Gobierno de Orsi busca fiscal de Corte: candidatos deben tener un "plan" para reformar el Ministerio Público

Aunque no con la premura que se tiene con otras cosas, para el gobierno electo de Yamandú Orsi hay un tema prioritario al que, más temprano que tarde, intentará dar solución: la designación total y por acuerdo de todos los cargos que vayan quedando vacantes a lo largo del período en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y en el Tribunal de los Contencioso Administrativo (TCA), y, sobre todo, la elección de un titular para dirigir la Fiscalía General de la Nación.

La necesidad de abordar este desafío, y que se entiende que debe concebirse como un conjunto encadenado de cargos a negociarse con la oposición -pues para todos los casos se necesitan mayorías especiales en el Parlamento-, es compartida en la bancada del Frente Amplio (FA) en el Senado: “Es una muy mala señal que tengamos una fiscal de corte subrogante (por Mónica Ferrero), que es subrogante de un subrogante (el retirado Juan Gómez) de un fiscal de Corte”, dijo a El País Daniel Caggiani, coordinador de la izquierda en la cámara alta. “Para la bancada oficialista -según el senador del MPP- es importante dar una señal en este sentido”, y además de buscar un nombre de consenso para el Ministerio Público evitar que las vacancias de la SCJ y el TCA se sigan cubriendo por el criterio del más antiguo, como ocurre desde 2017.

La valoración de Caggiani está alineada con el trabajo que ya lleva adelante el equipo de Yamandú Orsi desde el edificio Plaza Alemania, sede de la transición. Y el foco está puesto en el escollo tal vez más complejo: la búsqueda de candidatos a fiscal de Corte, tarea en la que participa directamente Jorge Díaz, quien ocupó ese cargo entre 2012 y 2021 e impulsó -y lideró- la profunda transformación en el sistema de justicia que significó el cambio del código del proceso penal en noviembre de 2017 -y la nueva ley orgánica de la Fiscalía aprobada ese mismo año.

La idea que manejan en Plaza Alemania es que, de todos los candidatos que hoy existen para el cargo, y cuyo manejo por corrillos políticos de momento es informal, lo clave será qué nivel de adecuación presenten los candidatos a los criterios establecidos por el gobierno electo, y que entre otras cosas implican que traigan una mirada “estratégica” sobre el organismo y sus principales problemas. “No tienen que querer ser fiscales de Corte, tienen que traer un plan sobre qué rumbo pretenden que tome la Fiscalía”, dijo a El País una fuente del gobierno electo.

Porque el diagnóstico que hay sobre el funcionamiento actual del Ministerio Público en la futura administración es, por decir lo mínimo, crítico. Se entiende que el organismo cayó en un deterioro en su operatividad a partir de la gestión que inició Juan Gómez cuando asumió tras la renuncia de Díaz a fines de 2021 -sobre todo en el nivel del control de los procesos administrativos- y que tampoco mejoró cuando Ferrero tomó la conducción del organismo a fines de 2023.

Por eso, a criterio del futuro Poder Ejecutivo, la Fiscalía debe encara además una “reforma” de su gestión.

En este período se barajaron al menos dos posibilidades de acuerdo en este tema. Fueron producto de conversaciones mantenidas entre los partidos, que cesaron tras el retiro de Lucía Topolansky, representante del FA, y del exsenador Gustavo Penadés, quien hablaba en nombre de los blancos antes de dejar su cargo por las imputaciones por delitos sexuales a menores.

Al principio del período se manejó la posibilidad de que la entonces ministra de Tribunal de Apelaciones en lo Penal y presidenta del gremio de jueces Graciela Gatti asumiera como fiscal de Corte. En ese mismo paquete, se negoció que Díaz asumiera como ministro de la SCJ, ante la vacante generada por la jubilación de Luis Tosi. Sin embargo esto naufragó puesto que Cabildo Abierto avisó que no iba a votar a Díaz para ese cargo.

Más adelante, a fines de 2021, se evaluó que la coalición aceptara a la candidata promovida por el FA a la Suprema Corte de Justicia -Rosina Rossi- a cambio de dos cargos para jueces impulsados por la coalición en el TCA. Pero esta posibilidad también quedó por el camino: Cabildo Abierto pedía que además de los dos cargos en el TCA, quedara para la coalición la designación del fiscal de Corte.

La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) se puso como norte impulsar -entre otras cosas- que el mandato del fiscal de Corte, que hoy es de 10 años, sea más corto, y promover que quien ocupe ese cargo sea un fiscal de carrera, según surge de un documento interno del gremio al que accedió El País. A lo largo de sus casi 20 páginas, fundamentan cada una de las cinco conclusiones a las que llegó la asociación que preside el fiscal adscripto de Flagrancia Willian Rosa. La primera es que la “acefalía” de más de 1200 días debilita a la institución y la capacidad de perfeccionar su funcionamiento. A su vez, en segundo lugar, sostienen la necesidad de que el proceso de selección del fiscal de Corte se haga evaluando las “aptitudes personales y técnicas” de los candidatos y que haya un “perfil de idoneidad” que contemple la experiencia, el conocimiento institucional, la idoneidad técnica y los antecedentes personales. En ese sentido reivindicaron que sea un “fiscal de carrera”, pero “no por corporativismo” sino porque sus trayectorias están nutridas de lo que se necesita para liderar la institución. También creen que al candidato debería pedírsele que presente un “plan de gestión” para conocer sus objetivos y que el sistema político debe ser funcional a eso, otorgando los rubros para poder llevarlo adelante. Por último, sostienen que el hecho de que el mandato actual sea tan largo puede enlentecer las negociaciones para la designación. Sugieren que sea de seis años para que no coincida con los períodos de gobierno.