Un informe de ONU emitido este jueves, en el que se critica la recomendación realizada por el gobierno uruguayo de consumir agua embotellada ante el aumento del sodio y los cloruros, generó una fuerte molestia de las autoridades locales y derivó en una reunión en la que estuvieron presentes el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, el representante del programa de las Naciones Unidas para el medioambiente, Alberto Pacheco, y el director de la oficina del organismo en Uruguay, Gustavo de Armas.

Fuentes de Presidencia indicaron a El País que en la reunión el gobierno fue "muy directo" y presentó una "gran molestia" y hasta "cierta sorpresa" ante los representantes de ONU por el informe.

El Ejecutivo planteó que habían "adjetivaciones" que "no correspondían", así como "afirmaciones temerarias" como la que contenía el texto de "riesgo de privatización de facto del agua".

Las fuentes agregaron que los representantes de ONU les manifestaron que hubo una "descoordinación" entre el grupo que redactó eso en Ginebra, Suiza y el grupo del organismo internacional en Uruguay. Puntualmente, plantearon que el equipo local de ONU no participó del comunicado, que los "tomó por sorpresa" y que la realidad que ellos visualizan en Uruguay "no tiene nada que ver" con lo que aparece en el informe, que derivó en polémica.

Poco después de terminada la reunión en Torre Ejecutiva, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado "ante las inexactitudes del comunicado emitido por el relator especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento y el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos".

"Hasta la fecha los valores establecidos en la excepcionalidad no se consideran alarmantes ya que el incremento autorizado con el fin de asegurar el abastecimiento ha sido evaluado por las autoridades sanitarias y académicas; y se ha considerado que es posible que la gran mayoría de la población general, a excepción de algunos grupos especiales con mayor vulnerabilidad en el consumo excesivo de sal, pueden seguir consumiendo la misma", afirma Cancillería.

Además, acota que "para respaldar a las personas en situación de vulnerabilidad, los beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social reciben el apoyo económico para la compra de 60 litros de agua por mes, equivalente a 1 de cada 3 habitantes de la zona afectada (2 litros de agua por día por persona)" y especifica que esa medida comprende a hogares de Montevideo y Canelones en situación de vulnerabilidad con menores que perciben Asignaciones Familiares - Plan de Equidad; beneficiarios de la Tarjeta Uruguay Social (TUS) de Montevideo y Canelones que no están comprendidos en las Asignaciones Familiares - Plan de Equidad; personas mayores que residan en Montevideo y Canelones y reciben Asistencia a la Vejez (AV) o Pensión a la Vejez (que previamente recibían AV); jubilados y pensionistas que perciben jubilaciones mínimas.

"Considerando a las embarazadas y menores de 2 años ―que ya disponen del beneficio desde el 19 de mayo del corriente año―, el Gobierno estará cubriendo ante esta emergencia hídrica a más de 540.000 uruguayos con acceso a agua embotellada para asegurar las necesidades diarias", agrega el comunicado.

Por otra parte, acota que "el Gobierno nunca recomendó reducir el consumo humano de agua, sino su disminución en actividades no esenciales con el propósito de asegurar una mejor calidad de agua por un tiempo más prolongado" y finaliza marcando tres puntos:

"En definitiva:

• El Gobierno actuó en forma preventiva, el agua sigue siendo bebible, y garantizó a los sectores más vulnerables la compra del doble del promedio diario que se consume de agua por persona en nuestro país.

• Todas las decisiones sobre la calidad del agua librada al servicio público se han tomado con la previa y preceptiva aprobación del Ministerio de Salud Pública, que ha consultado a la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, a la Academia de Medicina, a las Facultades de Medicina y Química de la UdelaR y a especialistas.

• Se han fortalecido las acciones de vigilancia para monitorizar posibles impactos en la salud y a la fecha no se han detectado ni reportado eventos de salud directamente relacionados al cambio en la salinidad del agua".