La discusión de esta Rendición de Cuentas tuvo algunas particularidades que no pasaron por alto en el gobierno de Luis Lacalle Pou.

En el piso 11 de la Torre Ejecutiva, el primer mandatario y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, empezaron a ver en estos últimos días, previo a que la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes votara este miércoles el articulado de la norma presupuestal, cambios sustanciales al texto en reasignaciones que no tuvieron el visto bueno del gobierno, en gran parte porque varias modificaciones ni siquiera fueron informadas a los ministerios involucrados, indicaron fuentes oficiales a El País.

No es que se necesite la aprobación del Ejecutivo, pero se estila cierta “coordinación” con el Poder Legislativo cuando se discuten las rendiciones de cuentas que en este caso no hubo, a criterio de la Presidencia.

Y a esto se le suma que dentro de las varias reasignaciones de recursos que se resolvieron en comisión -que totalizan movimientos por unos US$ 38 millones- se incluyó una modificación al diseño financiero del Plan de Salud Mental y Adicciones, que es un programa en cuyo armado intervino directamente el presidente Lacalle Pou.

Como prioridad de este proyecto, el mandatario dispuso una partida de US$ 20 millones, dirigida a los ministerios de Desarrollo Social y Salud Pública, ASSE y la Junta Nacional de Drogas, pero los legisladores incorporaron ahora al Hospital de Clínicas, que recibirá del total reasignado unos US$ 3 millones, algo que no se consultó con la Torre Ejecutiva, para sorpresa de Presidencia -además de que fue una modificación que impulsó el nuevo grupo nacionalista Sumar que lidera la probable precandidata Laura Raffo, lo cual generó una polémica aparte entre los blancos.

Por todo esto es que, a pedido del presidente, Delgado convocó para hoy a las 14 horas a una reunión en la casa de gobierno a los diputados de la coalición que están en esta comisión, y a varios ministros nacionalistas: Martín Lema (Mides), Luis Alberto Heber (Interior), Azucena Arbeleche (Economía), Karina Rando (Salud Pública) y José Luis Falero (Transporte). Además, estará el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie. En definitiva, estarán todos los involucrados en los cambios dispuestos por los diputados.

“Hay que ordenar la cancha” y terminar con “el teléfono descompuesto”, fueron algunas apreciaciones que hizo un jerarca del Ejecutivo en diálogo con El País.

A nivel ministerial, la principal molestia con lo decidido por los legisladores se dio en la cartera de Transporte.

En el planillado cerrado en la noche del miércoles, a esa secretaría se pretende quitarle US$ 1,3 millones a los efectos de financiar adecuaciones salariales y mejoras en los dispositivos de medidas alternativas en el Instituto Nacional de Inclusión Adolescente, además de casi US$ 500 mil para tres distintas partidas de refuerzo a la Corte Electoral.

Fuentes del ministerio señalaron que, una vez conocidos los cambios, el subsecretario Juan José Olaizola manifestó personalmente su molestia en el Parlamento ante modificaciones que, se asegura, no fueron consultadas y que, además, alterarán significativamente la planificación ya realizada.

Pero la convocatoria generó también una molestia generalizada del otro lado: en el Parlamento, incluso entre los nacionalistas. “Vamos a enfrentar a los ministros a los que les sacamos plata”, ilustró a El País uno de sus integrantes.

Los diputados manejaron inicialmente la conveniencia de fijar una postura común previo a la reunión. Ese acuerdo se dio en los hechos en el transcurso de ayer. Según comentó otro de los diputados blancos, la idea es asistir a la Torre Ejecutiva “espalda con espalda” para defender su independencia frente al Poder Ejecutivo. Y lo harán con una premisa clara: “El tono de la discusión marcará la duración de la reunión”.

Allí además puntualizarán varios detalles. Uno es que, el domingo pasado, la ministra Arbeleche les transmitió claramente que el Parlamento era un “poder independiente”, con la potestad de definir por sí mismo las reasignaciones, más allá de las sugerencias o parámetros que pueda hacer el Ejecutivo.

Economía, entonces, se limitó a señalar que el límite para disponer de reasignaciones debería fijarse en el entorno de los $ 200 millones, que era lo que la cartera, de acuerdo a los cálculos realizados, podía respaldar. Fuera de eso, recuerdan varios diputados, Arbeleche señaló que cualquier decisión constituía una responsabilidad exclusiva del Poder Legislativo, que debía identificar las posibilidades disponibles.

Y eso, sostienen los legisladores nacionalistas, es lo que se hizo (ver recuadro).

Asimismo, apuntarán que esta misma cartera, a diferencia de años anteriores, se mostró más ausente durante la discusión legislativa, que suele requerir de consultas constantes, precisamente, para generar modificaciones que estén alineadas.

“Trabajamos solos”, afirmó un legislador, que remarcó que esta vez no se contó con un referente de Economía que estuviera ubicable fácilmente para marcar las observaciones a las propuestas. Ese era un rol que en los últimos años lo ha cumplido el director de Finanzas Públicas, Fernando Blanco, que en esta ocasión estaba fuera del país.

“Si alguien tiene la culpa es el Ministerio de Economía. A los legisladores, nos dejó a la vera de Dios. Si había objeciones, debió indicarse”, reclamó otro legislador.