NEGOCIOS MILLONARIOS BAJO LA LUPA
La auditoría que prevé el gobierno electo en la UTE apuntará a conocer las pérdidas millonarias generadas por la regasificadora y los parques eólicos del ente, cuyos rendimientos no son los esperados.
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El domingo 1° de diciembre, en una entrevista concedida a El País, el presidente electo Luis Lacalle Pou afirmó que las auditorías que se harán en las diferentes dependencias de la administración pública no están pensadas como una caza de brujas.
“No vamos con la cabeza de ver quién la macaneó; no es la idea. Ahora, si eventualmente hay elementos que indiquen que puede haber ilícitos, van a ir a la Justicia”, dijo.
Una fuente del Partido Nacional expresó a El País que en UTE, una de las principales empresas de Uruguay, la auditoría apuntará a dos negocios millonarios: la fallida obra de la regasificadora y los negocios de los parques eólicos.
De la regasificadora de Punta de Sayago, una idea del entonces presidente José Mujica, solo quedan un montón de chatarra, tubos, caños y maquinaria abandonada en depósitos del Puerto de Montevideo.
Y unos pilotes que sobresalen de la superficie del Río de la Plata, los que se ven desde la playa del Cerro.
La obra de la regasificadora, llevada adelante por la empresa Gas Sayago (propiedad de UTE y Ancap), generó pérdidas por más de US$ 170 millones, según la oposición.
Cálculos realizados por técnicos de UTE sostienen que las pérdidas pueden hasta duplicarse. Es decir, podrían alcanzar los US$ 300 millones. La cifra exacta del déficit será establecida por la auditoría que dispondrá el gobierno electo el año entrante, en fecha en que entren en funciones las nuevas autoridades de UTE y de otros entes.
Gas Sayago enfrenta, por ahora, reclamos por US$ 87 millones de empresas contratadas o tercerizadas para construir la regasificadora.
En el Partido Nacional existe preocupación por el costo total de funcionamiento de Gas Sayago, ya que dicha empresa hoy enfrenta costos fijos elevados.
Una fuente de UTE dijo a El País que la empresa paga US$ 124.608 mensuales por unos depósitos a la Administración Nacional de Puertos; debe abonar el alquiler de su sede central; el costo del dragado del Río de la Plata que perdió al quedar la obra por el camino; los pagos de salarios a gerentes y funcionarios y las erogaciones en las consultorías para que elaboren el proyecto de la obra.
Una de las consultorías es Sener Ingeniería de Sistema, una multinacional que también se dedica a negocios aeroespaciales con presencia en Asia, África, América y Europa. Reclama a Gas Sayago la suma de US$ 4.263.248.
Gas Sayago destina 210.000 dólares mensuales a indemnizar a pescadores de Santa Catalina y zonas aledañas supuestamente afectados por la obra, según un informe de UTE.
En el gobierno electo se ignora la razón que llevó a Gas Sayago a pagar despidos a sus funcionarios con indemnizaciones especiales. Es decir, en lugar de pagar una suma equivalente a seis meses de sueldo, se abonaron ocho.
El viento como negocio.
UTE posee seis parques eólicos y compra energía a emprendimientos de capitales privados.
Según la fuente del Partido Nacional, otro tema a estudiar por la auditoría serán los rendimientos de los parques eólicos.
El informante aludió a lo ocurrido con la sociedad anónima Areaflin (propietaria del parque eólico Valentines), que no ha dado el resultado esperado y se tiene preocupación por el rendimiento de otros emprendimientos similares.
El 24 de abril de 2019, una asamblea de accionistas de Areaflin S.A. Clase B realizada en la Bolsa de Valores, discutió la caída de sus utilidades en 2019 en comparación con 2018. UTE es socio de este negocio.
Según la fuente, en alguna zona del país existirían problemas con las mediciones y estos tendrían menos potencia de la estimada no alcanzando los rendimientos esperados.
Esas mediciones fueron hechas por consultorías contratadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), UTE y entidades financieras.
Fiscal pide informe de investigadora
El 15 de mayo de 2019, los cuatro partidos de la oposición presentaron una denuncia en la Fiscalía de Corte para que se investigasen presuntos ilícitos en las concesiones para la construcción de la planta regasificadora. Uno de los denunciantes, el diputado blanco Pablo Abdala, dijo a El País que el fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, pidió a la Justicia que libre un oficio a la Cámara de Representantes solicitando la documentación de la comisión investigadora que fue declarada secreta con los votos del Frente. Pacheco también planteó que, mediante un exhorto, se pida a la Justicia de Brasil los antecedentes de la denuncia contra el exgobernador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, condenado por tráfico de influencias