REGASIFICADORA

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El 12 de diciembre de 2019, el directorio de UTE resolvió que se iniciaran las “acciones apropiadas” para proceder al cierre y la liquidación de la planta regasificadora Gas Sayago. La decisión ocurrió cuatro años después que se detuvieran las obras de uno de los proyectos más ambiciosos del entonces presidente José Mujica.

Pasaron 10 meses desde aquella resolución. Gas Sayago, propiedad de UTE y de Ancap, lleva gastados en ese tiempo US$ 1.200.000 en el alquiler de un predio de siete hectáreas a la Administración Nacional de Puertos (ANP), un espacio portuario en el que no hay actividad alguna.

“En ese terreno no se hizo más nada. Ahí quedaron piedras, acrópodos (estructuras de hormigón para armar escolleras) y caños de grandes dimensiones”, dijo a El País el presidente de la ANP, Juan Curbelo. “Esa área sigue siendo ocupada. Para nosotros, Gas Sayago es un cliente más”, aseguró.

Curbelo dijo que el material era propiedad de la empresa OAS, que hoy tiene un litigio con Gas Sayago y se presentó a concurso. El jerarca agregó que por ese predio Gas Sayago paga US$ 124.608 dólares mensuales y que la empresa está al día.

La firma está hoy en proceso de liquidación. Las pérdidas generadas por la regasificadora oscilan entre US$ 150 millones y US$ 170 millones, dijeron a El País fuentes de UTE, aunque no hay acuerdo entre el oficialismo y la oposición en torno a estas cifras.

En tanto, ayer se realizó la apertura de los sobres del llamado a consultoras interesadas en realizar una auditoría sobre Gas Sayago. Se presentó una sola empresa.

En la próxima semana el tema pasará al directorio de UTE y, en caso de ser aprobado, esa consultora comenzará el análisis de las pérdidas de Gas Sayago.

El nombre de la única empresa que se presentó al llamado es reservado, según dijeron las fuentes.

El semanario Búsqueda, citando a Crónicas, consignó ayer que el director de UTE, Felipe Alcorta, dijo que “el tema de Gas Sayago es un escándalo” porque se usó la empresa privada “para evitar controles de inversiones realizadas con dinero del contribuyente”.

Según informó Búsqueda, el consultor privado José Luis Pou, expresó que, aunque la empresa sea propiedad del Estado, hay que calcular las pérdidas “desde el punto de vista empresarial” y advirtió que, considerando los juicios pendientes y otros gastos que sigue produciendo Gas Sayago, “al final, la pérdida será de una cifra que ronda los US$ 200 millones”.

En tanto, una auditoría contable realizada por Deloitte afirma que las pérdidas acumuladas por Gas Sayago al 31 de diciembre de 2019 son por alrededor de US$ 55 millones. En tanto, el expresidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, dijo que no alcanzan los US$ 8 millones.

Otro problema que enfrenta Gas Sayago, además de pagar el elevado arrendamiento a la Administración Nacional de Puertos, es qué hacer con los 71 pilotes que quedaron en el Río de la Plata luego de la fracasada obra.

El 15 de noviembre de 2019 la ANP intimó a Gas Sayago a que demoliera los pilotes (apenas una parte de los 650 que se iban a hincar para la construcción del puerto de la regasificadora) y todas las “construcciones existentes” de la fracasada obra.

El telegrama enviado por la ANP informaba a Gas Sayago que, en un plazo de 10 días, debía cumplir con las obligaciones establecidas en la concesión de la zona marítima e instalaciones para el obrador, bajo apercibimiento de rescindir el contrato sin derecho a indemnización. Nada ocurrió. Los pilotes siguen afeando el paisaje de la playa frente a Puntas de Sayago, como le hizo notar el extupamaro Jorge Zabalza a Daniel Martínezen plena campaña electoral.

Una crónica del diario El País realizada en 2018 consignó que esos pilotes perdieron firmeza y se mueven con proyecciones peligrosas.

Por lo pronto, allí se ha establecido un área de exclusión de 300 metros para la navegación y la única embarcación que pasa más cerca es de Buquebus.

A principios de este mes, el ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, se reunió con Curbelo y dialogaron sobre qué hacer con esos pilotes.

Una posibilidad es demolerlos. El año pasado, UTE incluyó en sus previsiones el costo de esa obra, que se estimó en US$ 8 millones. También trascendió que un inversor privado planteó a la ANP construir un muelle con ellos.

Una fuente del gobierno dijo ayer a El País: “Se está evaluando por parte del gobierno el futuro de los pilotes y de toda Puntas de Sayago”.

Tres proyectos inconclusos, una denuncia y el archivo del caso

El gobierno de José Mujica (2010-2015) se planteó la realización de tres obras prioritarias: el puerto de aguas profundas en Rocha, la instalación de la minera de hierro Aratirí y la regasificadora de Puntas de Sayago. Ninguna de las tres prosperó. El puerto no pasó de un proyecto. Aratirí se retiró de Uruguay y entabló un juicio que finalmente ganó Uruguay.

Mientras, la regasificadora continúa generando cruces entre el oficialismo y el Frente Amplio. En marzo de 2017, a instancias del entonces diputado de Alianza Nacional, Pablo Abdala, se formó una investigadora parlamentaria para averiguar sobre un supuesto vínculo entre Mujica y la empresa brasileña OAS, contratada para construir la obra de la regasificadora. Abdala y otros legisladores blancos no quedaron conformes con la explicación del gobierno anterior y y llevaron el caso a la Justicia. Meses más tarde, fue archivado.     

Aclaración: Una versión previa de esta nota indicaba que Gas Sayago es propiedad de UTE y de Antel, lo cual es un error. Los dueños son UTE y Ancap. A los lectores y los involucrados, las disculpas del caso.