Redacción El País
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) acaba de publicar un informe que busca marcar un “hito crucial” para la elaboración de una normativa mundial que garantice el “trabajo decente” en las empresas basadas en la denominada “economía de plataformas”. La intención declarada por ese organismo es debatir el tema en una conferencia el año que viene. Para eso, envió un cuestionario en el que pide opinión a los gobiernos, que deberá ser en consulta con trabajadores y empleadores. El plazo para enviar esa respuesta vence el próximo 31 de agosto.

Y la respuesta que dará el Estado uruguayo será el nulo avance de un proyecto de ley por el Poder Ejecutivo que hace 17 meses duerme en una cajón del Parlamento y que nunca fue discutido.

La propuesta ingresó en setiembre de 2022 a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados. Y, si bien lo sucedido recientemente con los 251 despidos efectuados por la empresa PedidosYa generó una afirmación unánime de la necesidad de regular esta actividad, ningún diputado, ni oficialista ni opositor, planteó nunca incluirlo en el orden del día.

La comisión está integrada por cuatro diputados de la coalición de gobierno y tres del Frente Amplio. La oposición prepara un proyecto alternativo, lo que pondrá a la mayoría en la responsabilidad de sacar adelante la iniciativa del gobierno.

Lo que se busca a nivel oficial es “reglamentar una protección básica” para cualquier persona que trabaje en estas empresas dedicadas esencialmente al reparto de bienes o el transporte de pasajeros, al margen de la calificación jurídica de su vínculo. Se plantean allí “beneficios mínimos” para quienes presten su fuerza de trabajo, sin pronunciarse sobre la calificación de su vínculo. Así, en la nueva regulación podrían coexistir tanto empleados como trabajadores autónomos, que “genuinamente trabajen de una forma u otra”. Siempre deberá haber un contrato entre las partes.

El proyecto plantea la limitación de la jornada laboral, más allá que el trabajador permanezca “logueado” a la aplicación. En el caso de los dependientes, deberá contar con una retribución mínima asegurada, ya sea por viaje, envío o entrega, aun las que no se puedan realizar por causas imputables al cliente o a la empresa.

En cuanto a los trabajadores que se desempeñen como autónomos, las empresas de plataformas digitales serán consideradas “patrones” en la relación laboral y tendrán derecho, entre otros aspectos, a cobertura y beneficios de la seguridad social y a acceder a la negociación colectiva.

En el extenso informe preliminar de la OIT, al que accedió El País, se destaca en varios pasajes algunos puntos del proyecto del Ejecutivo, y que no están referidos necesariamente a ingresos o a beneficios sociales, sino a conceptos más intangibles. Por ejemplo, la exigencia de que las plataformas respeten el principio de “igualdad y no discriminación” a la hora de aplicar sus algoritmos.

También que los trabajadores tengan derecho a la “intangibilidad de su reputación digital”, al considerar que se trata de un “capital privado y portable”. La OIT destaca asimismo la voluntad de que, en cualquier tipo de relación laboral, los conflictos entre las empresas de plataformas y los trabajadores se diriman en tribunales uruguayos.

La necesidad de la aprobación de este proyecto de ley fue defendida la semana pasada por la directora general del ministerio, Valentina Arlegui, en un evento sobre plataformas digitales organizado por la Universidad Católica.

“Nos gustaría hacer muchas cosas, pero las normas actuales no lo permiten”, dijo allí la jerarca de Trabajo.