La bancada de senadores del Frente Amplio hizo ingresar al Parlamento este viernes un proyecto de ley que plantea casi una decena de modificaciones a la legislación penal y procesal relativa a estupefacientes. El texto, elaborado por el senador Sebastián Sabini (MPP) junto a su equipo, propone despenalizar el ingreso de cannabis psicoactivo a los establecimientos carcelarios, siempre que sea para consumo personal de un recluso.

En ese sentido y vinculada a esta propuesta, se plantea una segunda innovación: que los presos puedan acceder también a la marihuana por las vías reguladas por el Estado.

Así la iniciativa, a la que accedió El País, le encomienda al Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) la reglamentación del acceso de cannabis psicoactivo para su consumo personal de acuerdo a lo pautado por la ley que, vigente desde 2013, estableció la regulación estatal de esta sustancia. De esta forma, los reclusos tendrían las mismas posibilidades de ampararse a esta normativa que cualquier otro ciudadano.

El proyecto alude además a la necesidad de establecer circunstancias atenuantes especiales para los delitos vinculados a drogas, para así revertir los "gravísimos guarismos punitivos" existentes hoy , principalmente en lo referido al narcomenudeo. En concreto, se plantean dos: una, cuando la conducta fuera efectuada por una persona que se encuentre a cargo de un hogar monoparental en estado de vulnerabilidad social y se realice para satisfacer las necesidades económicas de su núcleo familiar. La otra, cuando en un contexto de microtráfico el delito sea cometido para proveerse de su propio consumo.

Entre otros aspectos, el proyecto propone también derogar tácitamente el artículo 74de la última ley de Urgente Consideración (LUC), que incrementó las penas previstas para los que intenten ingresar drogas a lar cárceles, que llevó las penas mínimas hasta los cuatro años de cárcel, en lo que operadores judiciales señalan terminó provocando un constante incremento de mujeres presas -la mayoría de escasos recursos-, que son las principales involucradas en este tipo de conductas.

Al respecto el Poder Ejecutivo presentó esta semana otro proyecto que va en el mismo sentido. También lo hicieron, el año pasado, los senadores colorados Carmen Sanguinetti, Raúl Batlle y Pablo Lanz.

Sabini plantea en el texto el "exceso punitivo" y la "incongruencia" de esta situación, que lleva que la pena mínima para este tipo de delitos duplique el mínimo previsto para los casos de homicidio intencional. Su proyecto propone que los jueces puedan volver a evaluar la gravedad de la situación a la hora de imponer pena, pudiendo ponderar situaciones agravantes o atenuantes. "Es lógico y necesario diferenciar situaciones" aclara el senador en el texto, al señalar que el ingreso de drogas ilegales al sistema carcelario con fines de tráfico seguirá siendo considerado una circunstancia agravante.

En esta línea la propuesta pasa también por modificar algunas disposiciones del Código del Proceso Penal (CPP) para que, en los casos de delitos leves de drogas, sus responsables puedan acceder al régimen de libertad a prueba y a salidas transitorias, dejando la prisión preventiva preceptiva para los casos de narcotráfico y crimen organizado.

Sabini también plantea modificaciones al sistema de redención de pena por trabajo y estudio en estos casos, excluyendo de esta posibilidad solo a los responsables de delitos más graves.

En la fundamentación del proyecto, Sabini hace referencia a la incidencia de la privación de libertad en personas de los estratos más vulnerables de la sociedad por la comisión de delitos vinculados a drogas leves. En particular, mujeres con familiares a cargo. Las últimas cifras oficiales disponibles indican que, entre setiembre de 2020 y setiembre de 2021, mientras la población carcelaria en general aumentó 9%, la cantidad de mujeres presas se incrementó 30%. Al cierre de 2022 había 1.034 mujeres encarceladas en Uruguay.

Para el senador, las causas apuntan al incremento de delitos relacionados con drogas cometidos por mujeres como estrategia de supervivencia, en su mayoría a través del narcomenudeo, junto al incremento de tipos penales y la quita de beneficios, posibilidades de excarcelación o medidas alternativas, aunque los delitos sean de muy baja intensidad o peligrosidad. Es que, proporcionalmente, el número de mujeres encarceladas por estos delitos es mayor que el de varones.

El proyecto de ley recuerda que los delitos vinculados a drogas constituyen hoy la primera causa de prisionización en las mujeres y la segunda en los hombres, detrás del hurto.