UN AÑO DEL CAMBIO DE MANDO

Descontrol en gastos, numerosas deudas y pagos pendientes, desorden administrativo, compromisos asumidos en la etapa poselectoral que afectaron a la nueva administración, vínculos laborales precarios, así como falta de estrategia en diferentes aéreas. Esto es solo parte de la herencia que el nuevo gobierno observó a la hora de redactar la primera memoria de gestión del Poder Ejecutivo.

El texto ingresó ayer al Parlamento, sin el mensaje político del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, hoy realizará ante la Asamblea General cuando lo presente. De todas formas, en cada inciso de la Administración Central se detallan las acciones planteadas en el primer año de gestión, acompañadas de una valoración política del estado de situación encontrado a partir del 1° de marzo del año pasado.

En el caso del Ministerio de Vivienda se sostiene que “la situación presupuestal del Inciso estuvo -y aún está- comprometida por la herencia de la anterior administración, la cual tuvo un especial énfasis en compromisos asumidos en el período pos elecciones nacionales de noviembre de 2019, complicando la gestión de las tareas correspondientes al año 2020”, expresa la memoria publicada ayer en la página web del Poder Legislativo.

El ministerio a cargo de Pablo da Silveira, el de Educación y Cultura, en tanto, observó las dificultades presupuestales y gastos excesivos, así como deudas sin financiamiento de la administración saliente de la frenteamplista María Julia Muñoz.

“La debilidad de los mecanismos de control del gasto y la acumulación de decisiones arbitrarias se refleja, entre otros casos, en la evolución de las erogaciones por publicidad, que habían llegado a niveles exorbitantes”, expresa el mensaje oficial.

A su vez remarca que se tomaron decisiones sobre gastos sin asegurar la disponibilidad de recursos. “Por ejemplo, se asumió por convenio la obligación de transferir al Museo Gurvich $5.500.000 anuales, sin hacer las previsiones presupuestales correspondientes”, detalla la memoria.

Sobre las deudas asumidas por la cartera, se informa que al 28 de febrero de 2020 se debían unos $ 29 millones únicamente al datacenter de Antel, se asumieron convenios impagos con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas por casi $ 59 millones de pesos, y el Sodre tenía un déficit operativo de $ 113 millones.

Las políticas de seguridad pública, las que eran uno de los puntos centrales que el blanco Lacalle Pou comprometió en su campaña electoral, también forman parte de la crítica memoria publicada en el día de ayer. Allí el nuevo Ministerio del Interior hace un balance positivo de su gestión, y adjunta las cifras de los delitos donde en todas las modalidades se registró una caída con respecto al último año del Frente Amplio.

“Las nuevas autoridades del Ministerio del Interior asumieron una enorme responsabilidad y compromiso con el objetivo de modificar quince años de políticas deficitarias en materia de seguridad y cifras alarmantes de delitos. En ese contexto fue necesario iniciar la planificación y ejecución rápida de un nuevo modelo de gestión, tanto en los aspectos internos como en los estrictamente operativos referidos a la seguridad pública”, es la valoración que hace el ministerio comandado por Jorge Larrañaga.

El Ministerio de Economía detalla las acciones llevadas adelante para gestionar la pandemia del coronavirus, lo que arribó en Uruguay a 13 días de que Lacalle Pou hubiera tomado el mando. De todos modos, informa sobre las demás acciones para mejorar la competitividad y ordenar las cuentas públicas, como fue prometido en la campaña electoral de 2019.

El Ministerio de Transporte también se refirió a la anterior administración, al señalar que la cartera ha tenido que gestionar en este año obras “de excesiva ingeniería burocrática, situaciones endógenas heredadas y exógenas como el COVID-19”.