DECISIÓN POLÍTICA

En invierno y con una inminente suba del precio de los combustibles, al gobierno Luis Lacalle Pou se le abrió un nuevo frente de batalla: el subsidio al supergás. Luego de que el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, dijera que este podría revisarse, las críticas sobre la Torre Ejecutiva no han cesado, tanto desde filas opositoras como desde algunos actores de la coalición.

Luego de que el jerarca dijera este fin de semana en Canal 10 que se estaban haciendo un estudio para que “el subsidio como tal quede focalizado en donde se precisa y no sea general”, y que el Frente Amplio lanzara una artillería pesada de cuestionamientos contra el gobierno, el Poder Ejecutivo decidió analizar el tema y opto por dejar esta revisión del subsidio de lado, según comentaron fuentes del gobierno a El País.

“Nunca nos planteamos sacar el subsidio al supergás”, dijo una fuente de la Torre Ejecutiva. Y en esta misma línea, aclaró: “Es algo que no está planteado”.

Pero lo cierto es que entre algunos actores del gobierno el tema estuvo sobre la mesa.

“El precio del supergás es la mitad del precio de paridad de importación hoy en Uruguay. Usted paga la garrafa a 50 pesos el kilo, aproximadamente, y el precio de paridad de importación es casi 100 pesos”, había dicho Alfie el sábado en televisión. Y este mismo tema había sido planteado el año pasado por el ministro de Industria, Omar Paganini.

De lo que sí no se escapará el supergáses del aumento general de los combustibles, el que el gobierno analiza en estas últimas horas. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo ayer a Canal 12 que se tendrá una “especial consideración” al momento de definir qué ocurrirá con el precio del supergás cuando se fijen los nuevos precios de los combustibles. “Por la situación que estamos viviendo y porque es un elemento de calefacción imprescindible para la familia”, manifestó el jerarca, en momentos en que se vive una ola de frío polar.

Dentro de la coalición, en tanto, uno de los primeros que se desmarcó en cuanto al aumento del supergás fue el senador Guido Manin Ríos. “Cabildo Abierto se opone totalmente a subir el supergás a los sectores de la población más carenciados. Creemos que hay que mantener ese subsidio, porque es el combustible que usan los sectores más frágiles de la sociedad”, dijo el líder cabildante, dejando claro su discrepancia con Alfie.

La posición de Manini Ríos realizada ayer en su audición radial también buscó mostrar matices de la postura adoptada por blancos y colorados, en cuanto a no votar el fideicomiso por US$ 80 millones diseñado por el frenteamplista del departamento de Canelones, Yamandú Orsi.

Sin embargo, y a pesar de los matices internos de la coalición, los blancos, colorados, cabildantes, el Partido Independiente y el Partido de la Gente saldrán a defender la Ley de Urgente Consideración (LUC) de manera unitaria, según declararon actores del gobierno a El País.

Así se los pidió el presidente el domingo 18 de julio en un asado al que invitó a todos los integrantes de su gabinete con sus parejas, entre los que estuvo presente Manini Ríos por ser esposo de la ministra de Vivienda, Irene Moreira.

Uno de los artículos que integran el paquete de los 135 que el Frente Amplio y el Pit-Cnt buscan derogar, es el referido al Precio de Paridad de Importación (PPI). Ese fue el mecanismo propuesto por el sector Ciudadanos del Partido Colorado para destrabar una negociación interna sobre los combustibles en el oficialismo.

El diputado frenteamplista Sebastián Sabini dijo ayer a El País que la discusión que se está dando en torno al nuevo aumento de los combustibles muestra que la iniciativa impulsada por el gobierno no es beneficiosa para la población.

“Con esos artículos en la LUC argumentaban los aumentos porque decían que había subido el petróleo. Ahora que el petróleo bajó, igual dicen que van a subir los combustibles. Entonces, al final no se entiende el mecanismo. Hay una esquizofrenia”, denunció el legislador de la oposición.

El vicepresidente de Ancap, Diego Durand, que ocupa el directorio como representante del Partido Nacional, dijo a El País que hoy la discusión del precio de los combustibles está en manos del Poder Ejecutivo. Lo expresó luego del informe técnico de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) que propone un aumento por tercera vez en pocos meses.

Durand defendió el mecanismo incluido en la LUC, y sostuvo que es mejor al que usaba el Frente Amplio en la pasada administración.

“El nuevo es un método transparente, que dice cuáles son los costos. Con la normativa anterior, el Estado a través de Ancap recaudó solo en 2017 unos US$ 200 millones por encima del precio internacional. Hoy, insisto, el sistema es transparente y le da garantías a la gente de cuándo va a bajar y cuándo va a subir. La pandemia no nos ha ayudado a que los combustibles puedan bajar. Lo que sí se terminó es aquello de que los precios de los combustibles aumentaban por arriba del precio internacional para hacer caja”, comentó.

El senador nacionalista Jorge Gandini, que comenzó días atrás a hacer campaña a favor de los 135 artículos impugnados por la coalición de izquierda y el Pit-Cnt, dijo a El País que había que “recordar” que las disposiciones que crearon este nuevo sistema están en dos artículos que fueron votados por la oposición cuando se dio la discusión parlamentaria el año pasado.

“Incluso fue acompañada por la entonces senadora (y hoy intendenta de Montevideo) Carolina Cosse, que participó activamente en esto”, dijo Gandini.

El senador de Cabildo Abierto Raúl Lozano, por su parte, reconoce que será un “desafío” para el gobierno la defensa de estos artículos, pero que pondrán sobre la mesa que se trata de “una herramienta” que a mediano o largo plazo generará que “el combustible termine bajando”.

“Es un tema complejo, pero con el sistema anterior el petróleo bajaba de precio y el combustible subía, porque se ajustaba una vez por año”, dijo el senador.

Días atrás, fuentes frenteamplistas dijeron a El País que los aumentos del combustible y el artículo que refiere a estos fueron claves a la hora de recolectar las firmas a favor del referéndum en contra de la LUC.

Ancap informó ayer en horas de la tarde que las medidas que fueron tomadas por el sindicato Federación Ancap (Fancap) “podrían afectar el normal suministro de combustible durante el próximo fin de semana”.

Así lo hizo saber en un comunicado la empresa pública, el cual fue difundido a través de sus redes sociales.

Ancap también recordó que la resolución del Consejo de Sector Mantenimiento, Administración y Logística de Fancap, comunicada el pasado lunes, “prevé paros de dos horas durante esta semana y la suspensión de guardias de emergencia a partir del viernes a las 15 horas”. Esta situación, señala Ancap, “impide asegurar el normal abastecimiento a la población” para el sábado y el domingo.

El gremio de trabajadores de Ancap, en tanto, definió la medida de lucha gremial en el marco de la discusión parlamentaria en torno a la Rendición de Cuentas. Es que el proyecto define, entre otras cosas, la creación de una nueva carrera administrativa para los funcionarios.

Da Silva y Coutinho quieren romper monopolio de Ancap

La idea de los blancos fue plasmarlo en la Ley de Urgente Consideración (LUC), pero la necesidad de buscar consensos políticos dentro de la coalición los llevó a dejar a un lado el asunto. Es que Cabildo Abierto y parte del Partido Colorado se opusieron a la iniciativa de abrir la importación de combustibles y de romper, así, con el monopolio de Ancap. La iniciativa buscaba bajar el precio de las naftas en Uruguay y fue defendida en su momento por el dirigente nacionalista Sebastián Da Silva. Ahora, el senador blanco estructura un nuevo proyecto de ley, en acuerdo con el senador colorado Germán Coutinho, que será formalmente presentado el 15 de octubre, día en que Ancap cumple 90 años.

El legislador dijo a El País que la intención es poner en competencia a la empresa estatal y mejorar su funcionamiento, pensando en productos más accesibles para la gente.

“Hay que sincerar Ancap para cumplir a rajatabla la paramétrica (de los precios de los combustibles). La empresa debería dejar de llamarse Ancap para pasar a ser ANC: Asociación Nacional de Combustibles”, comentó el senador blanco.

El dirigente, además, dijo que no estuvo de acuerdo con la estrategia plasmada en la LUC sobre el Precio de Paridad de Importación, y que en ese momento no la votó porque no era senador. “Hay que abrir la importación de combustibles y romper así el monopolio”, insistió Da Silva. Y explicó que el sistema actual sigue generándose sobre los vaivenes del precio del crudo y el dólar, dos variables que Uruguay no puede manejar.