Al mismo tiempo que en la Torre Ejecutiva se aprontan para el primer Consejo de Ministros que tendrá lugar esta semana (la fecha fijada es el día martes), en Presidencia también esperan con expectativas la prime-ra reunión de la Junta Nacional de Drogas, un organismo al que el gobierno de Yamandú Orsi apuesta sus fichas como parte importante en su política global de combate al narcotráfico.

Es un ámbito interinstitucional, pues reúne a representantes de varios ministerios -participan jerarcas de Interior, Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, Defensa Nacional, Educación y Cultura, Trabajo y Seguridad Social, Salud Pública, Turismo y Desarrollo Social- y es presidida por el prosecretario de la Presidencia, que hoy es el exfiscal de Corte Jorge Díaz.

La evaluación que han hecho en este gobierno del Frente Amplio sobre el funcionamiento que tuvo el organismo en el período pasado, cuando el encargado de presidir a la Junta era el nacionalista Rodrigo Ferrés, es al menos crítico. Pues los jerarcas se reunieron apenas “dos veces” -como subrayó en diálogo con el país el psiquiatra Gabriel Rossi, el hombre elegido por el presidente Orsi como secretario nacional de Drogas- y no tuvo la centralidad política a institucional que las actuales jerarquías esperan que tenga ahora la Junta.

De hecho, el objetivo, ya desde el inicio, es que, bajo el liderazgo de Díaz, los actores de este ámbito comiencen a reunirse con “frecuencia sistemática”, empezando esta semana -en un día todavía no definido, pero que probablemente sea el próximo viernes.

El diagnóstico que ha hecho el gobierno sobre el problema de fondo, y esto está conectado con el inexorable avance del narcotráfico en la región, es que una pata importante del conflicto tiene que enfrentarse atendiendo directamente el consumo de las drogas, porque es una demanda que existe y seguirá existiendo por la razón de que la oferta hoy en el país es mucha.

Tal es el razonamiento que, por ejemplo, hizo el propio Díaz hace algunas semanas entrevistado por VTV Noticias, en donde también advirtió que Uruguay tiene “un problema enorme de adicciones” y que los uruguayos son “los principales consumidores de cocaína de América”.

“En la Junta Nacional de Drogas tenemos dos funciones -dijo en esa nota Díaz-: trabajar en la reducción de la oferta y trabajar en la reducción de la demanda”. Y advirtió que el organismo tendrá que “apoyar” todo el trabajo que llevan adelante “los organismos de investigación, (como) la Fiscalía, Policía, Fuerzas Armadas, etc., en lo que tiene que ver con la investigación del narcotráfico”, en el entendido de que la Junta Nacional de Drogas no debe perder de vista que es “un sistema integrado de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”.

Pero el énfasis estará puesto en la atención al consumo problemático, en donde el gobierno también apuesta a involucrar a todo el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).

El foco para atacar este tema, según señalaron a El País desde Presidencia de la República, tendrá dos componentes importantes: se proyecta trabajar con la población carcelaria; y, por otro lado, con las personas en situación de calle -donde una gran mayoría egresó, precisamente, del sistema carcelario.

La tarea prevé un esfuerzo a nivel de recursos, específicamente para la Secretaría Nacional de Drogas (otro integrante de la Junta), en donde el psiquiatra infantil Rossi espera enfocarse en el área de la prevención, lo que él define como “la hermana pobre” del tratamiento, una herramienta que suele tener mayor “atención mediática” y es más fácil de contar a la opinión pública, por ejemplo con la inauguración de “un centro de salud”.

“La prevención a veces parece que no recibe toda la atención y en realidad, desde un punto de vista estratégico, tiene hasta más relevancia que el tratamiento”.

¿Por dónde empezarán? Eso todavía está en etapa de definición, agregó Rossi, pero hay algunos modelos o ideas ya aplicados en el mundo, como algunos estudios y pruebas que ya se hicieron en Reino Unido, en donde se demostró la importancia de trabajar con las relaciones de “apego” entre padres e hijos, porque un “apego inseguro o no sano” puede derivar en el niño, a mediano plazo, en “conductas de riesgo” que luego lo lleven al consumo de drogas, todo lo cual es monitoreado de cerca por profesionales para identificar el momento de intervenir.

Por lo pronto, dijo Rossi, en la Secretaría Nacional de Drogas ya se visualizó que un primer camino para transitar es el de la “formación y capacitación” en este tema de diversos actores sociales que estarán trabajando en la problemática, y que van desde “el área educativa hasta la comunidad o sectores laborales”.

En Presidencia, en tanto, también tienen planificado el impulso de una campaña de bien público para posicionar la drogadicción como uno de los temas de agenda, algo que en el sistema político ha sido reclamado en el período pasado una y otra vez por Cabildo Abierto -partido que conformó la coalición, que redujo su caudal electoral, pero conserva dos diputados en una cámara que no tiene mayorías.

“Tenemos expectativas positivas de que ahora sí se tome a la droga como uno de los principales temas a encararse”, dijo a El País Álvaro Perrone, uno de los dos legisladores de la fuerza liderada por Guido Manini Ríos.

“Ya reclamamos en el período pasado por una campaña de comunicación y que se atacaran los centros de educación, porque no puede ser que el Estado suministre marihuana y no diga de forma contundente que es mala para la salud”, concluyó el diputado cabildante.