Desde el primer día, el proyecto de ley de corresponsabilidad de crianza (también conocido como de tenencia compartida) generó diferencias dentro del ámbito político. Es más, hasta hace una semana aún no tenía los votos necesarios para sobrevivir. Pero una negociación a puertas cerradas entre los diputados de la coalición -que terminó ayer por la mañana, a minutos que comenzara la sesión del plenario- destrabó la situación. La iniciativa contaría con los votos del Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto, en una discusión parlamentaria que estaba previsto que terminara en la madrugada de hoy.

Por otra parte, desde el Frente Amplio hubo un completo rechazo al proyecto: se criticó el accionar de los legisladores oficialistas porque las modificaciones en la redacción les llegaron el mismo día de la votación y, además, se calificó al articulado como un “retroceso” para los menores de edad.

El día de ayer comenzó con una reunión de diputados de la coalición, donde se dieron los últimos retoques a las modificaciones del proyecto que después -mucho más tarde- serían puestos a consideración del plenario. Las primeras horas del día estuvieron marcadas por el reiterado pedido de cuartos intermedios, y reuniones del Frente Amplio analizando los cambios de la coalición a la iniciativa. La instancia de discusión y votación del proyecto no llegó hasta las 17:10.

Cuando los diputados ocuparon sus bancas, el Frente Amplio pidió en el plenario que el proyecto de ley volviera a estudio a la comisión de Diputados. El argumento principal era que las modificaciones al proyecto les llegaron ese mismo día, y que querían escuchar lo que las diferentes organizaciones sociales e instituciones tenían que decir. Pero, tras un álgido debate entre diputados de la oposición y el oficialismo, no se consiguieron los votos necesarios para ponerle una pausa a la discusión en la sesión de ayer.

El texto, al que tuvo acceso El País, señala que la responsabilidad en la crianza de los niños corresponde a ambos padres, y que la separación de ellos “no puede limitar ni afectar el ejercicio de los derechos y deberes propios de la guarda jurídica”.

Cuando los padres estén separados se determinará de “común acuerdo” cómo se ejercerá la tenencia, “manteniendo en todo momento la corresponsabilidad en la crianza”, según se detalla en el artículo 2. De no existir acuerdo entre los padres, la tenencia será resuelta por un juez de familia.

En el artículo 3 se definen los alcances de esta decisión judicial. Se especifica que cualquiera de los padres, en caso de no haber acuerdo, podrá solicitar el régimen de tenencia que considere adecuado. El juez deberá resolver ese régimen en función de la opinión del niño o el adolescente, la vinculación afectiva entre el menor, sus padres y otras personas del entorno, entre otros.

El artículo 4, el que causó mayores polémicas, fuera y dentro de la coalición, fue modificado durante la negociación interna en el gobierno. Es el que regula los inconvenientes que se pueden dar durante el régimen de tenencia y visitas.

Se plantea que cuando se genere una denuncia de violencia doméstica o de género, la Justicia deberá designar un defensor hacia los niños o adolescentes involucrados en el conflicto familiar, además de disponer medidas provisionales.