DEFIENDE MEDIDA

Las críticas fueron duras y llegaron en cadena, mientras que las declaraciones del presidenteLuis Lacalle Pou no dejaron duda alguna acerca de su convicción en la medida tomada para flexibilizar en parte la normativa sobre tabaco, que habilitó la venta de cajillas blandas y la colocación de distintivos en los cigarrillos.

Los cuestionamientos fueron fuertes, porque apuntaron a lo que entendieron como un cambio sustancial en la política de combate al tabaquismo -acusación que el gobierno no acepta- y porque, desde la expertise de los firmantes y especialistas, se exhortó a anular el decreto 282/022 “inmediatamente”. Así lo pidió por ejemplo, la Comisión Interinstitucional Asesora para el Control de Tabaco en una carta enviada al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas.

Pero también se manifestó el Consejo de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República -además de otros especialistas en el tema (ver aparte)- al transmitir su “profunda preocupación” por el camino emprendido por el Poder Ejecutivo, y todo esto fue insumo para que desde el Frente Amplio se cuestionara al gobierno sin medias tintas de priorizar aspectos comerciales por sobre los sanitarios.

Pero sea como fuere, por más incisivos que sean estos cuestionamientos, el presidente no dará lugar a la revisión de lo actuado, señalaron a El País fuentes de Presidencia.

Y el mensaje que dejó Lacalle en el diálogo con los medios fue en ese sentido bastante claro. Poco antes de la difusión de la mayoría de las declaraciones críticas -en forma de comunicados y cartas enviadas a Lacalle o al ministro Salinas- el presidente ya se había mostrado vehemente en la defensa del rumbo adoptado e incluso realizó una interpretación política de las opiniones. Ante la consulta de la prensa del interior -en una breve gira que hizo este martes por Soriano, Salto y Tacuarembó- el primer mandatario se había preguntado si era “en serio” el planteo de que esta modificación legal podía alterar el nivel de consumo de tabaco.

“Yo entiendo que hay dirigentes políticos que le pegan a todo lo que se mueve”, reclamó, y rechazó la instalación de “suspicacias” a raíz del un encuentro que tuvieron meses atrás representantes de la tabacalera Montepaz -que pidió expresamente este cambio- y el entonces asesor presidencial, Nicolás Martinelli. “¿Y qué quiere decir eso? ¿Alguien me está acusando de algo? ¿Alguien cree que un gobernante no se reúne con distintas empresas? Si alguien tiene algo que decir -advirtió el presidente-, que dé la cara y que lo diga directamente. Y si lo dice directamente, que acuda a donde tiene que acudir, porque generar suspicacias, todo bien, pero conmigo no va”.

Hasta ahora, en Presidencia entendieron que el costo político de estas críticas no alcanzan para romper con “la tranquilidad” que hay al respecto en el gobierno. Una tranquilidad que, por otra parte, llevó ayer al presidente -en un evidente juego de palabras con su principal tema de agenda- a negar problemas de “presión”, mientras comía un asado sin sal en la Rural del Prado y sonreía al público.

En donde sí hubo inquietudes en las últimas horas, dentro de la coalición de gobierno, fue en Cabildo Abierto.

Si bien su líder, el senador Guido Manini Ríos, aseguró ayer en rueda de prensa que opinaba que este tema “no” perjudicaba la candidatura a la presidencia de la Organización Panamericana de la Salud de Salinas -que se definirá en los últimos días de setiembre-, lo cierto es que en filas cabildantes no cayó bien el nuevo decreto.

“No nos entusiasmo ni un poco”, reconocieron allegados a Manini.

El diputado Álvaro Perrone, por ejemplo, fue directo en su parecer. “Creo que el gobierno tendría que tener más cuidado a la hora de tomar determinadas decisiones, como en este caso, en el que está en juego la candidatura de Salinas”, reconoció el representante a El País.

Es que, de hecho, el decreto fue observado también con preocupación por organizaciones internacionales, como La Coalición América Saludable (CLAS), que afirmó que lamentaba “seriamente” que el ministro cabildante -un dirigente en el que los dirigidos por Manini apuestan mucho- “sea uno de los candidatos a director General de la Organización Panamericana de la Salud”.

El comunicado de esta organización, que reúne a más de 200 ONG del continente, decía también que, con esta decisión, se coronaba un proceso en el que “se ha retrocedido en varias políticas de salud que tienen la intención de prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles y sus factores de riesgo”.

Porque CLAS sumó a este episodio el retraso en “la implementación” de la normativa del Etiquetado Frontal de Advertencias en alimentos, además de la aprobación de “la comercialización de productos de tabaco calentado, cuando estaban prohibidos en el país, y con la justificación de que era ‘proteger a la salud pública’”.

Los argumentos a favor

Lacalle y ministros defendieron la medida por el efecto en la lucha contra el contrabando

El argumento del Poder Ejecutivo para cambiar la normativa está resumido en el propio decreto 282/022, que establece explícitamente que “la indiferenciación de origen en el propio cigarrillo” tiene por efecto facilitar “la elaboración y circulación de cigarrillos falsificados”. Y que excluir del mercado la cajilla blanda es privar la comercialización de un producto que “tradicionalmente” ha sido el más vendido y, otra vez, de “características (que) le permiten competir más efectivamente con aquellas mayoritariamente del mismo tipo que ingresan de contrabando”.

El presidente ha sido bien directo al respecto. “No subestimemos a la opinión pública”, pidió Luis Lacalle Pou el martes, antes de referirse a la competencia desleal que presentan marcas como 51 “y otras” que “vienen de contrabando”. “(Para) la gente que trabaja acá en Uruguay, lo único que hacemos es que pueda tener una cajilla más económica para producir y que combata contra el contrabando. ¿O estamos estimulando a que se fume? No, al revés, va a seguir la misma publicidad en contra, la misma cajilla, no hay que ser tan básico”, aseguró el mandatario.

El ministro Daniel Salinas también se expresó días atrás en defensa del cambio normativo. Dijo que no consideraba que fuera “lesivo en los derechos de información del consumido”. Y que, sobre todo, el objetivo buscado por el gobierno no era a costa de imponer “un cambio a nivel impositivo” y que tampoco implicaba una modificación “en los pictogramas de advertencia”, destacó. “Los pictogramas donde aparece ‘cuidado, puede generar cáncer’, eso va a seguir presente. Es como el rotulado frontal, va a seguir presente. La prohibición de publicidad sigue presente”, defendió.

En diálogo con El País días atrás, el ministro de Industria, Omar Paganini, había reconocido que el decreto se alinea con los intereses empresariales -y de la firma Montepaz específicamente- pero que la finalidad es reducir la cantidad de cigarrillos falsificados o contrabandeados del mercado, que superan la tercera parte.

Las críticas recibidas

El gobierno fue objeto de críticas por parte de la Facultad de Medicina y asesores del MSP

Las críticas al decreto del gobierno fueron cayendo en cadena y, en la mayoría de los casos, a través de comunicados o informes entregados en manos de las autoridades, como el propio presidente o el ministro de Salud, Daniel Salinas. El concepto común fue proyectar las consecuencias negativas que esta medida puede tener en la salud de los uruguayos

Uno de los más duros fue la Comisión Interinstitucional Asesora para el Control de Tabaco, que el 8 de setiembre envió a Salinas una carta -que fue difundida ayer por El País- en la que pide la “inmediata derogación” del decreto 282/022, entre varias otras porque “la evidencia nacional e internacional ha demostrado que la regulación de dicho empaquetado tiene impacto en el consumo y en las decisiones de la población respecto al mismo” y que el cambio normativo no tiene utilidad “para combatir el comercio ilícito” de los cigarrillos. Por el contrario, advirtieron los asesores del MSP, “permite que los cigarrillos sean más atractivos”.

En una línea muy similar se expresó la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, en un comunicado que replicó la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, en su cuenta de Twitter, con una frase que respondía a su vez una de las afirmaciones del presidente de las últimas horas: “Nadie podrá decir que esto es un panfleto”, escribió la dirigente frenteamplista.

El texto de los médicos, firmado por el decano de la facultad, Miguel Martínez, y la profesora agregada Laura Llambí, también expresó la “profunda preocupación” por la medida, que a su criterio se basa en “argumentos comerciales no debidamente fundados”. Subrayaron que la evidencia internacional determinó que los “paquetes y los propios cigarrillos son un elemento de comunicación clave” entre las tabacaleras y los clientes.

Y hubo, también, en el plano internacional, pronunciamientos de organizaciones como Tobacco-Free Kids, que denunció un “retroceso” en estas políticas y reclamó “no abrir la puerta a que las empresas tabacaleras comercialicen sus productos mortales”.