En el Uruguay profundo hay una industria pujante, pero poco conocida por la población.Se trata de la “sangría de yeguas”, una práctica que por algunos es defendida como un rubro más de la producción pecuaria, con posibilidad de crecimiento, mientras que sus detractores piden que se prohíba y aseguran que es “tortura” animal.
El objetivo es extraer de las yeguas preñadas gonadotrofina crónica equina, considerada como “oro blanco” en el mercado internacional. Esta hormona, que solo es segregada durante un período de la preñez, es utilizada por los productores agropecuarios de todo el mundo para sincronizar los ciclos reproductivos de otras especies. Aunque se han desarrollado versiones sintéticas, el sector sostiene que ninguna es tan eficaz como la natural.
Si a esto se le suma que las granjas de sangre están prohibidas en Europa, pero no la importación de plasma, y que la práctica solo se desarrolla legalmente en tres países del mundo -entre ellos, Uruguay-, están dadas las condiciones para que la actividad crezca bastante más.
Al menos, desde el punto de vista comercial.
Cinco establecimientos de Cerro Largo solicitaron la habilitación al Ministerio de Ganadería en los últimos meses, al amparo de la normativa vigente. Sin embargo, la cartera esperará a publicar un marco normativo más detallado, dijo el subdirector de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Jorge Viera, a El País.
Si bien las granjas de sangre existen desde hace décadas en Uruguay, recién se regularon en 2017, a raíz de los reclamos de activistas. Una resolución de Servicios Ganaderos determinó las condiciones higiénicas para los establecimientos. En simultáneo se fijó un manual de buenas prácticas para habilitar los establecimientos.
“He ido a hacer inspecciones y los animales están bien. No hay maltrato. Hay consideraciones éticas, por un lado, y productivas por el otro. El Ministerio de Ganadería quiere que la producción sea con todas las normas posibles de bienestar animal”, aseguró Viera.
Ponen lupa en los mataderos
Animal Welfare Foundation presentó un nuevo documental sobre los frigoríficos de caballos en Uruguay. Allí denunció la “manipulación” de las auditorías de la Unión Europea, que los dueños “saben exactamente qué hacer para conservar sus licencias” y que les avisan de antemano sobre las inspecciones. La investigadora Sabrina Gurtner reafirmó a El País el hallazgo.
Críticas
Sin embargo, esta afirmación es rebatida por los activistas. Ayer la Plataforma Animalista se movilizó frente al Instituto Nacional de Bienestar Animal, demandando la prohibición de la sangría de yeguas.
“Entendemos que no puede existir ese tipo de torturas en ninguna parte del mundo. En Uruguay se saca cuanta sangre se antoja, no hay controles sanitarios. Pasan un montón de disparates”, indicó a El País la activista Lara Campiglia.
La explotación y el uso de rebenques y picanas en Uruguay y en Argentina, entre otras prácticas, han sido sistemáticamente denunciadas por la organización alemana Animal Welfare Foundation. Ya en 2015 la Deutsche Welle informaba sobre el documental de este colectivo, Blood Farms, que trata sobre la sangría de yeguas en la región y recopila filmaciones de cámaras ocultas.
Allí se apuntaba contra la interrupción intencionada de la gestación para producir más y otras prácticas comunes en el rubro.
Campiglia aseguró que, si bien la resolución está vigente, “no hay controles” y que se está priorizando “la entrada económica de unos pocos” sobre el bienestar de los animales.
Actualmente en Uruguay hay tres laboratorios de extracción de sangre funcionando legalmente. En ese sentido, Viera recordó que, antes de la regulación, era cinco.
Mattos pidió informe
El rechazo a esta actividad fue recogido por César Vega, diputado del Partido Ecologista Radical e Intransigente, que este año presentó un proyecto de ley para prohibirla. “Es una práctica aberrante”, subrayó el legislador.
El Ministerio de Ganadería, sin embargo, defiende que esté regulada. Viera contó que tras la denuncias de la sociedad civil, el titular de la cartera, Fernando Mattos, encomendó un informe a varias dependencias del Estado.
Además de la Dirección General de Servicios Ganaderos, intervinieron el Ministerio de Educación y Cutura y el Instituto Nacional de Bienestar Animal.
El jerarca aseguró que habrá “muchos cambios” para controlar más la práctica, que está regulada por un marco normativo bastante laxo. “Se cuantificarán cosas que antes no eran precisas. Se definirá la frecuencia y la cantidad de extracción, los materiales”, entre otros aspectos, según Viera.
No obstante, para las autoridades no está en discusión la prohibición. “El ministro pidió el informe porque es un rubro más de la producción pecuaria. Sí se va a controlar y dar más seguridad por el bienestar animal”.