BALANCE

Aspectos del balance de la empresa Gas Sayago correspondiente a 2018 son la causa de una nueva convocatoria al Parlamento del ministro de Industria Guillermo Moncecchi, instancia que será promovida hoy lunes por el diputado nacionalista Pablo Abdala.

En el mismo, según adelantó el legislador a El País, se prevé una suma en pesos equivalente a US$ 9 millones para desmantelar los pilotes, hoy herrumbrados, de lo que iba a ser la frustrada planta regasificadora en la zona de Puntas de Sayago.

Abdala recordó al respecto que la anterior ministra de Industria Carolina Cosse había sostenido en más de una ocasión que en el acuerdo de desvinculación de GNLS, la empresa que debería construir la planta, se establecía un resarcimiento económico de US$ 100 millones para Uruguay y que además los activos quedarían en propiedad del país.

En una interpelación en septiembre de 2015, a cargo de Abdala, Cosse afirmó el acuerdo de desvinculación “consagra los derechos de Gas Sayago quedando en lo económico en la misma situación que en caso de un juicio exitoso”, y que se hace de los activos transferibles de la concesionaria.

Aseguró que Gas Sayago se queda con “activos intangibles como información y conocimiento o tecnología que haya generado GNLS”. Según dijo Abdala, parte de esos “activos” eran los pilotes herrumbrados por el paso del tiempo.

Asimismo, el legislador indicó que en el balance 2018 de Gas Sayago se dispone de unos US$ 70 millones para estar a cubierto de distintos juicios comerciales o reclamos laborales. Y también se señala en el b alance que el año pasado se usaron US$ 5 millones en gastos administrativos.

Moncecchi será consultado además por el arreglo para la ida del país de Petrobras y la asunción del negocio y otros aspectos por parte del Estado hasta que se consiga a otro inversor.

Y el último episodio es el acuerdo entre la empresa Hyundai y UTE. El País informó ayer que a fines de 2017 la coreana Hyundai inició una demanda por US$ 311 millones contra UTE reclamando daños y perjuicios pasados y futuros por incumplimientos en la ejecución de la obra de la construcción de la central de ciclo combinado en Punta del Tigre, San José.

En el expediente judicial, al que accedió El País, la multinacional se quejó de dos situaciones: “reiteradas omisiones” del ente en recibir los avances de obras y de los sobrecostos causados por la “inusitada” conflictividad efectuada por el Sunca.

Según un informe jurídico de UTE, la empresa, al contestar la demanda, le reclamó a Hyundai el pago de multas por atrasos por US$ 112 millones y otros daños derivados por otros US$ 53 millones. El pasado 23 el Tribunal de Cuentas elaboró un proyecto de resolución sobre el acuerdo de Hyundai con UTE.