Los pormenores de cómo se otorgó un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset fueron el punto de partida de la investigación que lleva adelante el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Alejandro Machado, que derivó luego en una tormenta política que dejó en la mira a los ministerios del Interior y del Exterior, y también a la Presidencia de la República. Desde antes de que la Justicia se propusiera investigar lo sucedido, las autoridades de Cancillería e Interior se pasaron la responsabilidad en cuanto a quien efectivamente había autorizado el documento de viaje.

Este mismo cortocircuito entre las secretarías de Estado se reflejó en las declaraciones ante el fiscal Machado. Y fue aún más notorio al contrastar lo que respondieron tanto funcionarios de Cancillería como de la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) -que depende de la cartera de Interior.

El 10 de setiembre de 2021 Marset fue detenido por intentar ingresar con un pasaporte paraguayo falso. En las semanas siguientes, de acuerdo a lo que relataron funcionarios en Fiscalía y a cuyas declaraciones accedió El País, la defensa del narcotraficante pretendió obtener una nota de la Cancillería que indicara que Marset accedería a un pasaporte para así demostrar ante la Justicia emiratí que tenía un documento válido.

Hasta el 4 de octubre de 2021 la familia de Marset no quería la ayuda del consulado uruguayo. Ese día su hermano, Diego, pidió asistencia a la cónsul Fiorella Prado. En los días siguientes Marset llamó desde la cárcel a Prado y le pidió contar con la nota, a lo cual la cónsul le respondió que solicitaría instrucciones a Cancillería. El 25 de octubre Prado le tomó las huellas a Marset para confirmar que efectivamente fuera él.

Si bien hubo planteos de la cónsul y el embajador Álvaro Ceriani de que lo “prudente” era aguardar a que Marset culminara su proceso judicial previo a iniciar la tramitación del pasaporte, se comenzó con la gestión luego de que desde el departamento de Documentación de Viaje su director Damián Molfino diera luz verde, aunque alertando que Interior lo podía denegar por tener una requisitoria de paradero.

Prado, de hecho, apuntó directamente a la DNIC como la responsable. “Ni yo ni Cancillería tenemos potestad de emitir un pasaporte”, declaró al fiscal.

Luego de tomar las huellas, fotos y la firma de Marset, la cónsul envió la información a DNIC el 24 de noviembre de 2021. Al día siguiente se imprimió el documento. Este llegó a las oficinas de Cancillería.

Molfino planteó sus dudas de forma clara: “Generalmente el trámite no demora un día. Siempre el plazo promedio o mínimo establecido para responder los antecedentes en un trámite de pasaporte que tiene Científica son 48 horas. En este caso de un día para el otro ya estaba impresa la libreta. Me resulta llamativo por el plazo que se tomaron”, dijo. Y agregó: “Capaz que ameritaba una evaluación más exhaustiva”.

El entonces subdirector de Identificación Civil, Alberto Lacoste, debió renunciar luego de que se conociera que tras hablar con Alejandro Balbi, entonces abogado de Marset, realizó gestiones para “acelerar” el trámite. En su declaración ante el fiscal, realizada el pasado miércoles, Lacoste reconoció que hizo la solicitud porque lo habitual era que el Certificado de Antecedentes Judiciales demorara entre un día y 48 horas. “Lo hice a pedido del doctor Balbi que me vino a ver y nos reunimos en mi oficina de Identificación Civil”, dijo y recordó que conoce al abogado desde hace unos 40 años. “Eso fue el lunes 22 o martes 23, creo que fue el lunes y me planteó que se iba la valija diplomática”, agregó.

En ese sentido, el director de Identificación Civil, José Luis Rondán, también descartó las suspicacias de Cancillería. “Era habitual que se pidiera una gauchada. La pidió Lacoste”, declaró ante el fiscal Machado el mismo miércoles que lo hizo Lacoste.

Ambos, luego, apuntaron que la responsabilidad por el trámite de un pasaporte común para ciudadanos que estén en el exterior es de Cancillería. Lacoste aseguró que recibía pedidos como el de Balbi “todos los días” y remarcó que “el competente para emitir los pasaportes en el exterior es el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de sus oficinas consulares”.

Por su parte, Rondán remarcó que la responsabilidad “es de Relaciones Exteriores”. “Bajo ningún concepto nosotros podemos entregar aunque vengan con poderes. Los mandamos a Relaciones Exteriores porque en definitiva el responsable es quien firma el documento, que en esos casos es el cónsul en los lugares que se emite”, declaró ante Machado.

El director de Identificación Civil mostró una imagen del pasaporte de Marset donde se ve que está firmado por autoridades de Cancillería y luego un pasaporte común emitido en Uruguay con su firma. “Esa es la diferencia en la que hemos venido trabajando todo este tiempo para separar las aguas”, aseguró Rondán.

“Nosotros, DNIC, somos impresores de lujo”, dijo y concluyó: “Nosotros verificamos que esté todo en condiciones, se imprime la libreta y se manda. Después Cancillería distribuye como le corresponda”.