Por Raúl Santoprieto
La necesidad de reformar el Estado es un concepto que en el sistema político se repite una y otra vez. Desde el pedido para que sea aggiornado a los tiempos que corren hasta planteos de cambiarlo por completo han colocado a la administración pública en debate público.

El director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Conrado Ramos, desde que asumió se puso como meta lograr reformar la carrera administrativa con el objetivo de ordenar y equiparar las funciones -y con ello lo que cobran quienes las desempeñan- para que erradicar los desajustes según el ministerio o la oficina estatal en la que se trabaje.

También se propuso atacar otras situaciones que entiende funcionan mal en el ámbito estatal como son las certificaciones médicas, aspecto que ya se modificó en el Parlamento y que espera por la reglamentación del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, reformar la carrera administrativa es el cambio de gran impacto que permitiría, en los hechos, reformar el Estado. Así lo considera Ramos y también el gobierno en su conjunto que en su Compromiso por el País -documento con el que la coalición multicolor definió los puntos en los que acordaba como programa para aplicar en caso de ser electos en 2019- plasmó como una de sus propuestas “concentrar y reorganizar las tareas de selección, ingreso, inducción y redistribución de funcionarios públicos”.

Pese a ello, hasta este momento la reforma del Estado no se ha aplicado y más allá de algunos retoques a aspectos de menor impacto han pasado tres años en los que no se incluyó en la Ley de Presupuesto -ámbito donde debe ser votada. Incluso, llevó al propio Ramos a advertir que si no se vota este año renunciará porque no está “para calentar sillas”.

Desde diciembre el gobierno negocia con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios Estatales (COFE) para definir las modificaciones que se realizarán. Y luego de un parate de dos meses, está previsto que en los próximos días retomen los intercambios.

“La reforma va, hay luz verde”, aseguró Ramos a El País y adelantó que se pretende continuar la negociación con los sindicatos durante marzo para luego cerrar la propuesta de reforma. Una vez está acordada junto a los ministerios de Economía y Finanzas y de Trabajo y Seguridad Social, se presentará la propuesta a los partidos políticos, algo similar a lo que hizo el presidente Luis Lacalle Pou cuando dio a conocer al sistema político la reforma de la seguridad social.

Sin embargo, algo que Ramos y otros miembros del Poder Ejecutivo dan como un hecho es que no se podrá poner en funcionamiento en este período de gobierno. La apuesta es a aprobar en el Parlamento los cambios y que se comience a aplicar a partir de 2025.

“Es muy probable que no pase en este período la migación a la nueva carrera. Estamos muy justos con los plazos constitucionales. Yo hubiese querido hacer esto hace dos años. Pero sería muy importante que se pueda discutir con los partidos y aprobar un articulado”, sostuvo el director de la ONSC.

Entre las modificaciones que se plantean está reducir las cientas de variantes de compensaciones que existen en la administración pública dejando bien definido el salario y limitadas las eventuales partidas extras. El tope salarial estará, si se aprueba la propuesta en negociación, en unos $ 120.000. Y se pretende que exista una mayor libertad dentro del Estado para poder pasar de un organismo a otro desempeñando la misma función sin perder ingresos.

Ramos reconoció que realizar cambios en la función pública desarmando, por ejemplo, el sistema de compensaciones genera resistencias. Y no solo por parte de los sindicatos.

“Hay quienes podrán mirar con más o menos cariño esto por varias razones. Hay autoridades que no ven los beneficios que puedan tener con una reforma de este tipo y otros sí. Pasó en otros gobiernos anteriores”, afirmó.

Dentro de esas razones, según el director de la ONSC, aparece la diferencia que existe entre ministerios u otras dependencias del Estado que por contar con mayor presupuesto han ido generando compensaciones y partidas complementarias a los salarios de sus funcionarios que no se equiparan con otros organismos dentro de la propia administración pública.

“Esta reforma le da mucha fuerza a Presidencia y la ONSC. Parece que hay luz verde y estamos por empezar a cerrar el paquete de negociación”, remarcó Ramos.