El anuncio de la multinacional Spotify de que comenzaría a retirarse de Uruguayes algo que el gobierno y el sistema político conoce hace meses, ya que sus protestas por dos artículos de la Rendición de Cuentas se venían sintiendo desde que la iniciativa era discutida en el Parlamento. De hecho, la compañía dio su primera señal a mediados de agosto, en una carta enviada al Ministerio de Educación y Cultura.

Fue algo que había empezado como una advertencia, pero que a medida que la firma fue viendo que las modificaciones a los derechos de autor se mantendrían firmes en el texto -pese a sus gestiones varias con los legisladores e idas y vueltas en la redacción del proyecto-, el mensaje comenzó a subir de tono hasta finalmente convertirse en un anuncio concreto, tal como lo dejaron de manifiesto en el correo que enviaron a todos los usuarios y artistas de Uruguay el pasado 1º de diciembre.

“Nos comunicamos contigo para compartir noticias importantes sobre el servicio de Spotify en Uruguay. Lamentablemente, Spotify comenzará a retirar gradualmente su servicio en Uruguay a partir del 1º de enero de 2024, y cesará completamente el servicio en febrero”, fue el mail de la compañía (ver recuadro).

Enviar esos artículos en la Rendición, y haber dado señales claras de que se mantengan durante el debate parlamentario, no fue un capricho del presidente Luis Lacalle Pou. Fuentes de Presidencia indicaron a El País que el jefe de Estado buscó de esa manera dar respuesta a un reclamo de los intérpretes que al tomar contacto con su situación entendió como justos, ya que los músicos no cobraban lo que merecían.

Lo que no previó el presidente fueron “las consecuencias” con la firma, señalaron los informantes. Es decir, en el gobierno, en un principio, no habían tomado verdaderamente en serio el anuncio de la salida de la empresa; entendían que era una simple presión durante el debate en el Parlamento, y no que se terminaría convirtiendo en un “leading case”, como finalmente sucedió. O sea, no imaginaron a tiempo que el caso uruguayo tenía todo el potencial de convertirse en un antecedente al menos regional para que la misma modificación legislativa en la distribución de la ganancia generada por la música -que obliga a Spotify actualmente a realizar dos pagos por el mismo producto- se extendiera a otros países en los que estos cambios produciría una mella significativa en sus ganancias.

Este escenario terminó revelándose al gobierno cuando la ley ya estaba aprobada. Por eso en el entorno del presidente entienden que se trató de un “error” político sin mayor misterio, cuyo costo recayó en los hombres del propio mandatario. Quienes lo acompañan lamentan que nadie más que él y su equipo han puesto “la cara” desde que estalló este imprevisto, en referencia a quienes inicialmente -los intérpretes- le trasladaron el problema con Spotify.

Consultado en rueda de prensa el mismo día en que la empresa avisó que iniciaba el proceso de salida del país, Lacalle Pou comentó que se saldría “adelante” de este escollo.

“Entendemos que es una plataforma importantísima para todos; hay que cuidar a los interpretes y también a los autores, así que estamos en conversaciones”, señaló el presidente en esa oportunidad.

Soluciones. Desde hace semanas, entonces, el gobierno -en apoyo de algunos legisladores blancos, como el senador Jorge Gandini- busca solucionar la situación para que Spotify no cierre su servicio en Uruguay.

El trabajo lo está centralizando el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, como informó El País días atrás. El jerarca es quien encabeza, en nombre del Poder Ejecutivo, reuniones con los representantes de primera línea de Spotify, y hasta el momento las conversaciones fueron bien vistas por la compañía de origen sueco, que entiende que hay disposición del gobierno a encontrar una solución.

El centro del problema lo constituyen los artículos 329 y 330 de la Rendición. Allí se establece, en resumen, que toda música que se reproduzca en internet, redes sociales y plataformas genera a los intérpretes un derecho de retribución. Y que “los acuerdos que celebren autores, compositores, artistas intérpretes o ejecutantes, directores y guionistas respecto de su facultad de comunicación pública y de puesta a disposición al público de fonogramas y grabaciones audiovisuales generan, en todos los casos, el derecho a una justa y equitativa remuneración por su explotación”.

En principio, Delgado está trabajando sobre la base de cambiar estas nuevas condiciones en el decreto reglamentario, y con ese fin el departamento jurídico de Presidencia se encuentra analizando ese futuro texto.

Pero el gobierno tampoco descarta directamente derogar los artículos, en línea con lo planteado en el Parlamento por el senador colorado Raúl Batlle, quien apuntó en la cámara alta que él había hecho “campaña” en contra de estas modificaciones dentro de la coalición de gobierno pero que no había sido “escuchado”. Ahora, sin embargo, el Ejecutivo ve con buenos ojos su propuesta. “No descartamos nada”, sintetizaron las fuentes del gobierno, que remarcaron: “Lo vamos a solucionar”.

Hay “optimismo” en la Torre Ejecutiva sobre un pronto desenredo de este problema -que ha protagonizado por varios momentos la agenda pública de los últimos días-, dándole ahora la derecha a la multinacional.