El gobierno otorgó la Autorización Ambiental Previa (AAP) a un consorcio privado para la construcción del Proyecto Arazatí, que implica la instalación de una toma de agua bruta del Río de la Plata, una planta potabilizadora, un monorelleno de lodos, y una línea aductora con el objetivo de reforzar el abastecimiento del área metropolitana.

Pese a la obtención de este permiso ambiental, un paso clave que habilita el comienzo de obras, resta aún la firma del contrato del Consorcio Aguas de Montevideo (Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast Industria e Comércio LTDA, de Brasil) con OSE, algo que no es seguro que se concrete por las dudas que persisten a nivel del gobierno entrante de Yamandú Orsi.

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“(Arazatí) no es la prioridad, es Casupá”, remarcó ayer la vicepresidenta electa, Carolina Cosse, aludiendo a las bases programáticas. Casupá seria un embalse de 118 millones de metros cúbicos (m3) de agua del Santa Lucía, pensado para reforzar Paso Severino (67 millones de m3), por una inversión prevista de US$ 100 a 120 millones, entre la obra y expropiaciones, según supo El País.

Desde el Frente Amplio se visualizan “riesgos” que conlleva potabilizar agua en Arazatí. Y se valora la opción de Casupá porque el agua embalsada allí no tendría cloruros, sodio y bromuros, dijeron las fuentes.

Poco después de que Orsi señalara que Arazatí tiene aspectos que no lo “terminan de convencer”, el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, remarcó ayer que el gobierno concedió la AAP “luego de un proceso exhaustivo, transparente y participativo”. Y que en el intercambio con el consorcio se le pidió “ajustes” al privado por “razones ambientales”.

Esto en relación a la modificación de una “parte sustantiva del trazado de la tubería de agua potable, minimizando la interacción con Ciudad de Plata”; y por una nueva “modalidad y cruce del Río Santa Lucía, minimizando la intervención sobre las zonas de humedales”, un área protegida.

Arazatí “no presentará impactos ambientales negativos residuales que puedan ser considerados inadmisibles, en tanto los impactos ambientales identificados cuentan con medidas factibles de ser implementadas para ser prevenidos, mitigados o condensados”, concluyó la resolución ministerial de 16 páginas, del 6 de diciembre, a la que accedió El País.

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Lo cierto es que la AAP, que caerá si no se inician las obras dentro de un plazo de dos años, quedará sujeta al “estricto cumplimiento” de compromisos, que van desde la construcción “de acuerdo a los documentos presentados”; la presentación de “informes cuatrimestrales de seguimiento, y diversas mediciones del agua, entre otros puntos.

“No se podrá captar agua” tanto para la planta potabilizadora, como para la alimentar la reserva para agua bruta, “en períodos en los que la concentración de cloruros en agua del Río de la Plata en el sitio de toma supere el valor de 125 mg/L (...)”, agregó la resolución. También se deberán controlar los trihalometanos de la estación del recalque Melilla y la biomasa de la estación de bombeo de agua bruta.

El informe final, de 135 páginas, establece que en la zona de captación “normalmente se registran episodios de salinidad de significativa frecuencia”. Y que la planta potabilizadora, “carece de la capacidad para potabilizar agua salada”. Esto restringe la captación de agua a los intervalos en que la salinidad no supere el valor límite máximo permitido para agua potable, en 250 mg/L de cloruros”, o una salinidad de 0,45 g/L o PSU (Practical Salinity Units).

Para cuando se supere ese nivel, Arazatí incluye una represa de agua bruta (pólder) capaz de abastecer la planta durante hasta 70 días consecutivos, con un período de retorno a 50 años, tal como estimó el consorcio privado.

El mismo informe tomó en cuenta un estudio de la Facultad de Ingeniería (Imfia) -ponderado por el Frente Amplio- cuyos resultados “si bien asumen hipótesis conservadoras, mostrarían que los eventos de salinidad superiores a los 70 días en la zona de Arazatí podrían ser más frecuentes que lo estimado inicialmente”.

Foto: Estefanía Leal

“No es posible afirmar con certeza cuál resulta ser el período de retorno esperable para un evento de salinidad de 70 días de duración en la zona donde se ubicará la toma de agua del proyecto, ni tampoco prever cómo podrá variar ese período de retorno por efecto del cambio y la variabilidad climática dentro de la vida útil del proyecto”, añadió el informe.

En tanto, el MA planteó que con un período de retorno “del orden de 20 años” no afectaría “sensiblemente” la decisión de implementar el proyecto Arazatí porque “según informa” el privado hay “alternativas” para mantener el suministro.

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Consorcio privado aguarda definición que tomará OSE

El vicepresidente comercial y de operaciones de Saceem y titular de la Cámara de la Construcción, Alejandro Ruibal, prefirió no brindar declaraciones a El País tras conocerse la obtención de la AAP hasta que OSE se expida sobre la fecha de la firma del contrato para iniciar las obras, paso que aún no es seguro.

Arazatí aportaría 200.000 m3 diarios a la red de Montevideo, Canelones y zonas aledañas. Esto es casi un tercio de la demanda diaria, que se prevé pase de 700.000 m3 a 840.000 m3 en 2045. Por esta obra, OSE pagaría unos US$ 50 millones anuales, por 17,5 años, que sumaría unos US$ 900 millones en total.

Toda la obra conlleva una inversión privada de US$ 300 millones. La diferencia entre la inversión y el pago final se vio en varias obras bajo la modalidad “PPP”, creada durante el gobierno de José Mujica, en que el privado asume el riesgo y luego cobra por disponibilidad.

Foto: Estefania Leal

Arazatí no solo ha sido cuestionado por su costo, sino por aspectos que van desde la salinidad del agua a la eliminación de cianobacterias y microcistinas en la zona. El informe final de Ambiente indica que en el sitio donde se prevé instalar la toma de agua hay “recurrentes episodios de floraciones algales”. No obstante, se señaló que “las hipótesis asumidas para el diseño del sistema de tratamiento, en lo que refiere a las concentraciones de cianobacterias y microcistina en el agua bruta a tratar, se entiende que han sido precautorias”.

“El proyecto, con sus diferentes componentes es motivo de percepción social negativa tanto en su etapa de concepción como de construcción y operación”, indicó el informe final de Ambiente. Si bien hay posturas a favor, entre quienes se oponen se insiste en que “no es la mejor manera de dar respaldo a la provisión de agua potable al Área Metropolitana”, porque es “excesivamente caro” para el país, y que “ha sido concebido sin estudios pertinentes respecto a la calidad del agua” que se pueda brindar.