INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA

Mientras avanza la investigación administrativa sobre el desempeño de la fiscal de Carmelo Natalia Charquero por su vinculación con el Partido Nacional a raíz de que confirmara el archivo de la causa sobre el exintendente nacionalista Carlos Moreira, se consolida en la Fiscalía General de Nación la necesidad de reglamentar el uso de redes sociales por parte de sus integrantes.

“Una consecuencia de este lío es regular el uso de las redes”, dijo una fuente de la Fiscalía General de la Nación a El País.

Las publicaciones de fiscales en redes no son un tema nuevo ni los posteos de Charquero están en el centro de la investigación administrativa que está en curso, pero algunas fotos y comentarios revelaron que existe un vacío normativo sobre lo que podrían publicar. En la cuenta de Instagram de Charquero se podían leer hasta la semana pasada publicaciones en las que se presenta como militante del Partido Nacional, cuando la actividad política partidaria es considerada una falta grave por la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Nación, vigente desde enero de 2017.

“Acto de lanzamiento de Luis… 30/3/2019 De solo ver fotos, recordar ese momento… a uno se le pone la piel de gallina. No existen palabras para describir lo que sentí ese día… una sensación de sentimientos encontrados pero orgullosa y feliz por haberlo logrado!!! Seguiré luchando por mi Partido, por mi Sector y por mi 404 desde donde sea… y sobre todo luchando por la gente, porque todos merecemos un país mejor… lucharé y pelearé hasta el final para que mi hijo y otros pichones como él tengan y vivan en el País que merecen, ese que todos anhelamos”. Estas palabras fueron publicadas por la fiscal Charquero junto a una imagen que dice “Luis” y en la que aparece un tick celeste y blanco, el logotipo adoptado por el ahora presidente de la República. La publicación es anterior a su ingreso a Fiscalía, en junio de 2019, pero no la borró al ingresar al organismo.

El artículo 67 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Nación establece cuáles son las faltas graves que pueden cometer los fiscales y se mencionan, entre otras, “participar en cualquier acto público o privado de carácter político, salvo el voto”. ¿Si un fiscal publica un posteo político partidario incurre en una falta grave? Sin dudas. ¿Si un fiscal mantiene una publicación de carácter político en su perfil (realizada antes de ingresar al organismo) incurre en una falta grave? Las fuentes de la Fiscalía General consultadas por El País coinciden en que no, pero los informantes están convencidos de que es necesario regular el tema.

El asunto trasciende a la investigación sobre la fiscal Charquero. “En redes convive el pasado con el presente. Entonces vamos a consultar a la Asociación de Magistrados Fiscales para regularlo, sin afectar la libertad de expresión”, aclaró un informante.

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, inició el sábado una investigación administrativa sobre la fiscal Charquero para determinar si existen o no elementos que la obligaran a excusarse de actuar en la causa sobre el supuesto pedido de favores sexuales realizados por Moreira a cambio de pasantías en la intendencia de Colonia. La investigación, que se inició a raíz de información divulgada por el periodista Carlos Peláez y que está a cargo del fiscal adjunto de Corte, Ariel Cancela, no revisará si fue correcto el archivo del caso. “El archivo no se toca, porque a la Fiscalía General no le corresponde revisar el dictamen”, aclaró una fuente.

Lo que sí le corresponde a la Fiscalía General es determinar si, por sus lazos políticos partidarios, Charquero debió excusarse de actuar en este caso. Los artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica de la Fiscalía (19.483) establecen que un investigador deberá excusarse si existiera “interés personal en el proceso en que interviene, afecto, parentesco o enemistad en relación a las partes”.

El artículo 67 tipifica como falta grave “no excusarse en un proceso a sabiendas de que existen motivos para solicitar su apartamiento”. “Las faltas graves ameritarán la sanción de suspensión a partir de diez días y hasta por el término de seis meses, pérdida del derecho de ascenso por el plazo máximo de dos años o descenso a la categoría inmediata inferior”, agrega el artículo 71.

La fiscal también pudo abstenerse “por razones de decoro o delicadeza” (artículo 58), pero Charquero no lo hizo, teniendo en cuenta los posteos que mantuvo en sus redes y los vínculos familiares con el Partido Nacional: sus padres y su esposo, de quien está separada, son jerarcas de gobierno, como informaran la diaria y El País días atrás.

El coordinador de la bancada de senadores del Partido Nacional, Gustavo Penadés, se refirió este miércoles al uso de redes sociales por parte de Charquero. “La fiscal de Carmelo tuvo en el año 2014 participación en la militancia de un partido político. Una vez que ingresó a la Fiscalía, desapareció esa militancia política y hoy no está militando en ningún partido porque si lo hiciera sería incorrecto”, dijo el legislador en rueda de prensa. “Aquello de que nadie resiste el archivo se pone más vigente que nunca. Afirmaciones que dirigentes políticos y personas hacen en el pasado será un tema para tener mucho cuidado en el futuro”, agregó Penadés.

Zubía presentó proyecto de reforma de Fiscalía

El diputado colorado Gustavo Zubía presentó ayer un proyecto de ley para reformar la organización de la Fiscalía. El primer artículo de la iniciativa propone que “la Fiscalía General de la Nación será dirigida por un Directorio de tres miembros que ejercerá la jerarquía administrativa del Servicio”.

La propuesta de convertir la Fiscalía en colegiado fue planteada a fines del año pasado por Zubía y respaldada por Cabildo Abierto y algunos dirigentes del Partido Nacional, pero entonces no prosperó, al punto que no fue incluida en la Ley de Urgente Consideración. El diputado colorado sostiene en la exposición de motivos del proyecto, al que accedió El País, que “el nuevo sistema” judicial, que entró en vigencia en noviembre de 2017, “deja únicamente en manos del fiscal la persecución penal” y “da potestades muy importantes a la figura del fiscal general”.

“A la luz de diversas actuaciones, se observa que dicha concentración en manos de un único jerarca, en un órgano unipersonal, no parece oportuna”, agrega el exfiscal Zubía. Este proyecto ingresó al Parlamento tres días después de que Cabildo Abierto pidiera al presidente Lacalle Pou la remoción del fiscal de Corte, Jorge Díaz.