CONFESIÓN ANTE EL TRIBUNAL DE HONOR

El fiscal Rodrigo Morosoli acusará dentro de un plazo máximo de 20 días al excomandante en jefe del Ejército y actual candidato presidencial de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.

Morosoli concluyó que Manini Ríos incurrió en un delito por omitir presentar la denuncia penal cuando se enteró en 2018 que el exmilitar José Nino Gavazzo, había confesado a un Tribunal de Honor haber hecho desaparecer el cadáver de Roberto Gomensoro en 1973.

Según el fiscal, Manini Ríos será investigado por una supuesta violación al artículo 177 del Código Penal que obliga a los funcionarios públicos a denunciar un delito. La pena por este ilícito va de tres meses de prisión a dos años de suspensión. Es decir, es excarcelable.

En su investigación preliminar, Morosoli buscaba determinar si en el marco de las actuaciones del Tribunal Especial de Honor N° 1 del Ejército se tomó conocimiento de delitos, y en caso positivo establecer si los mismos fueron oportunamente denunciados ante el sistema de justicia penal uruguayo por parte de los funcionarios públicos jurídicamente obligados a hacerlo.

Los plazos para la audiencia del inicio de la investigación penal contra Manini Ríos los fijará el Poder Judicial. El máximo legal es de 20 días hábiles. Por lo general, las citaciones se producen en una semana o diez días.

En su resolución, publicada ayer en la página web de la Fiscalía de Corte, el fiscal Morosoli señala que archivó la investigación con respecto al presidente de la República, Tabaré Váz-quez, y el secretario de Presidencia, Miguel Toma, el exsubsecretario de Defensa, Daniel Montiel, y los generales que integraron el Tribunal de Honor del Ejército, Gustavo Fajardo, José González y Alfredo Erra-mún, que juzgó la conducta de Gavazzo.

También dio por terminada la investigación preliminar realizada a los generales que integraron el Tribunal de Alzada, que analizó los descargos de Gavazzo, y a los asesores de Defensa, Josefina Nogueira y Alfredo Maeso, quienes manejaron el expediente del caso.

Ello, sostiene Morosoli en su dictamen, se debe a la hipótesis de u201cinexistencia de delitou201d a su respecto. No obstante, aclaró que esas personas podrían ser citadas a declarar o ser investigadas nuevamente si surgieran hechos nuevos o pruebas que las incrimine.

Luego de conocida la decisión del fiscal,Manini Ríos fue consultado al respecto por Subrayado. u201cNo tengo nada para decir, me estoy enterando por ustedes de la resoluciónu201d, dijo, y agregó: u201cHasta que no tenga claro qué fue lo que se resolvió no quiero opinar, no quiero opinar en el aireu201d.

Consultado sobre que, dentro de un plazo de 20 días, el fiscal Morosoli lo citaría a una audiencia para imputarlo, Manini Ríos dijo: u201cYa he dicho una y otra vez que yo hice lo que debía hacer. Lo tengo bien claro. Las responsabilidades están a otro nivel. Si se quiere eludir eso, ignorar eso, es otro problemau201d.

Sostuvo que u201cera evidente que esa iba a ser la actitud del fiscalu201d y agregó que Morosoli u201cestará mandatado para hacer lo que está haciendou201d.

En su cuenta de Twitter, Cabildo Abierto dijo que u201chay desesperación en el gobierno del FA. La poca creatividad que demuestran es asombrosa!!! Ahora pretenden proscribir a Maniniu201d.

La resolución de Morosoli se efectivizó ayer, el mismo día que El País publicó fragmentos de la declaración de Toma realizada al fiscal el 29 de mayo de 2019 sobre los tiempos en que el Poder Ejecutivo había tramitado el expediente del caso Gavazzo. Toma, según el audio al que accedió El País, declaró a Morosoli: u201cEste caso, por la connotación, se tramitó en términos récord. Porque las decisiones que debía tomar el gobierno no eran cualquiera. Eran decisiones quirúrgicasu201d.

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En otro fragmento de su declaración ante el fiscal Morosoli, Toma dijo que los críticas a la Justicia por parte del entonces comandante en jefe del Ejército tenían una conexión directa con el expediente sobre el caso Gavazzo.

u201cAdemás era la presentación (de Manini Ríos) a su superior (el ministro Jorge Menéndez) de lo que había ocurrido en los Tribunales de Honor del Ejército. Decía: «Señor ministro, se instalan las resoluciones sobre esta base. En el Ejército Nacional existe la convicción queu2026»u201d. dijo Toma al fiscal. Y agregó: u201cAhí, en ese documento, Manini Ríos derramaba una cantidad de supuestos bastante complicados que comprometían no solamente el acto administrativo de los tribunales de Honor sino que comprometían la institucionalidad. Eso era muy gruesou201d.

Toma insistió sobre el punto: u201cUna cosa es hablar a título personal de qué me pareció el fallo. Pero al decir que esto es el sentir de las Fuerzas Armadas, está hablando por toda la institución sobre el quehacer de la Justicia en un Estado de Derecho. Era gravísimo. Por eso tomó otras dimensiones el documentou201d de Manini Ríos.

Toma le pidió a Jurídica de Presidencia que analizase el documento de Manini Ríos.

El 23 de marzo de 2019, le llegó de esa sección la primera resolución del Poder Ejecutivo sobre el tema. Toma realizó múltiples correcciones al texto. u201cEn cada uno de los considerandos, comenzamos a controvertir las cuestiones atinentes no solo a lo que decía el Tribunal de Honor sino a lo que decía Manini Ríos. En un principio no mencioné el nombre de Manini Ríos. Solo hacía mención a su documento. No sabía cómo se estaba procesando la resolución en la cabeza del presidenteu201d.

Manini Ríos, según testificó Toma, señaló en su documento que las pruebas recolectadas por jueces penales para procesar a militares violadores de los derechos humanos eran u201cfalsasu201d, u201ccreadasu201d y que u201chabía una justicia para enemigosu201d.

Toma declaró que el documento de Manini Ríos tenía u201ctantas inconsistenciasu201d que lo incluyó en un Considerando de una resolución presidencial.

u201cResulta que Manini Ríos se despacha libremente contra el Poder Judicial, contra las pruebas que la Corte había juzgado como abrumadoras. Y cita sentencias que absolvían a militares. Entonces digo que a Manini le sirve el Poder Judicial cuando revoca sentencias de militares. Y sin embargo el Poder Judicial es la última escoria cuando decide acusar a militares por el homicidio de 28 personasu201d.