Redacción El País
El presidente de la república, Luis Lacalle Pou, firmó tres vetos a distintos artículos de la Rendición de Cuentas. Uno refiere a una inhibición que habían establecido los legisladores para que los fiscales en materia penal, una vez cese su actividad en Fiscalía, no puedan ejercer durante un año la abogacía en el mismo tema, una medida que había llevado a los magistrados a poner el grito en el cielo e incluso tomar medidas sindicales.

Entre los motivos esgrimidos, los parlamentarios habían aprobado este artículo por entender que, una vez salidos de la Fiscalía, los profesionales tenían conocimiento pleno de cómo funciona el organismo y podrían tomarlo a su favor.

En este sentido, Lacalle Pou observó esta inhibición pero mantuvo la que fue aprobada para fiscales de Corte, que no podrán “intervenir en asuntos tramitados ante los organismos en los que cumplieron funciones, patrocinando o asistiendo a terceros”, durante tres años.

El mandatario detalló que son competencia del fiscal de Corte “la vigilancia y superintendencia directiva, correctiva, consultiva e instructiva de todos los fiscales”, además de “adoptar y comunicar las instrucciones generales de actuación”. Por tanto, indicó que “las competencias y funciones administrativas atribuidas a los cargos jerárquicos” difieren “sustantivamente” de las fiscalías penales, a quienes les corresponde “dirigir la investigación de crímenes, delitos y faltas”.

Por tanto, para Lacalle Pou “se encuentra mérito para establecer la inhibición legal” para los fiscales de Corte, pero “no se aprecian elementos que fundamenten la misma limitación” para los fiscales penales.

Además, como el articulado preveía también un subsidio para los fiscales salientes debido a que no podrían ejercer la abogacía en su materia específica, el presidente marcó que “no se indican los recursos” con los que se afrontaría dicho gasto público, y además el Poder Legislativo no puede “efectuar modificaciones que signifiquen mayores gastos que los propuestos por el Poder Ejecutivo” en una Rendición de Cuentas.

Pero este no fue el único veto que impuso Lacalle Pou. Este refiere a tres artículos relacionados al control y fiscalización de las carnicerías, tarea que había pasado a las intendencias con la Rendición de Cuentas y ahora vuelve a centralizar el Instituto Nacional de Carnes.

El presidente explicó que el Poder Ejecutivo, mediante la Ley de Urgente Consideración de 2020, “entendió necesario fortalecer el Instituto Nacional de Carnes, buscando eliminar la informalidad del mercado cárnico”, y destacó la “conveniencia de que quienes participan de esta actividad lo hagan dentro de un marco legal similar en todo el país”.

Finalmente, explicó que “no resulta oportuno la implementación de reformas legislativas de este tipo sin un acuerdo expreso con los Gobiernos Departamentales involucrados”.

Por otro lado, Lacalle Pou vetó una exoneración fiscal que los parlamentarios habían aprobado para empresas periodísticas. “El Poder Ejecutivo considera que la redacción de la norma podría no ser beneficiosa, desde el punto de vista tributario, para el total de las empresas, las cuales muchas de ellas se encuentran en situaciones disímiles”, explicó el mandatario.