NEPTUNO

La determinación es que aquel anuncio que hizo el presidente Luis Lacalle Pouante la Asamblea General, el 1° de marzo de este año, se concrete en un mes. Es decir, que para antes de que termine octubre, OSE debería tener aprobado en todas sus fases el proyecto de inversión -de unos US$ 288 millones, y la más importante de este tipo en 150 años- para construir una nueva planta potabilizadora de agua que abastecerá la zona metropolitana de Montevideo, y poder llamar entonces a licitación para empezar cuanto antes las obras.

Esto fue parte de lo conversado en la última reunión que se hizo sobre el tema este miércoles a la tarde en la Torre Ejecutiva. Fue, en realidad, un encuentro de tantos que hoy coordina el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado -encargado también de monitorear el avance de la iniciativa-, y a los que asisten regularmente el ministro de Ambiente, Adrián Peña; representantes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Corporación Nacional de Desarrollo; y las autoridades del ente, entre otros actores.

Hasta ahora, pese a que se trata de una de las prioridades del presidente, el proceso de discusión ha sido “como remar en dulce del leche”, graficó una fuente del gobierno a El País.

Había empezado con fuerza a principios de este año, etapa en la que Lacalle encabezaba los encuentros, y luego siguió en reuniones “periódicas” a las que se fueron sumando cada vez más organismos para agilizar el intercambio y la burocracia. Lo que ocurrió fue que en el gobierno empezaron a reparar en que, de seguir en el ritmo que había al comienzo, todo apuntaba a que las obras no culminarían en el actual mandato, sino que serían inauguradas por el próximo presidente -posibilidad que de todos modos sigue abierta.

Porque pese a que la construcción en sí -que se hará en la costa de San José, en la zona de Arazatí- no implicará un lapso demasiado extenso, las obras empezarían recién en agosto de 2023, y desde ese momento hasta el cortado de cinta no se estima que pasen menos de dos años.

Sin embargo, tras el apuro -algo en lo que tuvo que ver el ministro Peña, que hizo ver a Lacalle la necesidad de agilizar el proceso- hay posibilidad de también acelerar la etapa de las fotos con los cascos puestos, obsesión de todo gobernante.

Por lo pronto, el Poder Ejecutivo tiene por delante en este último tramo definir algunos detalles, que no son menores para el proyecto.

Uno de ellos es de qué forma hacer la inversión y el contrato con el privado para que la propuesta que presentó el Consorcio Aguas de Montevideo, que está integrado por las firmas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast, se lleve a la práctica.

Sobre la mesa hubo siempre cinco vías para concretar la inversión, pero se puede decir que las opciones, a grandes rasgos, son dos: si el Estado se hace cargo íntegramente de la inversión, o si esta -con su riesgo- es tomada por un privado, que luego administra y gestiona la planta durante algunos años como contrapartida.

Y aunque aún no está definido, desde un primer momento el gobierno se ha inclinado por la segunda opción, porque resulta alineada con la política económica general del Ejecutivo: evitar contraer deuda que aumente el déficit fiscal -camino que se seguiría si es OSE la que se encarga íntegramente de la obra.

Esta postura, de hecho, es lo que ha generado oposición en la sociedad civil, el Pit-Cnt y en el propio Frente Amplio -que convocó a Peña al Parlamento a dar explicaciones sobre los avances del proyecto-, porque entienden que se corre el riesgo de incurrir en una “privatización” del agua, algo sobre lo que resguarda la Constitución.

En el Ejecutivo, además de naturalmente no compartir las críticas, entienden que es importante no generar “otro Gas Sayago”, en el sentido de eludir el riesgo de invertir en una iniciativa que quede por el camino, con toda la pérdida que eso significa, como ocurrió con la regasificadora que intentó construirse en Puntas de Sayago.

De todos modos, dentro del oficialismo no hay unanimidad, pues el gerente general de OSE, Arturo Castagnigno, ya ha dicho públicamente que para él no es conveniente que un privado administre la nueva planta, cuya urgencia en construir nadie discute: hoy Montevideo y el área metropolitana que la circunda dependen exclusivamente de la planta de Aguas Corrientes para abastecerse de agua potable.

Resuelta esta parte, y aprobado todo el esquema por OSE, vendrá una nueva etapa que tendrá, por un lado, instancias de diálogo con la sociedad civil y todas las organizaciones que estén interesadas en comprender el proyecto (ver aparte), y, por el otro, el estudio de impacto ambiental de la cartera que dirige Peña. Pero no se espera que esto último sea un obstáculo.

El ministro Adrián Peña tomó la decisión de, una vez que se apruebe formalmente por el directorio de OSE la construcción de la nueva planta de potabilización, ampliar la discusión con toda la sociedad y tener intercambios públicos y abiertos con todos los actores que se oponen al avance de esta iniciativa.

La decisión fue adoptada el 8 de setiembre, cuando el secretario de Estado participó de una nueva sesión del Consejo Regional de Recursos Hídricos para la cuenca del Río de la Plata, ámbito en el que se darán los intercambios buscados.

“Para el Ministerio de Ambiente es importante brindar toda la información con la que se cuenta en esta etapa de estudio y definición, para asegurar la transparencia y participación de todos los actores involucrados en el proceso”, informó la propia cartera en un comunicado.

Ante la consulta de El País, Peña admitió que es posible que en algunos de estos encuentros la discusión sea “acalorada” pero que la “voluntad” del gobierno es “convencer” y no generar un “enfrentamiento”. “Yo lo que voy a hacer es explicar, explicar y explicar”, anunció el secretario de Estado, que defiende, una y otra vez, que este es “el proyecto más importante de agua potable en 150 años”.