"COMITÉS DE BASE PARTIDARIA"

El debate público entre el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Coordinadora Popular y Solidaria CPS -una red encargada hasta hace poco de distribuir alimentos de la cartera- empezó en agosto, cuando esta organización civil cuestionó en la prensa que la demanda por un plato de comida había aumentado y que no se proporcionaban los insumos necesarios para dar una respuesta.

Aquel fue un reclamo que el Mides, en la voz del ministro Martín Lema, respondió de dos formas: rechazando la evaluación de la coordinadora -los indicadores ministeriales no marcaban un aumento del hambre sino al contrario- y solicitando a la organización que, en todo caso, entregara a la Secretaría de Estado la actualización de esos datos, para conocer de primera mano la demanda y actuar en consecuencia.

Allí se desató un largo ida y vuelta -la CPS primero se negó a responder por resolución “política”, pero luego lo hizo- que terminó, tras no respetarse el plazo que Lema había puesto para dar la información requerido, con la decisión de apartar a la coordinadora como intermediaria de los alimentos que reparte el Mides. Y desde octubre, esa función la desempeñan las Fuerzas Armadas.

Un compendio de estos hechos fue incluido en un comunicado divulgado ayer por el gobierno, y comentado al mismo tiempo en una conferencia encabezada por el ministro Lema que se hizo de apuro en la Torre Ejecutiva, luego de la última reunión que tuvo el presidente Luis Lacalle Pou al cabo de los acuerdos ministeriales ayer.

El anuncio del gobierno era que, tras varios indicios de irregularidades en el accionar de la CPS, se había dispuesto una investigación administrativa a fondo, y que los resultados de la indagatoria habían sido “contundentes”.

“Queda totalmente aprobado que se trata de una organización con fines políticos”, dijo Lema, que estaba acompañado por la subsecretaria Andrea Brugman, entre otras jerarcas del Mides.

El comunicado de la cartera, que en su parte sustancial fue leído por Lema, tiene ocho ítems en el apartado de “resultado de la investigación”, que llevaron al Mides a la decisión de elevar todo lo recabado a la Fiscalía General de la Nación, “considerando especialmente los hechos con apariencia delictiva que surgen” de lo indagado.

En el primer punto se afirma que, “de la cantidad de ollas y merenderos” que formaban parte de la lista de la CPS, “al menos 68 no funcionaban o nunca funcionaron”.

En el segundo, que “se ‘inflaban’ los números de las iniciativas por parte de la CPS, la cantidad de días de atención de cada olla y por ende la cantidad de porciones servidas”.

Luego se describe que la investigación determinó que “en general” todas las ollas y merenderos atendidos por esta red “recibían menos insumos de los que tenían asignados”, y que “se retiraron alimentos” en la Asociación Civil Uruguay Adelante -que tiene convenio con el Mides- “que no fueron entregados a varias ollas y/o merenderos declarados”. “Pese a que no funcionaban, algunas ollas recibían insumos e incluso, según testimonios, los vendían”, agrega el comunicado.

La investigación, para la cual se recogieron más de 50 testimonios, también determinó que “algunos referentes de las ollas debían asistir a reuniones del plenario de su red bajo la presión de no recibir los insumos para sus ollas y los contenidos de los plenarios eran netamente políticos y ajenos a temas referentes a la organización de las ollas”.

De hecho, lisa y llanamente “algunas ollas asistidas por el Estado funcionaban en comités de base políticos partidarios”, una sospecha que, según supo El País, tenía el gobierno previo a que finalizara la investigación.

Además de quitar del medio a la CPS como intermediaria y de elevar todo esto al Ministerio Público, el ministro Lema dijo también que va a “solicitar ir a las comisiones de población y desarrollo del Parlamento Nacional”. “Acá mucho se ha hablado de lo que tiene que ver con la alimentación, y en base a todo este informe nos parece que corresponde dar cuenta a los representantes, a todos los partidos políticos, para que de primera mano estén informados, aparte de una cantidad de características que no están en los numerales que comentaba porque hay identidades y hay otras características y pormenores que entendemos responsable preservar”, aseguró el jerarca.

Algunas declaraciones recogidas en la investigación fueron dadas a conocer ayer a modo de ejemplo. “A todas las ollas nos pasó que cuando se empezaron a pedir datos, la gente de la red ponían más platos de lo que en realidad se servían. Yo una vez llegué a los 189, 200 y ellos ponían 230, 240. Inflaban los números. Pero tampoco es que ponían más platos y te daban más cosas. No...”, declaró uno de los testigos.

“La olla... no abrió en diciembre. Y en enero y febrero abrí yo, pero yo no recibí insumos de la red. Pese a ello, sé que CPS igual retiraba a nombre de esta olla aunque no traían nada para acá. Yo el 28/01/22 hablé con Pedro de la CPS y le planteé la situación, le dije que no se estaban recibiendo las cosas. Él me contestó que la olla pertenecía a la Red Solidaridad Carbonera y que la CPS no podía hacer nada porque cada red tiene autonomía. Me enteré con fecha 3/02/22 que la olla fue retirada, ‘liberada’ de la Red Solidaridad Carbonera. Frente a eso pedí que la olla se dé de baja en la CPS, así podía recibir directamente de Uruguay Adelante... Fijate que ellos retiraban insumos para acá todos los viernes pero acá no llegaba nada”, expresó otro interrogado, según el documento del Mides.

“Me fui de la red porque era todo política. Se hablaba de cualquier cosa menos de la olla. Se hablaba de movilizaciones y demás pero nada de la gente. Querían venir a la olla a ponerme una bandera política y no los dejé. Yo al irme de la red estaba desesperada. Me querían hacer cómplice de cosas que ‘nada que ver’. Te hacían ir a las reuniones... Se usó las ollas como forma popular de ganarse gente. Yo me fui de la red por todo eso”, aseguró una tercera persona.

Los responsables de la CPS no estaban al tanto de que en forma tan pronta el Ministerio de Desarrollo Social comunicara las conclusiones de la investigación administrativa iniciada contra esta asociación, por lo que se mostraron sorprendidos.

“Me enteré hace un ratito”, declaró a El País Pedro Rodríguez, uno de los voceros de la CPS. “En realidad, no tenemos nada para decir, porque todavía no nos juntamos, que no sea que vemos con sorpresa todo esto”, dijo también, y agregó: “No esperábamos que fuera tan rápido todo esto, pero está dentro de lo que ha hecho el ministerio en este último tiempo”.

Los responsables de la coordinadora, según dijo ayer el ministro Lema en la conferencia de prensa, fueron convocados por el instructor de la investigación administrativa para que dieran “su visión”, pero “se negaron a dar su testimonio”.

Asimismo, el titular del Mides criticó estas “maniobras” detectadas por ir en contra “de los que necesitan alimentos y de los que con mucha solidaridad hacen muy bien la tarea”.