POR 30 DÍAS MÁS 

El gobierno decidió enviar al Parlamento un proyecto de ley para extender por 30 días más el límite al derecho de reunión, de acuerdo a lo que informó Subrayado de Canal 10 y confirmó El País.

Esta medida se definió en un primer momento en diciembre, cuando Uruguay atravesaba un aumento de casos de COVID-19, y se plantea nuevamente ahora, cuando el país registra récord de casos nuevos diarios y personas enfermas por coronavirus. 

"La Cámara de Senadores se reunirá en sesión extraordinaria, el próximo jueves 18 de marzo, a la hora 10:00, a fin de informarse de los asuntos entrados", informó la Cámara Alta este lunes a través de su sitio web. En esa sesión se tratará este proyecto de ley del Ejecutivo. 

En principio esta medida para tratar de evitar y poder disolver las aglomeraciones era por un plazo de 60 días, pero prorrogable "por única vez" por 30 días más, de acuerdo a lo que marcaba la ley promulgada. 

El Poder Ejecutivo resolvió hacer uso de esa posibilidad y esta extensión comenzó a regir desde el 19 de febrero, por lo que se vencía este viernes, 19 de marzo. En esa oportunidad se realizó mediante decreto, pero ahora se necesitaría una nueva ley (dado que la original aprobada en diciembre no contempla una segunda extensión). 

 "Se han realizado 3.500 operativos del Ministerio del Interior, 800 de Defensa Nacional, y creemos que han sido operativos exitosos, que han servido para la población en general, para ayudar a evitar el mayor contagio", argumentó en aquella oportunidad el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, tras solicitar que el límite al derecho de reunión estuviera vigente por 30 días más.

El gobierno se valió de la ley 19.932 que reglamentó el artículo 38 de la Constitución, la cual permite suspender "las aglomeraciones de personas" que generaran un "notorio riesgo sanitario".

Mañana el presidente Luis Lacalle Pou encabezará un Consejo de Ministros para evaluar el avance de la pandemia en el país y analizar eventuales nuevas medidas para tratar de frenar los contagios. 

Ya hay dos departamentos -Rivera y Cerro Largo- que pidieron a las autoridades nacionales que se suspendan las clases presenciales.