trabajo”.

Esta es la primera vez en este período de gobierno que se apunta a cambiar la pena del homicidio intencional. El artículo 310 del Código Penal -en su última redacción del 2018, año que se registró el récord de 421 homicidios- señala que la pena se ubica entre dos y 12 años de penitenciaría. La nueva redacción, comprendida en el artículo 145 de esta Rendición, apunta a que el castigo para el homicidio intencional sea de un mínimo de seis años de penitenciaría a un máximo de 18 años.

Por otro lado, el gobierno busca a través del artículo 146 de esta Rendición incluir una décima circunstancia agravante “muy especial” de los homicidios. Esta modificación busca castigar a los crímenes vinculados principalmente al narcotráfico.

Esto implica sumar al artículo 312 del Código Penal, ya modificado en el año 2020, el agravante de quien haya matado “con o seguido por, el vilipendio, la mutilación, el desmembramiento o la incineración del cuerpo de la víctima”.