CUSTODIA PRESIDENCIAL

La situación de Alejandro Astesiano, el exjefe de la custodia personal del presidenteLuis Lacalle Pou, le abrió al gobierno un flanco en el Parlamento.

Por estas horas, las bancadas de senadores y diputados del Frente Amplio (FA) analizan cuál es el mejor mecanismo institucional para seguir de cerca su caso, catalogado por varios legisladores de la oposición como un “escándalo” que perjudica la imagen de Uruguay fuera de fronteras.

El descontento se extiende a otras filas partidarias e, incluso, el senador cabildante Guillermo Domenech señaló ayer que el Poder Ejecutivo cometió un “error grave” al no controlar de forma exhaustiva sus antecedentes, luego de que la Justicia lo imputara por presuntamente integrar una organización dedicada a la falsificación de documentos para conceder pasaportes a ciudadanos rusos.

La fiscal de Flagrancia Gabriela Fossati solicitó al juez Matías Porciúncula que condene a Astesiano por los delitos de suposición de estado civil, asociación para delinquir y tráfico de influencias. Además, probó que el exjefe de la custodia tuvo reuniones vinculadas a su actividad delictiva desde el piso 4° de la Torre Ejecutiva.

Ahora, el FA apunta al prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, porque el decreto reglamentario del Servicio de Seguridad Presidencial establece que esta dependencia está “subordinada directamente” a su función. Este fue uno de los puntos que señaló el senador del Movimiento de Participación Popular Alejandro Sánchez que, en rueda de prensa, remarcó que este caso “es escandaloso” y “no se puede barrer debajo de la alfombra” porque de acuerdo a la solicitud de formalización del caso Astesiano estaba vinculado a funcionarios de la Cancillería y de la Dirección Nacional de Identificación Civil, que facilitaban el accionar de la organización delictiva. Por lo pronto, de acuerdo al reglamento del Servicio, el jefe Astesiano tenía un “enlace directo” con el Ministerio del Interior y un nexo con la Inspección Nacional de Policía.

¿Qué margen de acción tienen los legisladores para investigar este caso, más allá de cómo proceda la Justicia?

Consultado por El País, el abogado constitucionalista Martín Risso explicó que el Poder Legislativo no tiene una forma directa de pedirle explicaciones a Lacalle Pou por este caso. “El presidente es lo que se llama ‘políticamente irresponsable’ frente a la Asamblea General, salvo en un juicio político, que no aplica en este caso”, apuntó.

La vía más directa que tienen los legisladores en este caso, según Risso, es el pedido de informes a los ministerios implicados, tal como dispone el artículo 118 de la Constitución de la República. Estas secretarías de Estado podrían hacer de nexo entre la Presidencia de la República y las bancadas parlamentarias, proveyendo la información que eventualmente soliciten, explicó el experto, que consideró inconveniente el llamado a sala de los ministros porque Astesiano no dependía directamente de ellos.

La oposición no descarta ninguna vía y, por estas horas, están sobre la mesa todas las opciones: proponer la conformación de una comisión investigadora, llamar a los ministros en régimen de comisión general o incluso promover una interpelación. Si llamara a los secretarios de Estado, la oposición solicitaría que fueran acompañados por Ferrés o el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, que no están obligados por la Constitución a comparecer.

Sánchez explicó a la prensa que no se buscará profundizar en la investigación de los delitos, sino que se procurará determinar quiénes tuvieron la “responsabilidad administrativa o política” de que Astesiano “tuviera tanto poder” y recursos. El legislador se preguntó por qué el lunes Lacalle Pou dijo que el entonces jefe de la custodia no tenía antecedentes penales, si Informativo Sarandí había dado a conocer que tenía una veintena de anotaciones y luego se supo que había estado recluido en la cárcel de Las Rosas.

“Este es un nuevo golpe a la imagen de Uruguaya. La única forma (de curarla) que tenemos es ir a fondo, todo el sistema político. Acá no se trata de cuánto cae la popularidad del presidente. A mí no me importa; me importa el Uruguay, que debe limpiar su imagen”, subrayó Sánchez.

Antes de que Fossati diera a conocer los detalles de su investigación, la Mesa Política del FA analizó el tema y, según supo El País, el presidente Fernando Pereira señaló a sus pares que debían pedirle explicaciones al gobierno por varios asuntos en los que faltó “claridad”.

En esta lista, la Vertiente Artiguista resolvió ayer pedir la renuncia de Luis Alberto Heber. En un comunicado divulgado a última hora de ayer dice que se pasó de “luces amarillas” a “naranjas” y que por ello “no se puede continuar sosteniendo a un ministro del Interior que demostró no tener control de lo que sucede”.

Yamandú Orsi. “Hay un problema país”

Duele que en la mismísima Torre Ejecutiva se hubiera montado una red para delinquir. Duele que la imagen país salga lastimada. Cuando más necesitamos transparencia estos nubarrones complican cada vez más”.

Gustavo Penadés. “Es un episodio lamentable”

Queda claro que el presidente de la República, su entorno y las jerarquías no tienen responsabilidad directa con relación a este tema y está todo en manos de la Fiscalía”.

Julio María Sanguinetti. “Es penoso, es molesto”

No creo que tenga esa trascendencia. No debemos magnificarlo aun cuando en el caso de nuestro país sí tenemos que ser celosos de todos los procedimientos, como se ha sido siempre”.

Guillermo Domenech. “Se cometió error grave”

Nos parece realmente inexplicable. Reconocemos el principio de presunción de inocencia, pero al parecer ya había información alarmante en materia del jefe de seguridad. Esperamos que actúe la Justicia”.