PARA SEBASTIÁN MARSET

Un grupo de senadores del Frente Amplio anunció ayer que presentaron ante los ministerios de Interior y Relaciones Exteriores un pedido de acceso a la información pública para conocer los detalles y los fundamentos de la expedición de un pasaporte uruguayo al narcotraficante y delincuente Sebastián Marset -hoy prófugo-, cuando este se encontraba detenido en Dubái por tener documentación paraguaya falsa.

Los senadores Daniel Caggiani, Charles Carrera, Alejandro Sánchez, Sandra Lazo, Sebastián Sabini y José Carlos Mahía quieren conocer -entre otras cosas- si este delincuente ya había solicitado un pasaporte en 2019 y si “existía al momento de iniciarse el procedimiento respectivo a la expedición de pasaporte, requisitoria y/o notificación roja por parte de Interpol del Sr. Sebastián Marset Cabrera”, que actualmente es buscado por la Justicia de Paraguay por sus vínculos con una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína en ese país.

“Nos llama la atención cómo puede ser que si en 2019 se negó el pasaporte a este hombre, cómo ahora no se analizó la situación con mayor preocupación, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes bastante complicados que tiene”, dijo Caggiani en diálogo con El País. “Y también llama la atención la celeridad con que se expidió. Fue de manera exprés. Por eso queremos acceder al expediente”, continuó el legislador frenteamplista.

Sin embargo, según informaron a El País fuentes de ambas secretarías de Estado, en el gobierno hay tranquilidad respecto a lo sucedido -de lo que dio cuenta el semanario Búsqueda- porque entienden que actuaron conforme a la ley y con “estricto celo profesional”.

Para empezar, la expedición del pasaporte a Marset se dio bajo el amparo del decreto 129/014 promulgado en 2014 -último año del gobierno del presidente frenteamplista José Mujica- que en su artículo 27 generó una modificación clave para -de acuerdo al Poder Ejecutivo- entender casos como este.

En ese artículo, referido a las condiciones que deben exigirse a “los ciudadanos naturales que tramiten su pasaporte en el exterior”, impuso un cambio en el literal D. Allí ahora se asegura que el Estado debe pedirle al que solicita su pasaporte desde algún lugar del exterior “información de antecedentes judiciales en el Uruguay” -en el caso de los mayores de 18 años-, “o en su defecto” debe “consulta(r) a la filial de Interpol respectiva”. Antes el requisito era presentar “información de antecedentes de conducta” a todo aquel que tenga más de 14 años, sin más.

Esto significa que hoy en día, a la hora de expedir un pasaporte a un uruguayo que se encuentre en otro país, la normativa solo exige al Estado fijarse si la persona tiene antecedentes o una requisitoria a nivel internacional. Y no importa si, como Marset, el ciudadano se encuentra detenido o con causa abierta en el país desde donde solicita la documentación.

Lo que sucedió entonces en este caso es que, con la nueva redacción del decreto vigente, Marset no tuvo problemas para acceder a su pasaporte y esto pasó básicamente por dos razones. Primero, porque los antecedentes judiciales que tenía en Uruguay extinguieron por el paso del tiempo -datan de 2012 y 2013 por delitos de droga y homicidio-; y segundo, porque para el momento de solicitar el documento -setiembre del año pasado- todavía no era buscado por las autoridades paraguayas, que desarticularon el grupo criminal del que Marset tenía participación.