Gobierno electo alerta sobre más piedras del FA al plan de ahorro de US$ 900 millones

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La energía ingresará a Brasil por las convertidoras instaladas en  Rivera y Melo. Foto: AFP
Power lines outside the southeastern Ukrainian town of Lozovaya are seen early August 28, 2008 in front of a fire that broke out on August 27 at an arsenal, triggering a series of blasts and forcing authorities to order the evacuation of thousands of residents. Some 4,600 residents of Lozovaya, a town of 64,000 people, were being evacuated because of the fire and explosions, ITAR-TASS reported, citing the regional branch of Ukrainian emergency situations ministry. AFP PHOTO/ SERGEI SUPINSKY UKRAINE-BLAST-FIRE-MILITARY
ss/amd

CAMBIOS EN INVERSIONES DE UTE

Una obra de UTE de US$ 250 millones se realizará con fondos propios y no por fideicomiso, como se había manejado previamente. Esto afectará las inversiones del ente en el próximo quinquenio.

Al igual que lo que ocurrió con las tarifas públicas, el gobierno electo entiende que le aparece un nuevo obstáculo a su objetivo de bajar el gasto del Estado en US$ 900 millones anuales. El costo de ese obstáculo, en caso de concretarse en pocos días, será de US$ 250 millones.

A principios de este mes, el gobierno saliente transmitió, en forma verbal a directores de UTE, que la obra del cierre del anillo de alta tensión Tacuarembó-Salto-Chamberlain, que incluye una bajada de energía para UPM2, no se realizará mediante un fideicomiso sino mediante fondos propios de la empresa estatal.

El uso del fideicomiso permitiría a la UTE pagar a largo plazo. En muchas ocasiones, la empresa estatal ha usado este mecanismo para financiar obras.

En cambio, la utilización de fondos propios impactaría fuertemente en las inversiones del ente previstas para el próximo quinquenio, dijeron a El País dos fuentes de UTE.

El Directorio de la empresa estatal aún no trató el tema.

En tanto, una alta fuente del Partido Nacional dijo a El País que el gobierno entrante estaba al tanto del plan de la administración del Frente Amplio de cambiar las reglas de juego en materia de financiación de las inversiones de UTE. “Estamos haciendo un seguimiento político de la situación”, afirmó la fuente.

Señaló que la decisión de modificar la fuente de financiación de las inversiones de UTE provino del Ministerio de Economía y Finanzas del gobierno saliente.

A juicio del dirigente nacionalista, la intención del gobierno apunta a impedir la promesa electoral efectuada por el presidente electo, Luis Lacalle Pou, de reducir el gasto del Estado en forma drástica. “Es una decisión política (del gobierno saliente) que consiste en hacer todo lo necesario para evitar que Lacalle Pou cumpla con ese compromiso electoral”, advirtió el informante.

UTE. Foto: El País
El Directorio de la empresa estatal aún no trató el tema. Foto: Archivo El País.

Y agregó: “La estrategia es sembrar de muertos el camino del nuevo gobierno. No aumentar las tarifas públicas en enero de 2020 y reducir o congelar las inversiones de UTE”, una de las principales empresas del país.

Sostuvo que el gobierno saliente pone esas piedras en el camino a Lacalle Pou, porque de concretarse ese compromiso de ahorro, quedaría en evidencia la ineficacia de la administración del Frente Amplio. “Insisto, el Partido Nacional hará un seguimiento del tema. El planteo a UTE provino de altas esferas del Ministerio de Economía”, reiteró la fuente.

El “Plan Quinquenal de Inversiones de UTE” previó para 2019 una erogación de US$ 247 millones; en 2020, US$ 234 millones; en 2021, US$ 237 millones; en 2022, US$ 256 millones y en 2023, US$ 274 millones.

Según una calificada fuente de UTE, en caso de que el gobierno ratifique oficialmente su decisión de que las inversiones se hagan con fondos propios, el costo del cierre del anillo Tacuarembó-Salto-Chamberlain deberá ser repartido en los próximos cinco años.

“Es obvio que ello impactaría en las inversiones que hace UTE en generación, transmisión, distribución y servicios corporativos”, sostuvo el jerarca del ente.

La concreción de la obra, cuyos llamados a licitación se adjudicaron por tramos, completa el denominado “anillo 500” que otorga sobreprotección y más margen de maniobra al sistema de distribución de energía.

En caso de que se interrumpa el suministro de Salto Grande, que afectaría a UPM2, en forma inmediata UTE podría traer energía desde Brasil.

“Con el anillo, el sistema eléctrico uruguayo tendrá más chance en caso de sufrir una situación crítica”, explicó la fuente. Y recordó que estaba todo listo para que se concretara el fideicomiso.

El futuro.

La concreción del anillo y la bajada a UPM2 fue acordada entre UTE y la finlandesa. Elcontrato establece que el ente debe encargarse de su costo. “El cronograma de obras es claro y preciso. Si se demoran los tiempos de la concreción de la línea Tacuarembó-Salto-Chamberlain (el cierre del anillo), éstos se trasladarán a UPM2”, explicó la fuente del ente.

Para los próximos cinco años UTE prevé invertir US$ 1.248 millones, de los cuales la cuarta parte irá destinada a Transmisión.

La propia UTE dice en su web que deberá hacer inversiones: “En los próximos años la prioridad será el área Distribución, para evitar cortes y fallas del servicio eléctrico asociadas a fenómenos climáticos, con ampliación de un sistema que crece en forma ininterrumpida así como también reposición de las instalaciones que han cumplido su vida útil”.

Una obra fracasada en la agenda de la UTE

La obra de laregasificadora de Gas Sayago, iniciada por el gobierno de José Mujica, sigue en la agenda del directorio de UTE, Aduanas y la Administración Nacional de Puertos. El costo de la obra fallida generó pérdidas millonarias. A esa suma se debe agregar juicios onerosos.

Hasta este momento, la empresa Gas Sayago, propiedad de UTE y Ancap, enfrenta reclamos por US$ 85 millones. El proceso de adjudicación de las distintas obras vinculadas a la regasificadora fue objeto de la actuación de una comisión investigadora.

Los distintos partidos políticos presentaron sus conclusiones en un plenario de la Cámara de Representantes el 7 de noviembre de 2018. El informe elaborado por el diputado nacionalista, Pablo Abdala, sostiene que lo ocurrido ameritó el pasaje del tema a la órbita de la Justicia. Abdala dice que el Estado uruguayo sufrió un perjuicio de alrededor de US$ 170 millones. La obra quedó paralizada en 2015.

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