El presidente Luis Lacalle Pou convocó ayer una reunión especial en la Torre Ejecutiva, con un objetivo concreto: conocer los pasos formales que se han dado ante la posible compra de los tres frigoríficosque Marfrig Global Foods tiene en Uruguay por parte del Grupo Minerva Foods, que controla otros cuatro. Las plantas en negociación están ubicadas en Salto, Colonia y San José.

Fundamentalmente, lo que quería el presidente era saber “de primera mano”, todas las posibles derivaciones e implicancias que a diferentes niveles tendría esta operación, inédita en el sector agropecuario del país.

Los convocados a la oficina del presidente fueron la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, el presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Conrado Ferber, y el subsecretario de Ganadería, Juan Ignacio Buffa, que afirmó luego del encuentro cuál fue el tenor de la reunión. “El tono del presidente es de preocupación”, dijo y agregó que su alerta se basa en que “es una operación que tiene una implicancia y un efecto nivel económico, social y productivo”.

Buffa apeló a la prudencia aunque deslizó el efecto de esta eventual operación. “Es claro y notorio que de ocurrir, se profundiza un proceso de concentración”, indicó.

Lacalle Pou recibió una completa evaluación de las perspectivas que se abren ante la posible fusión, aunque para eso deberá esperar el pronunciamiento de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, un órgano que funciona en la órbita de Economía.

Allí se precisó que, hasta la tarde de ayer, “no se ha recibido la solicitud de Autorización de Concentración Económica” que, por ley, deben tramitar los interesados en la “operación proyectada” entre Minerva y Marfrig. “Vamos a esperar el trabajo de la comisión y sus resultados”, concluyó Buffa, que reconoció que en su ministerio “no se sabía” del eventual negocio entre ambos grupos.

Una vez cumplido ese trámite, la comisión tendrá un plazo de 60 días para expedirse. Aún así, allí no se cierra el proceso. “Hay una competencia en el Ministerio de Economía de poder ratificar o rectificar lo que diga esta comisión”, precisó Buffa.

En diálogo con El País, el subsecretario recordó la posibilidad de que pueda presentarse un recurso de revocación y jerárquico que anule la resolución de la comisión.

Desde que fue anunciada, la eventual operación viene generando críticas y expresiones de preocupación a nivel político y económico. Si la compra prospera, Minerva pasaría a operar siete frigoríficos en Uruguay, con capacidad para controlar el 50% de la faena.

En el gobierno se tiene claro que una concentración de estas características en el mercado resultará compleja. También de sus consecuencias: menos competitividad y productores “rehenes”.

En ese sentido se había expresado hace algunos días el senador nacionalista Sebastián Da Silva. El legislador, reconocido también por ser productor agropecuario, graficó el impacto que tendría la adquisición de las operaciones de Marfrig por parte de Minerva. “Uno de cada dos novillos o vacas gordas será comprado por una sola empresa”, aseguró al ser consultado en Radio Rural. “El país más ganadero del mundo necesita garantías, no monopolios”, aseguró.

Al que también le preocupa la situación es al expresidente José Mujica. “Es un peligro”, advirtió el pasado miércoles el líder frenteamplista.

El exmandatario se mostró crítico ante el accionar que, en su visión, ha tenido hasta ahora la Comisión de Defensa de la Competencia. “Nunca ví que hiciera algo. Nunca tiene problemas con nada”, sostuvo.

Desde el ámbito gremial, la Asociación Rural del Uruguay (ARU) se reunió el pasado miércoles con el presidente Lacalle Pou para plantearle su preocupación.

“Todos los indicadores están dando entre mediana y alta concentración” había dicho su presidente, Patricio Cortabarría, a Radio Carve.

Según el gremialista, Lacalle Pou les aseguró que la respuesta por parte de la Comisión de Defensa de la Competencia no será política sino técnica, basada en los efectos que tendría este negocio.

Minerva viene de recibir hace pocos días la autorización la para compra de BPU Meat, ubicada en Durazno, hasta entonces en manos del grupo japonés NH Foods.

Con esta operación, que se estima ronde los US$ 40 millones, el grupo completó el control de cuatro plantas en Uruguay, Junto con los frigoríficos PUL, Carrasco y Canelones.

El presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Conrado Ferber, dijo confiar en que la Comisión de Defensa de la Competencia rechazará la adquisición. “Hay grandes y buenas razones para evitar este negocio”, aseguró en diálogo con El País. Ferber dijo haberse ido de la reunión convencido de que el presidente “tiene bien clara la situación” y los impactos que tendría la operación.

“Para nosotros sería un desastre”, sostuvo al tiempo que reclamó una aplicación estricta de la ley y así darle “garantías reales” a un sistema productivo que, señaló, lleva muchos años de equilibrio.

Ferber dijo al respecto estar seguro de que existen suficientes elementos para que la comisión se pronuncie en forma negativa. Lo mismo pensaba, apuntó, cuando Minerva compró BPU y pasó a controlar el 25% de la faena. “Ahora el problema se duplicó”, dijo, con lo que los argumentos en contra de la fusión resultan el doble” de fuertes. “Es ahora o nunca”, aseguró el presidente del INAC en relación a la definición que tendrá que tomar la Comisión de Defensa de la Competencia sobre este eventual negocio, al que no dudó en calificar: “Si esto no es concentración, no sé qué es”.