Redacción El País
Varios dirigentes del Frente Amplio salieron al cruce del candidato a presidente por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, luego de que el exsecretario de Presidencia dijera públicamente que le pidió al intendente de Artigas, Pablo Caram, que renuncie al cargo y se abstenga de presentarse en las elecciones nacionales como candidato a diputado.

"No le debería 'pedir'. Le debería decir que tiene la ciudadanía suspendida y no puede ejercer como intendente, ni ser candidato ni votar", expresó en su cuenta de X Álvaro García, uno de los redactores del programa de gobierno del Frente Amplio, exministro de Economía y Finanzas y exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

"Renunciar no es una opción o una señal, es lo que mandata la Constitución de la República y el Código Penal, que prevén la suspensión de la ciudadanía, cargo u oficio público mientras dure la condena. Renunciar es lo que debe hacerse y no depende de la sugerencia de Álvaro Delgado ni de nadie en particular", escribió, en tanto, el senador Charles Carrera.

"En un estado de Derecho, rige la ley y no el deseo de los particulares. Parece que no lo entienden en el Partido Nacional. ¿Con Valentina Dos Santos harán lo mismo que hicieron con Carlos Moreira en Colonia? Que primero renunció durante la campaña de 2019 y lo reafiliaron en 2020, cuando ya habían ganado las elecciones...", apuntó luego.

En tanto, el diputado Gonzalo Civila, secretario general del Partido Socialista, también escribió: "Los textos tienen subtextos y más allá de las personas mencionadas, todo esto dice mucho. 'Solicitarle' a alguien que cumpla la ley y comentar su 'aceptación' como una noticia es volver a colocar en el terreno de lo subjetivo, de la voluntad personal y de los 'pactos de caballeros' los límites del ejercicio del poder".

"Siento que desde hace tiempo discutimos de forma episódica un problema que es estructural: las clases dominantes de este país ejercen el poder de forma arbitraria, no suelen reconocer más códigos que los propios y manejan el Estado con talante patronal y premoderno… la vieja 'política criolla'", añadió.

Gustavo Olmos, también diputado, expresó en tanto que "Delgado debería explicarle a Caram que tiene la ciudadanía suspendida por haber sido condenado y, por lo tanto, no puede ser intendente ni candidato".

El candidato a la Presidencia por el Partido Nacional dijo que en las próximas horas Caram renunciará a su cargo como intendente de Artigas y declinará su candidatura para ser diputado.

"Hablé con el intendente y le solicité que renuncie a la Intendencia de Artigas y que no se presente como candidato a diputado porque nos parece importante dar esa señal y él aceptó y será efectivo en las próximas horas", aseguró Delgado en rueda de prensa antes del acto homenaje a Luis Alberto de Herrera.

Foto: Ignacio Sánchez.

El candidato dijo que este pedido se hizo "independientemente a lo que decida la Corte Electoral".

En tanto, fuentes de la Intendencia de Artigas consultadas por El País apuntaron que, por el momento, Caram no va a renunciar hasta que la Corte Electoral comunique si tiene la ciudadanía suspendida o no.

El pasado viernes el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Artigas de primer turno envió a la Corte Electoral los oficios con las sentencias de condena para Pablo Caram y Valentina Dos Santos para que resuelva su inhabilitación y no puedan ejercer el cargo de intendentes en el departamento, según señala la resolución a la que accedió El País.

Diversos constitucionalistas alertaron que Dos Santos, al igual que Caram, estaría inhabilitada para asumir el cargo de intendenta, ya que el artículo 80 de la Constitución establece, entre otras causales, que la ciudadanía se suspende cuando una persona es condenada a prisión, aunque, como en este caso, se sustituya por medidas alternativas a la cárcel.

Foto: @alecaramds.

Los implicados -el intendente Caram, la exdiputada Dos Santos y el exdirector general de la comuna Rodolfo Caram, primo del jerarca comunal- aceptaron la pasada semana los cargos que les habían imputado a raíz de la investigación de la Fiscalía por el fraudulento pago de las horas extra a funcionarios, al firmar un proceso abreviado por el cual lograron penas alternativas a la prisión.