En el marco de varias medidas que prepara el Ministerio del Interior para profundizar el combate a la delincuencia, se concretó un acuerdo con Cure Violence Global, una organización internacional que impulsa una serie de medidas para mejorar la convivencia en los barrios más asediados por el delito. Empezarían a trabajar ya en el verano.

En su página web la organización se define como un instrumento para “ayudar a las comunidades a implementar programas de prevención de la violencia”. Ya se hizo un estudio de prefactibilidad, que incluyó la visita de enviados de Cure Violence a varios barrios de Montevideo, y se entregó una propuesta que fue vista con muy buenos ojos por el ministro Nicolás Martinelli.

Así fue que la semana pasada tanto él como la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y el canciller, Omar Paganini, firmaron su aval para que US$ 2 millones de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fueran para financiar el arribo de la organización internacional en el país. Beatriz Argimón, presidenta en ejercicio por el viaje de Luis Lacalle Pou a China, puso su rúbrica este miércoles.

Cure Violence, fundada en el año 2000, empezó a operar en Chicago, y rápidamente se expandió a otras ciudades de Estados Unidos. En 2008 fue que comenzó a llevar su método a otros sitios del mundo, siendo los primeros Basora y Ciudad Sáder, en Irak. En América Latina, operan en Puerto Rico, El Salvador, Colombia, México, Honduras, y han hecho algunas experiencias tanto en Brasil como en Argentina.

La organización, después de analizar la información que recabó en su visita en Montevideo, concluyó que existen las “condiciones para adaptar e implementar el modelo de interrupción de violencia”.

Ahora, el Ministerio del Interior deberá hacer un llamado a licitación para contratar a una ONG que ponga en práctica el proyecto junto a los expertos internacionales que llegarían a Uruguay, según informaron a El País fuentes de la cartera.

Para Cure Violence en Uruguay “existe una disposición de los líderes comunitarios y autoridades municipales por encontrar una solución al problema de inseguridad”, ya que pudieron identificar “organizaciones con arraigo comunitario y con trabajo a nivel híper local con capacidad para ayudar a identificar a individuos que cumplan con el perfil de potenciales interruptores”, según dice el informe de prefactibilidad.

La organización, además, destacó que la “presencia estatal dentro de las comunidades -aun cuando requiere eficiencia- es valiosa para el proceso posterior a la interrupción, que refuerza los cambios de normas y comportamientos en los individuos abordados; el trabajo de alcance”. Además, Cure Violence mencionó la “disposición del Estado uruguayo para adoptar una herramienta adicional en su lucha contra la violencia”.

“Estos factores soportan la oportunidad de éxito para que Montevideo sea campo fértil para pilotear la metodología de interrupción”, insistió.

Una delegación con personal técnico de Cure Violence visitó Montevideo en setiembre. En esa oportunidad, hubo reuniones con autoridades, fiscales, instituciones públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil y vecinos de zonas seleccionadas, y se hicieron visitas guiadas y talleres en los barrios Peñarol, Casavalle, Manga, Marconi, Las Acacias, Villa Española, Casabó, La Paloma, La Teja, Tres Ombúes y Cerro Norte -esto no implica que la experiencia se aplique a todas estas zonas, señalaron desde el Ministerio del Interior. También visitaron la Unidad N° 4 Santiago Vázquez.

Fiscales de homicidios comentaron que veían con buenos ojos que Cure Violence se instale en Uruguay, según indicaron las fuentes ministeriales.

La decisión se enmarca en las 16 medidas que anunció el gobierno para el mejoramiento de la seguridad. El Ministerio del Interior, en el documento donde se enumeran las propuestas, explica que la organización “conforma un equipo de mediadores, integrado por líderes comunitarios criados e integrados culturalmente en las comunidades de riesgo, que trabajan en el terreno para interrumpir la transmisión de la violencia y prevenir su propagación futura”.

“Lo consiguen estableciendo una red de contactos locales que les permite advertir conflictos y recibir pedidos de ayuda de los involucrados, sus familiares o amigos. Tras la detección, los mediadores contactan a los implicados, se reúnen con ellos personalmente y aplican métodos de mediación como puede ser brindar ayuda, replantear situaciones, ofrecer nuevas perspectivas o advertir de consecuencias”, señala el informe.

Cabildo Abierto no estuvo de acuerdo con la propuesta de contratar a Cure Violence. El partido, en un documento que entregó al Ministerio del Interior, criticó que las “realidades y contextos” de otros países no pueden ser “totalmente extrapolables” a Uruguay y al “presente delictivo”. Además, el partido se negó “enfáticamente a acompañar esta iniciativa” porque no quieren “cargar” en su “conciencia la consecuencia fatal o invalidante para uno o más ciudadanos interruptores de violencia”.