POLÍTICA EXTERIOR

En el marco del Consejo del Mercado Común, el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa, solicitó a la presidencia temporal del bloque que se inicien los mecanismos previstos en el Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático y se solicite “al gobierno de facto boliviano” el máximo respeto a los derechos humanos y el cese de la “represión indiscriminada” en las calles. Ello podría desembocar en la expulsión de ese país del acuerdo de integración regional.

La pretensión uruguaya generó reacciones de todo tipo.

El futuro canciller Ernesto Talvi lamentó la decisión. “Lamentamos que el canciller Nin Novoa haya tomado una decisión tan importante sobre el tema de Bolivia sin consultar con el gobierno entrante. Sería deseable que entre todos consigamos mejorar la política: hacer del juego limpio una ‘política de Estado’”, escribió el senador electo en su cuenta de Twitter.

Manifestó que tendrían que haber sido consultados los integrantes de la coalición, ya que a partir del 1° de marzo de 2020 será gobierno.

La última vez que el Mercosur aplicó la cláusula democrática fue a mediados de 2017 ante la crisis social y política de Venezuela y, si bien no fue propuesta por Uruguay, la votó.

El expresidente boliviano Evo Moralesabandonó su país el pasado 11 de noviembre después de que las Fuerzas Armadas lo forzaran a dejar el cargo y recibió asilo en México.

La renuncia de Morales ha sido calificada como “golpe de Estado” por varios gobiernos y políticos latinoamericanos. Otros países han reconocido al Ejecutivo interino de Jeanine Áñez, mientras que parte de la comunidad internacional ha instado al diálogo sin pronunciarse sobre la crisis política.

Morales celebró ayer desde México el apoyo recibido desde el gobierno uruguayo.

En la vereda de enfrente, el gobierno interino de Bolivia denunció ayer intentos para desestabilizarle desde el exterior, como el que a su juicio intenta el Ejecutivo saliente de Uruguay al cuestionar la democracia boliviana.

El ministro interino de la Presidencia, Yerko Núñez, se refirió al pedido del gobierno de Vázquez para aplicar el Protocolo de Ushuaia.

Núñez defendió ante los medios en La Paz que el gobierno provisional de Jeanine Áñez es plenamente constitucional y está reconocido por otros países y por organismos como la Unión Europea.

Áñez, que era senadora, asumió la Presidencia de forma transitoria el pasado 12 de noviembre al activar el mecanismo sucesorio establecido en la Constitución boliviana.