Redacción El País
A 37 días de que cambie el gobierno, se cerró uno de los proyectos claves: las autoridades de OSE firmaron el contrato con el Consorcio Aguas de Montevideo -integrado por Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast Industria e Comércio LTDA, de Brasil- para comenzar con las obras del proyecto Arazatí. Pusieron las rúbricas en el papel en una sala de reuniones en el piso 11 de Torre Ejecutiva mientras en la puerta del edificio se manifestaban unas 120 personas en contra de la iniciativa que busca mejorar la disponibilidad de agua potable en la zona metropolitana.

Pero el mayor reparo está en el ámbito político, ya que la millonaria obra se firmó al mediodía, pese a las críticas que presentó el próximo gobierno del Frente Amplio, el que asumirá al poder el próximo 1 de marzo.

Ayer a la tarde, el presidente electo Yamandú Orsi informó que, además de llamar al mandatario Luis Lacalle Pou, le envió una nota dejándole en claro que discrepa con la “oportunidad” de la firma del contrato a “tan poco para el cambio de gobierno”. Al mismo tiempo, aseguró: “Para ser sinceros, en aquella primera reunión, el presidente me transmitió su voluntad de firmar este compromiso. No puedo decir que no me avisó”.

Orsi declaró sobre las 19:00 horas de ayer que aún no había visto el contrato.

El proyecto -que se adjudicó por licitación pública- implica la instalación de una toma de agua bruta en la zona de playa Arazatí (lo que le da su nombre, en el departamento de San José), una planta potabilizadora, una reserva de agua dulce y una tubería aductora de agua tratada hasta los tanques de Cuchilla Pereira, para abastecer al sistema metropolitano. También se construirá un lugar para poner los lodos deshidratados, producto del proceso de potabilización del agua.

La iniciativa implica que OSE pagará unos US$ 50 millones anuales por 17,5 años, que suman unos US$ 900 millones.

Los cuestionamientos del próximo gobierno sobre el proyecto Arazatí hicieron que se agregara un memorándum de entendimiento entre OSE y el consorcio para que se puedan realizar modificaciones al proyecto. Desde Presidencia se indicó a través de un comunicado que esos cambios podrían incluir alternativas para la localización del pólder (reservorio de agua bruta).

La aclaración desde Presidencia sobre el pólder se debe a las críticas que recibió esa parte del proyecto por parte del Frente Amplio. Y la decisión de agregar un memorándum de entendimiento se debió a que, como informó El Observador, era una manera de que el contrato no volviera a pasar por el Tribunal de Cuentas, donde ya recibió el visto bueno.

Foto: Darwin Borrelli/El País

El gobierno, en dicho comunicado de Presidencia, justificó la iniciativa indicando que “para dimensionar la importancia y necesidad de esta obra, conviene recordar la histórica crisis hídrica que afectó al país en 2023 y su impacto en la calidad del agua”. “El proyecto Arazatí garantiza un derecho básico a la población que reside en Montevideo y el área metropolitana”, se sostuvo.

Las obras, una vez que se iniciaran, llevarán 30 meses y una inversión de alrededor de US$ 294 millones, indicó el director ejecutivo de Saceem -una de las tres empresas que integra el Consorcio Aguas de Montevideo-, Alejandro Ruibal, tras la celebración del contrato. Del memorándum de entendimiento, señaló que dice que se pueden trabajar modificaciones al proyecto, así como también se “enumeraron una serie de posibles alternativas”.

Orsi, por su parte, afirmó que se verá qué establece el documento, el que “supuestamente da un margen de flexibilidad” que espera que “sea el más amplio posible”. En ese sentido, continuó: “Hay una cuestión de estructura financiera que nos preocupa, un pólder que aparentemente podría modificarse y un tema del lugar de donde se toma el agua. Esos son un poco los puntos críticos sobre los que tenemos que trabajar”.

Desde el Consorcio, Ruibal indicó que “siempre hay espacio para hacer modificaciones”, como en “cualquier proyecto de ingeniería”. El director ejecutivo de Saceem aseguró que están “acostumbrados a dialogar”, que van a “seguir afinando el proyecto”, y que “no hay que magnificar”. También celebró que se avanzó con el proyecto y aclaró: “Es la tercera o cuarta parte del tamaño de Aguas Corrientes con poco impacto visual. Será una toma subterránea a 1.500 metros de distancia y a cuatro metros por debajo del nivel del agua”.

Por su parte, el nacionalista Álvaro Delgado (que ocupó el cargo de secretario de Presidencia durante este gobierno) dijo tras una reunión con Orsi: “Seguramente el presidente electo haga algunas declaraciones. Obviamente respaldo la decisión del gobierno y lo que se decidió en un contrato que viene conversándose hace dos años y medio y que es una obra necesaria”.

Desde el próximo gobierno, pocos minutos después de la firma, el próximo ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, señaló que es “un importante error” la decisión que se tomó porque “desestima reparos académicos, políticos, sociales y legales y deja a OSE” -organismo donde era director y renunció para postularse al Parlamento- “en situación financiera crítica que afecta su capacidad para prestar los servicios de agua, saneamiento en todo el país y realizar obras estratégicas como Casupá”.