Por estas horas la bancada de ediles del Frente Amplio en Lavalleja analiza un nuevo llamado a sala al intendente Mario García, del Partido Nacional. Si esto ocurre, el jefe comunal deberá volver a explicar ante la Junta Departamental serrana por qué en el tercer trimestre de 2022 gastó US$ 3.5 millones, a pesar de la observación del Tribunal de Cuentas de la República (TCR).

El asunto ya había motivado la semana pasada un llamado a sala, impulsado por la coalición de izquierda, que se interrumpió ante los insultos de la exintendenta Adriana Peña. La actual edila blanca tildó a García de “puerco, sinvergüenza y cochino” cuando le atribuyó el gasto a la pandemia y a la mala gestión de su antecesora.

“De los US$ 3,5 millones no se sabe nada. Peña le terminó tirando un salvavidas a García”, denunció ante la consulta de El País el edil Mauro Álvarez, impulsor del llamado a sala.

En el último trimestre de 2022, como parte del total observado, el intendente de Lavalleja aseguró que gastó $ 13 millones para los comedores municipales. Sin embargo, la oposición duda de la naturaleza de ese y otros montos, mientras que busca despejar sospechas sobre el pago de horas extras y la creación de nuevos cargos por fuera del presupuesto quinquenal.

A esto se suma la reciente renuncia del director de Hacienda de la comuna, Juan Carlos Rosales, que la oposición vincula con la observación del gasto ya que el exjerarca diseñó el presupuesto para este período de gobierno. El intendente García, no obstante, negó esta asociación y le reconoció en sala a Rosales los años de servicio.

Asimismo, Álvarez cuestionó que el jefe comunal haya reiterado gastos ante las observaciones del TCR, como está facultado a hacer, pero no haya justificado por qué.

Ahora, como entiende que las 14 preguntas que había planteado en el primer llamado a sala no fueron respondidas, analiza junto a sus compañeros de bancada y la Mesa Política del Frente Amplio en Lavalleja una nueva convocatoria.

Esta no es la primera vez en las últimas semanas que la oposición frenteamplista del interior logra imponer un tema departamental en la agenda pública nacional, centrada la mayor parte del tiempo en Montevideo y Canelones.

El ejemplo más claro es la denuncia ante la Fiscalía del pago de horas extras por parte de la Intendencia de Artigas a Stefani Severi, una exempleada municipal que ahora es denunciada por la administración del jefe comunal artiguense, Pablo Caram.

Junto al Partido Colorado y Cabildo Abierto, la bancada de ediles frenteamplistas sospecha de más casos irregulares y pretende que se diluciden responsabilidades.

A este caso se suma la denuncia de la Mesa Política en Rocha sobre una “agresión física y verbal” que habría sufrido el edil frenteamplista Gustavo Hereo por parte de su par oficialista Miguel Sanguinetti.

La sesión de la Junta Departamental estaba dedicada a la compra de terrenos para una terminal de ómnibus en Lascano, que -sin los votos de la coalición de izquierda- no prosperó.

Por otro lado, a mediados de marzo la Mesa Política del Frente Amplio en Maldonado convocó a una conferencia de prensa junto a vecinos y organizaciones sociales. El objetivo era volver a pedir que la Cámara de Representantes no aprobara el proyecto inmobiliario Marina Beach por el impacto ambiental que tendría en la costa.

Para ello se habían juntado las firmas de 6.300 vecinos de Maldonado, pidiendo la revocación del Decreto N° 4056/2022 de la Junta Departamental fernandina. Dos días después de la conferencia y con los votos de 52 de 96 legisladores, sin embargo, Diputados le dio luz verde al proyecto.