TRIBUNAL DE CUENTAS
El ministro del Partido Nacional dijo que el Tribunal de Cuentas se sentiría “respaldado” por el Parlamento.
El 8 de noviembre pasado la Intendencia de Montevideo (IMM) adjudicó a la empresa Prodie la compra de 60.000 luminarias para la ciudad por US$ 21 millones. Se trata de una empresa que funciona en el Parque Tecnológico Industrial (PTI) del Cerro, un emprendimiento de la propia intendencia para facilitar el trabajo de cooperativas y pequeñas firmas.
La adjudicación fue condicionada al pronunciamiento del Tribunal de Cuentas de la República (TCR), organismo de contralor de los gastos estatales. Cinco meses antes de la adjudicación, el director de Jurídica de la IMM, Ernesto Beltrame, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por hechos que podrían tener el carácter de “delictivos” en el llamado a licitación. La comuna presumía que Prodie podría haber entregado documentos falsificados.
El TCR observó el gasto y, en febrero de este año, el intendente Christian di Candia decidió revocar la licitación. No obstante, al final la semana pasada la intendencia aceptó la oferta de Prodie alegando que se ahorraría US$ 6 millones.
El jueves 28, Di Candia se reunió con el secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado, y el ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, para solicitar que el Fondo Coronavirus -que el gobierno creó por ley para hacer frente a la pandemia de COVID-19- realice un aporte de $ 900 millones para subsidiar el sistema de transporte capitalino.
Medida
Tras adjudicar la compra a Prodie, la Intendencia de Montevideo deberá reiterar el gasto al Tribunal de Cuentas. Si el organismo de controlar vuelve a observarlo, el expediente pasará a la Asamblea General.
El ministro del Tribunal de Cuentas, Francisco Gallinal (Partido Nacional), dijo a El País que le sorprendió el anuncio de Di Candia de que la intendencia iba a reiterar el gasto de esa adjudicación.
En varias oportunidades, públicamente y en los documentos enviados a conocimiento del Tribunal de Cuentas, tanto el intendente anterior (Daniel Martínez) como Di Candia dijeron que iban a resolver la compra de las luminarias en función de lo que concluyera el Tribunal de Cuentas, recordó Gallinal.
“No quiero adjudicar intención a jerarcas de la IMM. Pero no están interpretando correctamente los fundamentos por los cuales el Tribunal de Cuentas observó el gasto”, expresó el ministro blanco.
Los fundamentos fueron dos: en primer lugar, la intendencia no cumplió con el principio de buena administración ya que no se puede realizar una compra millonaria a una empresa que denunció penalmente, presuntamente a juicio de la IMM falsificó documentos y no entregó de buena fe la información que debía haber dado.
Y el segundo principio del Tribunal de Cuentas, dijo Gallinal, es que la Intendencia de Montevideo no respetó la igualdad de los oferentes en una competición.
E insistió: “A una empresa que cometió una falta aparentemente menor se la excluyó (de la compra de luminarias) y a la otra que cometió en apariencia un delito, se le otorga la compra”.
Según el ministro del TCR, la comuna capitalina también en este caso está faltando al principio de igualdad de los oferentes, algo fundamental en toda etapa competitiva. “Ninguna de esas objeciones fue subsanada por la Intendencia de Montevideo”, advirtió.
A juicio de Gallinal, la única forma de reparar los vicios que tiene la compra es anularla y empezar todo el proceso otra vez. Sostuvo que cuando llegue al Tribunal de Cuentas el expediente de la compra de las 60.000 luminarias, será estudiado nuevamente.
Pero todo indica que el expediente “viene con la reiteración del gasto y será remitido como corresponde a la Asamblea General”, dijo. Y consideró: “Creo que esta es una buena oportunidad para que, por primera vez, actúe el Poder Legislativo. El hecho de que la opinión pública esté informado sobre lo que ha pasado con este procedimiento es muy bueno para evitar que en el futuro estos se repitan”.
Gallinal también se refirió al pedido de subsidio de la IMM al gobierno: “Lo tiene que hacer la intendencia es no seguir un procedimiento administrativo contrario a Derecho donde gastará US$ 21 millones. Esa es la suma que está en juego”.