¿QUIÉNES PUEDEN ENTRAR A URUGUAY?

En Argentina, la farándula porteña desconfía de la solidez del gobierno uruguayo a la hora de mantener estrictamente cerradas las fronteras en el verano. “Va a empezar el festival de las excepciones”, dijo la comunicadora Ernestina Pais en el programa “Intratables”.

El debate se disparó luego de que el presidente Luis Lacalle Pou comunicara el jueves en conferencia de prensa que no abrirá las fronteras para la llegada de extranjeros en la temporada de verano.

Ante la expectativa de los posibles matices, el gobierno uruguayo reafirmó ayer que mantendrá cerradas las fronteras, incluso para aquellos argentinos que tengan propiedades a su nombre en el país. Solo podrán entrar los extranjeros que posean residencia legal tramitada.

“El país ha tomado la decisión de seguir priorizando la vida y la salud de los uruguayos. Esa es la primera definición por encima de todas”, dijo el ministro de Turismo, Germán Cardoso, ayer de tarde luego de culminada la reunión con el presidente Lacalle y el equipo técnico asesor.

“Por el momento, en las excepciones que prevé el decreto vigente, no pueden venir” aquellos argentinos que tienen casa en Uruguay pero no han tramitado la residencia legal”, subrayó el ministro.

El gobierno sabe que perderá el ingreso de una cifra importante de divisas al país, y que la economía sufrirá un golpe fuerte. Sin embargo, los esfuerzos están en combatir el virus.

En esa línea, las autoridades del gobierno reafirmaron que perseguirán, sancionarán y expulsarán del país a aquellos extranjeros que lleguen y no se sometan a la cuarentena obligatoria de siete días.

Fuentes del Poder Ejecutivo comentaron a El País que se definió “un proceso de actuación para perseguir a los extranjeros que no acaten las normas”. En caso de verificar que un extranjero incumple los siete días de autoaislamiento, se lo intimará a someterse a ese régimen. Si se reiterara el incumplimiento, se aplicarán multas económicas y se conducirá a la Fiscalía para iniciar el proceso judicial de expulsión.

Sin embargo, la forma legal en la que se podría concretar la salida del país aún no está clara. El gobierno está analizando las diferentes herramientas legales para determinarlo.

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El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, adelantó la iniciativa ayer en una entrevista con el programa radial En Perspectiva, de Radiomundo. “Aquellos que incumplan no solo se formalizan (y) pagan una multa, sino que además se tienen que ir. Estamos en un proceso de armado de la ingeniería legal” para que se pueda llevar adelante, explicó.

El jerarca remarcó el interés por priorizar lo sanitario ante lo económico. “Hacer todo lo que está comprendido por el Ministerio de Salud Pública, la Justicia o el Ministerio del Interior. Acá hay un tema de la salud de los uruguayos que vamos a proteger, en el borde del límite legal que podemos hacer, pero teniendo en claro que nos estamos jugando un estatus sanitario que es el más importante de todos”, dijo.

El grupo de trabajo que analizó la temporada conversó sobre las dificultades en algunos departamentos del litoral por rastreo de algunos argentinos. “Estuvo presente en la conversación y en el análisis ser más rigurosos y más estrictos aún con los controles. Se va a ensayar por las autoridades sanitarias y el Ministerio del Interior algunas medidas más que entendemos se hacen necesarias para ser más estrictos en los controles de las personas que entran por las excepciones que el decreto permite”, agregó Delgado.

La política de atracción de turistas con aquel recordado eslogan “un turista, un amigo”, no correrá para los extranjeros, pero sí para los uruguayos locales. En este escenario, y como forma de mitigar el impacto de la no llegada de divisas del exterior, el gobierno de Lacalle pretende incentivar el turismo interno.

Para eso el ministro Cardoso adelantó que ya acordaron con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, la necesidad de definir un paquete de medidas que aliviane la carga económica de las vacaciones de los uruguayos.

El ministro de Turismo dijo que aún no se tiene el detalle y que el equipo económico analizará la situación, ya que seguro supondrá una renuncia fiscal para el Estado. Sin embargo, adelantó que sobre la mesa está la idea de replicar medidas similares a las planteadas en años anteriores para atraer a argentinos.

No cobrar el IVA, reducirle algunos puntos, o aplicar descuentos en los precios de los combustibles fueron algunas de las posibilidades que el ministro Cardoso dijo que se están evaluando.

“Por supuesto que son todas medidas que estuvieron encima de la mesa. La semana que viene o en un par de días más, con claridad se decidirá cuáles son los incentivos”, declaró el jerarca a los medios de prensa en la Torre Ejecutiva.

Independientemente de saber que la temporada de verano estará menguada por la falta de extranjeros, el gobierno trabaja en un plan para evitar que se den aglomeraciones en centros de descanso. El objetivo es exhortar, exigir, y desarticular agrupaciones de gente en centros comerciales y lugares públicos.

Las playas son uno de los puntos que más preocupan. El tema formó parte de conversaciones entre el intendente de Montevideo, Christian Di Candia, y el de Maldonado, Jesús Bentancur, que se reunieron ayer con el presidente Lacalle.

Según uno de los participantes del encuentro, “hay poco para hacer, más que molestar y exhortar a que no se junte gente”.

En Maldonado, por ejemplo, los estudios científicos analizados muestran que entre los kilómetros de Playa Mansa y Playa Brava, en una temporada normal, hay un promedio de 100.000 personas. Las autoridades, por sugerencia del Grupo Asesor Científico Honorario, sostienen que la cifra se debe reducir a una tercera parte para evitar complicaciones. Ahora se trabaja en diseñar nuevos protocolos y guías de comportamiento para pedir colaboración a la población.

El otro foco de atención está puesto en la noche. Los bailes, bares y discotecas son uno de los puntos de mayor preocupación; y en especial se entiende que el departamento de Rocha va a ser el más difícil de controlar.

Los informes que analiza el gobierno arrojan que allí es adonde se dirigirá el público más joven, que hoy es el que menos está acatando las medidas y los protocolos de distancia social.

Las autoridades tienen resuelto ser “más que estrictos” -esa es la expresión que usó una de las fuentes del gobierno- con las multas y la clausura de los locales habilitados que incumplan los protocolos.

De todos modos, prevén un despliegue policial especial para controlar las fiestas clandestinas.

En lo que va de la emergencia sanitaria, el Ministerio del Interior realizó más de 300 operativos para desactivar fiestas irregulares. Llevan registro de 8.000 personas que han participado y siete fueron formalizadas por la Justicia al comprobar que habían incurrido en delitos.

Sobre este punto el intendente de Montevideo adelantó que se trabajará de forma más rigurosa para evitar complicaciones. “La idea es poder ser aún más estrictos de lo que estamos siendo en el control de los locales nocturnos y las aglomeraciones”, dijo Di Candia.