Redacción El País
El gobierno afirmó este jueves su intención de firmar el contrato por el proyecto Arazatí, que prevé construir una planta potabilizadora de agua del Río de la Playa. Sin embargo, las autoridades plantearon a la futura administración algunas alternativas a la iniciativa.
"Tuvimos una muy buena reunión, hemos recibido la información para cada uno de los ministerios. Logramos tener una mayor profundidad en la información, lo cual es importante. Nos va a permitir tener herramientas claras para trabajar", dijo Alejandro Sánchez, futuro secretario de Presidencia, luego de una nueva reunión en Torre Ejecutiva en el marco de la transición de gobierno.
"Hoy además de recibir información tuvimos una reunión por las diferencias del proyecto (Arazatí), que hemos sido críticos con respecto a la toma de agua, los impactos ambientales, y otras cuestiones", agregó. Sánchez señaló que se actualizó la información y acotó: "Tuvimos una muy buena reunión donde se nos proporcionó más información y elementos, y algunas alternativas que podría tener el proyecto en base a este diálogo que estamos construyendo. A ver si esto implica en levantar las observaciones que tenemos".
"Tenemos una posición y comenzamos a gobernar el 1 de marzo. (El presidente) ha dicho que tiene la simple convicción de avanzar, valoramos esta instancia donde se presentan alternativas a algunos de los aspectos que tienen que ver con el proyecto en sí", añadió.
Sánchez no ahondó sobre esas alternativas planteadas, pero indicó que se presentó "información y propuestas que podrían modificar algunos aspectos". "Lo vamos a estudiar. Cuando tengamos una opinión sobre lo que se habló lo vamos a dar", comentó.
Además, la próxima semana el gobierno electo se reunirá con organizaciones ambientales que esta jornada se manifestaron frente a la Torre Ejecutiva, donde entregaron una carta solicitando al presidente Luis Lacalle Pou que no se firme el proyecto Arazatí.
"Se va a firmar", dijo ministro de Ambiente
El ministro de Ambiente Robert Bouvier reiteró que el gobierno firmará el proyecto Arazatí. "Ya lo dijo el señor presidente (Luis Lacalle Pou), se va a firmar. Estamos en una etapa en la cual vinimos a dar mucha información. En mi caso vine a defender el informe del ministerio, un informe contundente y que está colgado en la página del ministerio desde el 9 de diciembre". "Hasta el día de hoy no ha tenido objeciones de la academia ni de actores políticos, pero me pareció importante darle la información necesaria al gobierno entrante para que ellos pudieran analizar ese informe", acotó.
Bouvier expresó que "las objeciones desde el punto de vista ambiental no fueron formuladas hoy. Sí se planteó dar algunas posibles alternativas. El gobierno está dispuesto a ser receptivo".
"Estaba bueno tener esta reunión para que el gobierno electo tuviera la oportunidad de tener la información de primera mano de parte nuestra a efectos de evaluar posibles alternativas o no que tenga el proyecto. Es bueno acostumbrarnos a dialogar y llegar a acuerdos", concluyó.
Organizaciones ambientales se manifestaron en contra y entregaron carta dirigida a Lacalle
El Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) entregó este jueves en Torre Ejecutiva una carta con firmas de 150 organizaciones ambientales en contra del proyecto Arazatí en San José. En la misiva solicitaron al presidente Luis Lacalle Pou que no firme el contrato que autoriza esta futura planta potabilizadora de agua del Río de la Plata.
Las organizaciones pidieron que el mandatario en persona bajara a recibirla, pero les informó que no se encontraba en el edificio ubicado en frente a la Plaza Independencia en Montevideo. En rueda de prensa, Raúl Viñas, señaló que el proyecto "no se justifica financieramente". "Fue anunciado el 2 de marzo de 2021 por el presidente, que decía que el costo de construcción y mantenimiento y operación iba a ser US$ 200 millones, ahora se habla de casi US$ 1.000 millones (...) el Estado no puede pagar más de tres veces por esta obra", cuestionó.
Para Viñas, "hay que cambiar la toma de agua, no puede ser en Arazatí porque no es el lugar adecuado, hay que buscar otra fuente". En la misiva dirigida al presidente, que se hizo pública, las organizaciones afirmaron que este proyecto "se presenta como una solución para la seguridad hídrica de la zona metropolitana; sin embargo, no existe consenso sobre la pertinencia y la eficacia de dicha solución".
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