El presidente electo, Yamandú Orsi, apeló a una serie de criterios para designar a los ministros que lo acompañarán en su gestión. Según su propia definición, se trató de guardar un delicado equilibrio entre varios factores: la capacidad técnica de los designados y su compromiso ético y político. A eso habría que agregarle un inevitable contrapeso entre los sectores que integran el Frente Amplio (FA), y la correspondencia de las designaciones con el caudal electoral de cada uno.

Un criterio similar viene siguiendo la futura administración en cuanto a la etapa siguiente: el primer “escalón” de cargos, vinculados a los distintos ministerios y direcciones, que el gobierno electo pretende culminar en los próximos días.

Solo en la Administración Central son unos 340, pertenecientes al escalafón Q, que incluye a los cargos de “particular confianza”. A eso deben agregarse los del escalafón P, correspondientes a órganos institucionales de gobierno o administración, sean o no de carácter electivo. Son los denominados cargos “políticos”: ministros, subsecretarios, etc.

En una estimación, fuentes del gobierno electo indicaron a El País que se llevan designados aproximadamente la mitad de los 340 cargos del escalafón Q.

Culminada esa etapa, comenzará una segunda, vinculada a las subdirecciones, entes autónomos y servicios descentralizados que, se pretende, responda a los mismos criterios que las anteriores, con la particularidad de que comprenderá a los sectores que, por distintas causas, quedaron por fuera de los nombramientos principales. Representantes de los distintos grupos, por eso, comenzaron estos días a acudir a la sede de transición del gobierno electo, ubicada en la Plaza Alemania.

Es el caso de la Lista 711 que, según su referente, Felipe Carballo, por ciertas “dificultades” quedó por fuera de las designaciones ministeriales. Carballo fue a conversar esta martes con el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, sobre su “participación en diferentes áreas”, y de las propuestas y perfiles de candidatos a ocuparlas.

Otro grupo en la misma condición es el Encuentro Federal Artiguista (ENFA). Al respecto de los liderados por el intendente salteño Andrés Lima, fuentes del gobierno electo señalaron que dos posibles destinos serían la presidencia de Mevir y OSE. Por otra parte, este martes el exsenador Rafael Michelini, líder del Nuevo Espacio, concurrió también para conversar con Sánchez aunque, según precisó, no se habló de cargos.

En esta segunda etapa, pero ya en el mes de febrero, se comenzarán a considerar los cargos que el gobierno electo está dispuesto a ofrecer a los partidos que hoy encabezan el Poder Ejecutivo y que integran la coalición republicana.

La idea es ofrecerles, en términos generales, las mismas ubicaciones que el gobierno de Luis Lacalle Pou le concedió al Frente Amplio en esta administración. Fueron en total 34 cargos, en organismos como UTE, Ancap, Antel, OSE, AFE, el Correo y Colonización. También en Banco Central, el República, el de Seguros, el Hipotecario, entes reguladores y comisiones binacionales.

“Queremos que la oposición participe. El gobierno de Orsi será de puertas abiertas y de orejas para escuchar las ideas”, ratificó este lunes el futuro secretario de la Presidencia. “Queremos que sea la máxima participación posible”, insistió. “Siempre es bueno que la oposición esté integrada. Es importante para cualquier gestor sentirse controlado”, agregó.

Sánchez indicó que se negociará con los partidos que, en las elecciones de octubre, obtuvieron representación parlamentaria. Y se negociará, además, con cada partido de forma individual. Habrá entonces que negociar cuántos cargos tendrá cada lema y cuáles serán.

El designado prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, también encabezó en las últimas horas algunas conversaciones para definir cargos en algunos organismos del Estado. Es el caso de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (Senaclaft).

Allí se confirmó que estarán el ex titular de esa repartición, Daniel Espinosa, y el expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne. Según le dijo Espinosa a El País, se desempeñarán en calidad de “asesores”.