El Frente Amplio (FA) comenzó en las últimas semanas a relevar a todo el Estado, con el objetivo de conocer los alcances de los vínculos entre el gobierno de Luis Lacalle Pou y la Fundación A Ganar, cuya contratación en diversos organismos fue objeto de fuertes críticas por parte del actual oficialismo en el pasado quinquenio.

En las últimas horas, el senador Eduardo Brenta, promotor de ese relevamiento, comenzó a recibir información que da cuenta de que las contrataciones a esa organización superaron los $ 810 millones, a través de 58 compras, efectuadas a lo largo de todo el período de gobierno a tres organismos específicos. A la cotización del 28 de febrero, último día de la pasada administración, equivale a unos US$ 20 millones.

Según el informe al que accedió El País, la mitad de las adquisiciones relevadas se concentró en una sola repartición estatal: la Secretaría Nacional de Deportes, dependiente de Presidencia de la República. En dicho período, la entidad efectuó 29 compras a la fundación por un total de $ 354 millones.

Entre los servicios contratados a esa entidad, se incluye la limpieza y conservación de espacios verdes, mantenimiento de espacios para deportes, limpieza de locales, contratación de equipos multidisciplinarios y de auxiliares para distintas dependencias. También por servicios de consultoría, en donde figuran gastos por $ 318 millones. Bajo ese concepto aparecen ítems como "tareas de auxiliares de servicio, cocineros" o "porteros" para los locales del organismo.

Brenta obtuvo los datos a partir de un pedido de acceso a la información pública, respondido por la Prosecretaría de la Presidencia, mediante un informe de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE).

Otro de los organismos que benefició a la fundación fue la Dirección de Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Allí figuran durante el quinquenio 16 adquisiciones, por un total de $ 440 millones. Entre las principales contrataciones se incluyen "equipos multidisciplinarios" para la gestión de centros 24 horas, refugios, dispositivos Socat y residenciales. También para la "gestión de bonos y vales sociohabitacionales" para personas con uso problemático de drogas o problemas de salud mental. Un ítem en el que se invirtieron $ 50 millones.

Otras compras registradas en ARCE refieren a la Dirección Nacional de Arquitectura, dependiente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). Fueron siete, por un total de $ 6,7 millones. Se destaca una adquisición por $ 4,4 millones, por la contratación de "personal administrativo".

La Fundación A Ganar también resultó adjudicataria de compras a través de ARCE por parte de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), y las intendencias de Durazno y de Maldonado.

Las compras fueron realizadas bajo diversas modalidades: licitación abreviada, licitación pública, compra directa o compra por excepción. Con respecto a esto último, el senador pedirá una ampliación de información a los organismos correspondientes, para que determinen por qué se recurrió a esa vía. No incluyen los contratos directos que, eventualmente, puedan haber realizado los distintos ministerios y organismos estatales.

Para eso es que Brenta aguarda la respuesta a una serie de pedidos de informes cursados a todos los estamentos del Estado. En particular, a los gobiernos departamentales.

Durante el pasado gobierno, el FA señaló repetidamente eventuales nexos entre la fundación e integrantes de la administración del Partido Nacional. Los cuestionamientos cobraron fuerza en las últimas semanas, al conocerse una serie de contrataciones definidas en las últimas horas de la pasada gestión, pero que deberán ser asumidas por los actuales responsables de varias oficinas públicas.

Con el aval del gobierno, las actuales autoridades del Mides decidieron continuar con un proceso de contratación directa de la fundación destinada a la gestión de 230 cupos en centros de larga estadía, definida el 25 de febrero por la pasada administración.

"El centro de la acción de nuestro ministerio son las personas y que, en consulta con el presidente de la República, el ministro de Desarrollo Social ha decidido continuar con el proceso de este convenio, teniendo en cuenta los efectos que podría tener sobre 230 personas en situación de dependencia la caída intempestiva del servicio", aclaró el Mides.