NUEVAS MEDIDAS CONTRA LA PANDEMIA

El presidente Luis Lacalle Pou convocó en el feriado de Reyes Magos a todo su gabinete ministerial para analizar el escenario actual de la pandemia y evaluar las últimas medidas adoptadas. A la salida de la extensa reunión, que se fue hasta pasadas las 21 horas, el mandatario brindó una conferencia de prensa con dos noticias: una buena y otra mala.

Arrancó por la mala, que fue el mantenimiento de las fronteras cerradas por 20 días más. Esto comenzará a regir a partir del 11 de enero, de acuerdo al decreto publicado por el Poder ejecutivo ayer a la noche. Es decir que hasta el 1 de febrero nadie podrá entrar al país, a no ser las pocas excepciones comerciales debidamente justificadas. Ni siquiera lo podrán hacer uruguayos o extranjeros con residencia tramitada para el Uruguay.

El jefe de Estado dijo que la decisión se toma producto de la gran cantidad de casos positivos que se están registrando en el país. “Lamentablemente, y muy a nuestro pesar”, dijo Lacalle a la hora de explicar la extensión del período de cierre de fronteras.

Esta es una mala noticia para el sector turístico, que hoy temprano tenía la expectativa de una flexibilización en esa medida.

Uno de los pedidos planteados al gobierno por el intendente de Maldonado, Enrique Antía, era que se permitiera el ingreso de aquellos extranjeros -argentinos en su mayoría- que tuviesen propiedades en los balnearios del departamento, para pasar allí sus vacaciones. Sin embargo, el gobierno desestimó el planteo por ahora, aunque en 10 días se volverán a reunir las autoridades para analizar el nuevo escenario.

El anuncio fue un “golpe” duro para el sector hotelero, comentaron a El País representantes del rubro ayer de noche, pues se perderán todo enero sin la posibilidad de captar nuevos turistas extranjeros.

La “noticia buena” fue que sí se contempló uno de los reclamos del sector turístico: ampliar en dos horas la operativa de los centros nocturnos y restaurantes. Hasta ayer, los negocios podían estar abiertos hasta las 00 horas. Con esta nueva disposición, Maldonado podrá volver al escenario anterior, ya que en ese departamento los restaurantes podían operar hasta las 2 de la mañana y no hasta las 3, como se permitía en Montevideo.

“Lo que vamos a solicitar es que cada departamento, cada Cecoed (Centro Coordinador de Emergencias Departamentales), decida si es pertinente para su departamento”, indicó el presidente en la conferencia.

“El relajo está afuera, en las clandestinas”, acotó Lacalle. “Le estamos sacando al turismo; lejos de equipararse, le damos un respiro con seguridad, con protocolo”, agregó.

El tercer punto que planteó el mandatario fue la vuelta de los espectáculos públicos con un aforo mínimo “para no perder la temporada”, argumentó el mandatario.

Dentro de la reunión del Consejo de Ministros, varios jerarcas -entre ellos el ministro del Interior, Jorge Larrañaga-, sostuvieron que la gran preocupación en la costa uruguaya pasa por lasaglomeraciones y fiestas no autorizadas.

En esa línea fue que se entendió oportuno “apretar las perillas” -como suele graficar el presidente- de las actividades públicas, para tener un mínimo de movimiento que permita dinamizar la economía turística.

Lo mismo ocurrirá con los espectáculos deportivos. Estos volverán pero sin público, e incluso el gobierno adelantó que será más estricto a la hora de controlar a los dirigentes autorizados a participar de los encuentros.

Lacalle Pou anunció que de detectar incumplimientos en partidos de fútbol, por ejemplo, se procederá a la clausura incluso de los lugares.

“El resto de las medidas que se tomaron el 17 de diciembre continúan en plena vigencia”, expresó Lacalle Pou, haciendo énfasis en la exhortación a las empresas privadas para que se mantenga el teletrabajo. En el sector público la medida es obligatoria.

La reunión del gabinete ocurrió el día en que el país estuvo a 54 casos de tener 1.000 nuevas personas infectadas. En el encuentro los integrantes del gabinete dialogaron sobre qué pasaría si Uruguay abriera las fronteras en este momento. La opinión unánime fue que el país recibiría una “avalancha” de personas, “difícil de controlar”, dijo Lacalle Pou.

Por eso el gobierno, a sabiendas de que la economía está recibiendo un impacto más que significativo por el lado del turismo, decidió mantener como prioritaria la “perilla” de la salud, más “apretada” que la de la economía”.

Mantienen el límite al derecho de reunión

El gobierno informó que seguirá vigente la ley 19.932, que limita el derecho de reunión consagrado en la Constitución. La medida se mantendrá y se reforzará la vigilancia, dijo el presidente Luis Lacalle Pou ayer en conferencia.

Desde el 21 de diciembre, fecha en la que entró a regir la ley en cuestión, se realizaron 1.609 intervenciones policiales a causa de controles por COVID-19, según informaron a El País fuentes del Ministerio del Interior.

De ellas, 533 fueron comunicadas a los Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) operativos, en los que el gobierno confió el análisis y la resolución de las situaciones en las que se pueda entender incumplimiento de la normativa.

Hasta el momento, las intervenciones policiales desencadenaron seis formalizaciones: cuatro hombres y dos mujeres. Fueron procesados luego de que la Policía intentara disolver una reunión de 300 personas que se habían juntado a escuchar música a todo volumen el 31 de diciembre en Salinas. Los procesados reaccionaron con pedreas, botellazos e insultos, y luego con riñas entre ellos. Tras forcejeos con la Policía fueron detenidos en el lugar cuatro hombres y una mujer. Luego, otra mujer, pareja de uno de los detenidos, fue formalizada también por tirar piedras a la comisaría.

Desde el 21 de diciembre, en tanto, se recibieron en el servicio de Emergencia 911 4.369 llamadas referentes a aglomeraciones o incumplimientos sanitarios.

Por otra parte, el coordinador del Ceoced de Maldonado, Mauricio Souza, informó ayer al fiscal de turno sobre las actuaciones en el local gastronómico de la Barra que fuera clausurado en las últimas horas al constatarse la presencia de más de 150 personas e incumplimientos varios a los protocolos sanitarios. El fiscal tomó conocimiento y solicitó elevar todas las actuaciones a efectos de determinar responsabilidades.