Redacción El País.
El gobierno se prepara para implementar cambios en las licencias médicas por enfermedad o accidente laboral para funcionarios públicos. Las autoridades estiman que en los meses siguientes a febrero comenzará la aplicación de los cambios establecidos en la reglamentación del Poder Ejecutivo, aprobada en 2023, luego de una intensa discusión en el Parlamento y del fuerte rechazo de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios Públicos.

La Oficina Nacional de Servicio Civil hará una implementación progresiva en los organismos a los que involucra la normativa. Por lo tanto, no será de un día para el otro que los funcionarios públicos estén bajo el nuevo régimen, ya que se iniciará, según supo El País, por la administración central.

La normativa establece que los funcionarios públicos tendrán derecho a un máximo de nueve días hábiles de licencia remunerada por enfermedad o accidente. Se los podrá pedir de manera alternada o consecutiva por el período de un año. A partir del décimo día tendrán derecho al subsidio, que será un monto equivalente al 75% o 100% del salario. El monto sobre el que se realizará el cálculo excluye beneficios sociales, antigüedad, viáticos, horas extras y partidas por transporte.

Hasta ahora, a los funcionarios públicos no se les descontaba dinero del salario por las certificaciones.

Luego, la nueva reglamentación será para los funcionarios en el Poder Ejecutivo (con excepción de los diplomáticos en el extranjero), el Poder Judicial (pero no a magistrados ni defensores públicos), Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y servicios descentralizados (sin contar los que están en el escalafón N de la Fiscalía).