Redacción El País
El Parlamento volverá a ser sede de una interpelación a integrantes del gobierno. El Frente Amplio resolvió este martes presentar una moción para que concurran al Senado autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) tras registrarse la primera muerte materna en el año, que fue el caso de una adolescente de 16 años que estaba bajo el amparo del INAU cuando quedó embarazada.

La idea de la oposición es que el gobierno explique las políticas aplicadas para la atención de menores en el sistema de protección del INAU.

La miembro interpelante será la senadora Silvia Nane, y el Frente Amplio espera la presencia de las más altas autoridades de ambos organismos, el titular del Mides, Alejandro Sciarra, y el presidente de INAU, Guillermo Fossati.

"Es necesario revisar las políticas y controles llevados adelante", explicaron desde el Frente Amplio en un breve comunicado.

Foto: Estefanía Leal.

En conferencia de prensa, Nane dijo que "la situación de la niñez y la adolescencia en Uruguay se ha complejizado", y que "algunos indicadores" de ello son "los números de violencia de Sipiav (Sistema de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia): tenemos de 4.911 situaciones en 2020, el incremento ha venido siendo realmente pavoroso, en 2021 pasamos a 7.035; en 2022 a 7.473; y en 2023 cerramos en 8.147".

"Son situaciones que tienen nombre, apellido y cédula de identidad", reclamó, y agregó: "Estamos en una situación donde uno de cada cinco menores de seis años en nuestro país es pobre". En este sentido, dijo que hay "hogares que no son capaces de sostener la crianza y la protección", y por eso "es bastante lógico el numero que vemos después del ingreso al sistema de protección de INAU por causal pobreza", que "se incrementó de 10,7% en el primer semestre de 2020 al actual 20,4% del segundo semestre de 2023".

"Hay muchísimos casos también con nombre y apellido de vidas rotas, que se están dando bajo lo que debería ser la protección del Estado", ahondó, y cuestionó que "la investigación administrativa la hicieron después de que el tema fuera público".

Si bien el fallecimiento se hizo público en los últimos días a raíz de un informe de Informativo Sarandí, ocurrió el pasado 8 de mayo. La joven se encontraba bajo el amparo de INAU, en un hogar de Rivera, desde julio de 2023, según dijeron desde el organismo a El País.

Esta resolución judicial fue tomada luego de que ella misma presentara una denuncia contra su madre en la Unidad Especializada de Violencia Doméstica y Género de la ciudad de Rivera. Por su parte, su madre manifestó que la adolescente no aceptaba los "límites y horarios" que se le ponían.

"Es imposible poder comunicarse y entablar un diálogo porque no acepta recibir un 'no' como respuesta" y "quiere salir a cualquier hora y con diferentes novios", fueron algunos de los argumentos de su progenitora.

Desde su ingreso al centro, la adolescente realizó 17 salidas no autorizadas, donde se presume que fue víctima de explotación sexual y se investiga un posible vínculo con adultos relacionados a una red de explotación y trata del lado brasileño.

A fines de noviembre, tras retornar de una de estas salidas, se le realizó un test de embarazo que arrojó resultado positivo.

Según relataron desde INAU a El País, la joven retornó en marzo a la casa de su madre con seguimiento del organismo.

Tras haber cumplido las 32 semanas de embarazo, la adolescente fue internada por posible parto prematuro, siendo trasladada a un hospital de Salto ya que en Rivera no contaban con los recursos necesarios.

Allí se le realizó una cesárea. Sin embargo, presentó edema pulmonar y falla renal. En la mañana del 8 de mayo falleció a causa de dos infartos. Su bebé continúa hasta hoy en cuidados intensivos.

El presidente de INAU, Fossati, manifestó su "tristeza" a El País por la "trágica situación". "La menor mostraba indiferencia frente a las situaciones de salidas no acordadas", dijo y aseguró que "este tema —el de las salidas— no ha sido tratado debidamente por INAU hace ya varios años".

"Se está trabajando para cambiar la situación y dar un abordaje diferente", aseguró.

Foto: Canva.

Tras conocerse este episodio, la Red Uruguay contra la Violencia Doméstica y Sexual pidió "explicaciones urgentes". "¿Quién se hace responsable de este desastre? Exigimos respuestas instantáneas", expresaron a través de un comunicado donde hicieron referencia a las declaraciones del director del Inau en Rivera, Enrique Guadalupe.

"Yo no me puedo olvidar de las mil cosas que salen bien por una que a veces sale mas o menos. Esta salió mal", dijo Guadalupe a Sarandí.

Por otra parte, la directora de INAU por el Frente Amplio, Natalia Argenzio, dijo a El País que este episodio "evidencia la lamentable desprotección" por parte del Estado. "Se ha visto un retroceso, actualmente no hay recursos suficientes para abordar estas situaciones", aseguró.

Para Argenzio, es fundamental contar con más técnicos y especialistas para trabajar con los niños y adolescentes bajo el amparo del INAU, así como con aquellos a los que se les realiza seguimiento.

"Es preocupante, en 2023 se registraron más de 9.500 salidas. Solo en Rivera fueron 240", agregó y remarcó que "no se le está dando la importancia suficiente a este tema".

Argenzio también apuntó contra el director departamental de Rivera, a quien pidió que se lo aparte del cargo en una reunión de directorio realizada el pasado miércoles. La solicitud fue desestimada.