Redacción El País
El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA) comenzó a analizar ayer, con bastante prudencia, cómo se para orgánicamente ante el reciente episodio vinculado a los chats entre el presidente Luis Lacalle Pou y su entonces jefe de seguridad, Alejandro Astesiano.

El análisis, que seguirá el próximo lunes, tiene como eje central de qué manera se parará la oposición ante un hecho que, creen en el FA, demuestra que bajo el actual gobierno “no existen garantías” de un trato igual ante la ley, en referencia a la “investigación” que Astesiano le hizo al presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala.

A cuenta de esa definición, el presidente del FA, Fernando Pereira, emplazó ayer públicamente a Lacalle Pou a que se exprese de manera institucional y dé su versión de los hechos a la ciudadanía. “Le tiene que decir a los uruguayos qué pasó”, dijo.

Pereira considera probado que los chats filtrados revelan que Lacalle Pou tenía conocimiento de las actividades emprendidas por su custodio contra Abdala, y que el mandatario “sabe más que lo que dice”.

En cuanto a acciones políticas, la izquierda no tiene una definición clara. Fuentes frenteamplistas le dijeron a El País que no se tomará ninguna acción que sirva para “interferir” con la Justicia, que indaga el caso vinculado al excustodio presidencial.

Casi descartada una acción parlamentaria -ya que se considera que el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, tendría poco que explicar sobre el caso-, cobra fuerza el planteo, efectuado la semana pasada por el Partido Comunista, de que el FA convoque formalmente a una movilización popular “a favor del respeto y la defensa de la democracia”.

La movilización había sido planteada originalmente en protesta por las supuestas presiones que el expresidente del Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, dijo haber ejercido para lograr un cambio de la fiscal asignada a investigar las denuncias que derivaron en la imputación del exsenador Gustavo Penadés por abuso sexual a menores.

En el análisis también fueron incluidas las expresiones de Gabriela Fossati, la exfiscal del caso y actual candidata en listas del Partido Nacional, que ayer en una entrevista con Arriba Gente (Canal 10) afirmó que “si mañana vienen a buscar mi teléfono, lo piso y lo rompo bien”, en referencia a las pesquisas que se hicieron -y las que no- sobre el móvil del presidente. Sostuvo que “quienes filtran las conversaciones están arruinando vidas y nadie se hace responsable”. “Yo si fuera presidente de la República, con todo lo que está pasando, le aconsejo que no dé su teléfono”, agregó Fossati.

El Frente Amplio también criticó las declaraciones de la senadora nacionalista Graciela Bianchi, que este jueves cuestionó el trabajo de los medios -Búsqueda y La Diaria- que publicaron la conversación entre Lacalle Pou y Astesiano, a los que acusó de operar políticamente. “Los espero de a uno”, dijo. Al respecto, Pereira cuestionó por qué el resto de los medios “no se escandalizan”. Para el FA, lo de Bianchi constituye un “grave ataque contra la libertad de prensa”.

Los dichos de Fossati tuvieron como efecto colateral que quedaran evidenciadas discrepancias muy marcadas sobre este tema entre los precandidatos presidenciales colorados.

Andrés Ojeda, que encabeza las encuestas de intención de voto y que es abogado penalista, dijo a El País que comparte la preocupación de Fossati por lo que considera son “falta de garantías. “No es casualidad que quienes estamos en esto compartamos esta preocupación. Hay que trabajar en esto para entender. Hoy la Fiscalía no da garantías. El celular es hoy casi una extensión de la persona y lo que está allí no puede circular libremente”, sostuvo. También consideró que si las incautaciones de celulares en el marco de una investigación se hacen “con sorpresa” no hay posibilidad de que haya una obstrucción a la Justicia. En la red X (antes Twitter) Ojeda escribió que estaba 100% de acuerdo con Fossati.

El precandidato Gabriel Gurméndez, en contraposición, dijo que estaba “100% en desacuerdo”. “Si hay una investigación judicial, uno tiene la obligación de colaborar. Es la conducta que se espera de quien aspira a ser presidente de la República. Por supuesto se condenan las filtraciones indebidas, que afectan las garantías, o hacen públicos diálogos íntimos como por ejemplo entre padres e hijos o la salud de la madre de uno”, opinó.

También ingresó a la polémica la también precandidata Carolina Ache, que en la red X escribió que “como colorada, y por ende republicana”, rechazaba “que se milite el desacato y la obstrucción a la Justicia, venga de quien venga”.

Otro de los precandidatos colorados, Tabaré Viera reflexionó que “lo primero que hay que preguntarse es por qué alguien que conoce el sistema siente tanta alarma, por algo lo dirá”. “Hay demasiadas filtraciones. En los celulares hay cosas personales, íntimas y lo personal no puede filtrarse. Es evidente que el derecho a la privacidad no está garantizado”, dijo Viera a El País.

Robert Silva, otro de los competidores colorados, dijo ayer en un acto: “No entramos en el circo mediático que han montado quienes filtran pruebas y evidencias desde la Fiscalía General de la Nación”.

Foto: Archivo El País.