Redacción El País
A meses de que presente su renuncia como ministro de Trabajo y Seguridad Social para dedicarse a la campaña electoral, Pablo Mieres encabezó una conferencia de prensa, donde -junto a las máximas autoridades de la cartera- repasó los principales “hitos” de 2023, un año que definió como “particularmente intenso”. Después de haber abierto a mediados de año la décima ronda de los Consejos de Salarios, 97% de las mesas ya llegaron a un acuerdo, anunció el director nacional de Trabajo, Federico Daverede.

Mieres aseguró que 90% de los trabajadores que pactan su salario mediante la negociación colectiva van a haber recuperado su poder adquisitivo al término de este año o lo recuperarán el próximo.

El 10% corresponde a los sectores que se vieron más afectados por la pandemia y, según el ministro, “no quiere decir que no vayan a recuperarlo, pero va a demorar un poco más” que en los demás rubros.

Incluso, se mostró confiado en que en ciertos sectores se pueda superar el compromiso de recuperar el salario real previo a la pandemia. “En algunos casos, en un número bastante importante, van a tener ya no recuperación del poder adquisitivo, sino crecimiento por encima del momento en que estalló la pandemia”, dijo ante los periodistas.

“En materia de empleo terminamos el año con un panorama de recuperación sostenida”, dijo Mieres en conferencia de prensa. Aseguró que hoy hay 39.500 personas en el seguro de paro, “el número más bajo medido por mes desde marzo de 2015”.

También la tasa de desempleo es menor, ya que, en promedio, en 2023, se ubicó en 8,2%, mientras que en 2019 fue de 8,9%. “Ni hablar con respecto a febrero del 2020, que era de 10,5%”, aseveró.

Con respecto a la tasa de informalidad, reconoció que “este año ha tenido un incremento de dos puntos” porcentuales, aunque “sigue estando por debajo del promedio previo a la pandemia”. “Era del 25% y en este momento se ubica en 22%”, expresó.

Asimismo, el ministro adelantó algunos proyectos que la cartera impulsará en 2024. Por un lado está el ya aprobado plan nacional de inspecciones, “que permite diseñar una tarea de inspección por los próximos dos años, con criterios dialogados por las partes y acordados con la Organización Internacional del Trabajo”.

Mieres aseguró que se busca “dar otra señal de modernización” de la tarea inspectiva aunque, consultadas por la prensa, las autoridades dijeron que no se incorporarán más inspectores.

A su vez, desde febrero quedará instalada una mesa de trabajo en materia de productividad, integrada por tres representantes del gobierno, tres delegados del sector empresarial y tres del ámbito sindical.

“Desde nuestro punto de vista tiene un valor estratégico clave, porque la manera que tenemos para seguir avanzando en materia de empleo y salario es que efectivamente logremos mejoras en materia de productividad con participación de trabajadores, empleadores y el propio gobierno”, destacó el ministro.

Si bien este trabajo podría ser un insumo para discutir la reducción de la jornada laboral, como proponen el PIT-CNT y legisladores del Frente Amplio, Daverede señaló que no es el cometido central. “Lo principal es que (...) en las mesas de negociación el tema productividad esté en el centro de la mesa. Por lo general se tienen en cuenta la inflación y la productividad. Con una inflación baja, para lograr el crecimiento del salario, lo mejor es relacionarlo con la productividad”, explicó el director nacional de Trabajo.

Mieres destacó las leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo, que atañen a la cartera. La primera que mencionó fue la reforma de la seguridad social, que después de idas y vueltas se aprobó con los votos de todos los partidos de la coalición de gobierno, y ahora está en jaque ante el plebiscito que pretende impulsar el PIT-CNT, junto a otras agrupaciones políticas y sociales.

Para Mieres, la nueva ley es “un instrumento que sin duda alguna en el futuro se va a medir como un hecho histórico”. “El Uruguay resuelve uno de los grandes problemas que tiene por delante, que tiene que ver con la sostenibilidad de su sistema previsional, y lo hace con criterios de equidad y amplia participación”, afirmó.

A su vez, “se logró la aprobación de una ley que da viabilidad a la Caja Bancaria”, que tenía “dificultades”, y se votó la ley de personería jurídica para organizaciones de trabajadores y empleadores. Al día de hoy, “alrededor de un centenar” de sindicatos ha hecho el trámite, al margen de que algunos ya habían hecho el proceso ante el Ministerio de Educación y Cultura.

Mieres recordó que también se aprobó la reforma de la Ley de Negociación Colectiva, que -aseguró- permitió que se levantaran las “principales observaciones” que había hecho la Organización Internacional del Trabajo.

Consultado sobre la Caja de Profesionales, que atraviesa una situación crítica, el ministro aseguró que “el gobierno monitorea el tema y que hay que mandar señales con claridad de que no va a haber una situación de inviabilidad”.

“Probablemente” se remitan al Parlamento medidas que darán a dicha caja “posibilidades de mejora en término de ingresos”, sostuvo el ministro de Trabajo y candidato por el PI.

El desempleo juvenil sigue siendo uno de los mayores desafíos en el mercado laboral uruguayo. “Tenemos plena consciencia de que sigue habiendo inequidades en el acceso al empleo. Esta situación de mejora significativa (en otros tramos etarios) no obsta que siga habiendo asignaturas pendientes. La que más nos duele, pero es de hace décadas, es la del desempleo juvenil”, reconoció Mieres ayer en la conferencia de prensa.

De acuerdo a las cifras oficiales, la tasa de desempleo entre quienes dan sus primeros pasos laborales triplica a la de aquellos que desde hace años están insertos en el mercado del trabajo.

Daniel Pérez, el director nacional de Empleo, precisó que la tasa de desempleo para menores de 25 años “sigue siendo muy alta”, aunque aseguró que bajó de 31% a 26% entre 2019 y 2023.

En este sentido, destacó la iniciativa del gobierno -incluida en la pasada Rendición de Cuentas- para incorporar al sector privado al programa “Yo Estudio y Trabajo”, orientado a jóvenes de entre 16 y 20 años que estén cursando sus estudios y tengan voluntad de trabajar a la vez, pero no cuenten con experiencia.

A las empresas interesadas en formar parte del programa, se les da un incentivo “muy importante” para experiencias de 20 horas semanales, que durarán entre seis y 12 meses. Por cada empleado, el Estado hará un aporte estatal no reembolsable de hasta $ 15.000 mensuales. Una vez culminada la pasantía, si las empresas los mantienen en sus puestos, quedarán exoneradas de hacer los aportes patronales jubilatorios hasta que los jóvenes cumplan 25 años.

“Creemos que es un incentivo bastante fuerte, justamente en esto de poder darle una oportunidad a quienes no tienen experiencia laboral, y para juntar estos dos mundos -que siempre es complicado en nuestro país- del estudio y el trabajo. Tienen que mantenerse estudiando durante toda la duración del programa”, remarcó Pérez.