El presidente Luis Lacalle Pou reunió ayer a cuatro ministros y a otros cuatro jerarcas de su gobierno con un objetivo preciso: empezar a coordinar acciones dirigidas a la implementación de la nueva ley de internación compulsiva —que entrará en vigencia el próximo 25 de agosto—, y que en resumidas cuentas habilita al Estado a retirar de la calle a aquellas personas que estén viviendo en espacios públicos y que tengan afectada "su capacidad de juicio" producto del consumo de drogas o de "una descompensación de su patología psiquiátrica", aunque no presten su consentimiento.

La normativa que ya estaba siendo aplicada permitía este extremo solo si la persona sufría "graves enfermedades incluso con riesgo de muerte", pero ahora esto se amplía y se permite la internación —previa certificación médica— cuando se constate un consumo problemático de "sustancias psicoactivas" o problemas psiquiátricos que representen "un riesgo inminente para sí o para terceros".

El decreto reglamentario ya fue publicado en la tarde de este jueves, con los roles detallados que tendrán en los operativos que comenzarán este domingo los ministerios de Desarrollo Social, Interior, Salud Pública e incluso Defensa Nacional, cuyos titulares Alejandro Sciarra, Nicolás Martinelli, Karina Rando y Armando Castaingdebat —respectivamente— asistieron al encuentro que presidió Lacalle Pou al mediodía de la jornada de ayer en la Torre Ejecutiva.

El pedido de Lacalle Pou a sus ministros fue claro, según indicaron a El País participantes del encuentro: que para el gobierno será una prioridad empezar a cumplir con esta ley —que fue promovida e impulsada en el Parlamento por exministro de Desarrollo Social Martín Lema— y combatir un problema que viene en crecimiento desde hace tiempo.

Foto: Archivo El País

El gobierno también entiende que la Intendencia de Montevideo (IMM) ha estado en falta en su rol de policía territorial y en su deber de controlar el cumplimiento de la ley de faltas, obligación que consta en la ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, de 2008.

Y puesto que la nueva ley establece explícitamente que lo regulado es "sin perjuicio de la participación de los organismos nacionales y departamentales con competencia en la materia" para que "coordinen el cumplimiento de lo dispuesto" por la normativa, se entendió necesario solicitar una reunión al intendente Mauricio Zunino para exigir que la comuna cumpla con lo que también le encomienda la reciente norma.

El pedido fue tramitado por la prosecretaria de Presidencia, Mariana Cabrera, que fue otra de los participantes de la reunión con Lacalle Pou y, de aceptarse la instancia, también estará presente en el encuentro con el jerarca municipal.

La problemática de la gente que vive en situación de calle —que de acuerdo al último censo del Mides el fenómeno tuvo un crecimiento en 2023 del 24% en comparación a 2021— suele ser materia de debate entre el oficialismo y la oposición, y mucho más en un año electoral como este 2024.

Ayer, tanto Zunino como el también intendente frenteamplista de Canelones Marcelo Metediera criticaron el enfoque con el que el gobierno ha buscado combatir este problema.

El intendente de Montevideo dijo que entendía que "todo lo que se tenga que trabajar en materia de situación de calle tiene que abordarse desde la perspectiva de los derechos de las personas", y que estas se encuentran en estas condiciones no porque "quieran" sino por sufrir la "consecuencia social de un modelo que las excluye".

Metediera, por su parte, sostuvo que no creía que algo que fuera "obligatorio o por imposición sea la mejor salida".

En respuesta, Sciarra declaró a El País que el Frente Amplio "sigue insistiendo con que vivir en la calle es un derecho", y apuntó directamente a la comuna capitalina como parte responsable del problema.

"La IMM, en su inacción, pone su grano de arena para que haya gente en calle". "Una prueba es no levantar campamentos cuando la ocupación indebida de espacios públicos es una competencia del gobierno departamental. El Ministerio del Interior y el Mides están maximizando esfuerzos pero no logramos jugar en equipo con la intendencia", reclamó el ministro, que insistió: "Se nota a las claras que no escuchan ni leen. Porque si tuviesen la sensibilidad de sentarse frente a la mamá de un adicto, que se abandonó a sí mismo, que vive esclavo de la maldita droga tirado en la calle, quiero ver si le dicen que no están dispuestos a sacarlo contra su voluntad".

En rueda de prensa en la Torre Ejecutiva, el ministro Martinelli señaló que los operativos policiales "van a ser dando las garantías tanto a los funcionarios del Mides como de ASSE". Pero aseguró asimismo que se está "piloteando la idea de incorporar a Bomberos para que salga también a limpiar un poco la vereda", porque "a veces queda, en los entornos donde la personas duermen, mucha mugre".

Foto: Darwin Borrelli